Hace cinco años, Chile era ideal para realizar actividades criminales y pasar desapercibido. Pese a tener los mejores índices en desarrollo económico, institucionalidad y seguridad de la región, Chile no contaba con medidas para enfrentar el crimen organizado transnacional. Esto permitió a integrantes del Tren de Aragua, una mega banda criminal venezolana, inmiscuirse en el país austral mediante el tráfico de personas y lavado de activos.
Raúl Arancibia, fiscal de Tarapacá –al norte de Chile–, confesó que las autoridades locales tuvieron que buscar en Google para aprender sobre el Tren de Aragua en diciembre de 2020. En esa fecha, dos mujeres peruanas trataron de ingresar droga al país presuntamente por presión de esta banda criminal. “Nos dieron a conocer lo que estaba pasando,” dijo Arancibia.
Las protestas que paralizaron Chile en 2019, dos esfuerzos fallidos por reformar la Constitución, y el incremento pronunciado de la inmigración crearon un ambiente propicio para el crimen organizado. Las oportunidades económicas se redujeron, las instituciones políticas se deterioraron, y fue allí cuando las redes criminales se infiltraron con más fuerza.
Esto llevó a un rápido aumento en las actividades criminales. La tasa de homicidios pasó de 4,5 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 6,3 en 2023. Entre el 1 de julio y el 15 de julio de 2024, Chile registró 43 asesinatos, una cifra inimaginable hace unos años.
Para contrarrestar la expansión del crimen organizado, Chile necesita recuperar la confianza en sus instituciones democráticas, revisar su política migratoria, impulsar la inversión privada y la creación de empleo, y liderar esfuerzos internacionales para combatir el crimen organizado.
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Restaurar la reputación de Chile como una democracia liberal estable.
En el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, Chile ha caído del puesto 25 en 2019 al 33 en 2023. Las áreas donde Chile tiene un peor puntaje son la aplicación de la ley (0,63 sobre 1), la justicia civil (0,62) y la justicia penal (0,55). Esta última evalúa el “mecanismo para reparar agravios y emprender acciones contra individuos por delitos contra la sociedad”.
Catalina Uribe y Catalina Perdomo, oficiales de programa en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, sostienen: “las instituciones democráticas frágiles, la baja capacidad estatal y los mecanismos de aplicación frágiles aumentan el riesgo de presencia del crimen organizado”. La lucha contra el crimen organizado requiere independencia judicial e igualdad ante la ley.
Chile debe centrarse en mejorar la gobernabilidad, reducir los conflictos políticos y reforzar la democracia liberal, enfatizando la separación de poderes, los derechos políticos y las libertades civiles. Esto restauraría la confianza en las instituciones y las autoridades, incluidos la policía, los jueces y los fiscales, actores cruciales en el sistema de justicia penal.
Según el informe “Confianza Institucional en Chile,” publicado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en diciembre de 2023, la confianza en las instituciones políticas ha disminuido en los últimos cinco años. La policía y las fuerzas armadas mantienen una aprobación relativamente amplia, con un 52% y un 48% de la población, respectivamente, expresando confianza en ellas a julio de 2024. Esto es prometedor para la aplicación de medidas combativas contra los grupos criminales.
Sin embargo, solo el 18% confía en el gobierno, y apenas el 8% confía en el Congreso, lo que podría obstaculizar la implementación de acciones integrales y más amplias para prevenir nuevas operaciones criminales. El CEP señala: “La confianza en nuestras instituciones es un desafío que debe ser abordado por todos los sectores chilenos, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra democracia y al crecimiento económico.”
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Agilizar la legislación migratoria para prevenir el tráfico de personas.
En diciembre de 2020, el Congreso chileno aprobó la Ley de Migración y Extranjería, reemplazando un decreto presidencial emitido por el ex dictador Augusto Pinochet. El objetivo era mejorar los controles migratorios, especialmente para frenar el rápido aumento de los migrantes venezolanos y haitianos.
En esa fecha, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile estimó la presencia de 455.494 venezolanos y 185.865 haitianos en el país. Asimismo, entre 2017 y 2021, la población migrante en Chile se duplicó. Alrededor de 1,5 millones de migrantes viven en Chile, con un estimado de 150.000 que ingresaron sin autorización legal o excedieron su período permitido.
Sin embargo, la legislación no entregó los resultados esperados. La crisis migratoria se profundizó hasta el punto de que Chile militarizó su frontera norte en febrero de 2023. La incertidumbre y el aumento de la burocracia relacionada con la migración han dejado a los migrantes más vulnerables y desprotegidos. Esto los convierte en blancos fáciles para los grupos criminales, en particular el Tren de Aragua, en sus operaciones de coyoterismo.
A mediados de 2023, el presidente chileno Gabriel Boric emitió una política migratoria centrada en la amnistía. Para Luis Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, esta política carece de un mecanismo efectivo para formalizar el estatus migratorio.
Además, una amnistía general no resolvería la informalidad ni deportaría a los elementos criminales. Procedimientos más claros para la regularización migratoria y fundamentos para una deportación ágil hacia los países de origen, junto con mayor inversión y emprendimiento, son esenciales para crear oportunidades económicas beneficiosas para todos.
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Volver a los mercados libres y fomentar la inversión.
En 2013, Chile alcanzó su puntuación más alta en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, con 79 puntos sobre 100. Para 2024, su puntuación cayó a 71,4. Sus categorías más bajas son la libertad de inversión (60) y la salud fiscal (66).
Históricamente, Chile ha sido un destino atractivo para los migrantes debido a su economía fuerte. Sin embargo, las reformas de la presidente socialista Michelle Bachelet, los disturbios violentos de 2019 y la desaceleración económica mundial de 2020 detuvieron la proliferación de oportunidades económicas en Chile. Chile todavía mantiene una reputación relativamente sólida entre los inversores y las empresas; recuperar su certeza legal y emitir incentivos legales podrían generar rápidamente empleos e iniciativas del sector privado para abordar esta problemática.
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Liderar la cooperación internacional.
La violencia que afecta actualmente a Chile demuestra que los grupos criminales están tratando de quebrantar la voluntad de las autoridades. Mientras el Tren de Aragua y otros grupos criminales aún no hayan cooptado significativamente al gobierno o el poder judicial, Chile tiene una ventaja en la lucha contra el crimen organizado, y podría convertirse en quien lidere este esfuerzo en la región.
Un esfuerzo exitoso requiere coordinación regional. Como afirma Walter Kemp de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, “Los criminales se han organizado globalmente, mientras que la policía sigue centrada en las jurisdicciones nacionales o en la cooperación bilateral”.
Un enfoque estratégico regional para combatir el crimen organizado transnacional permitiría a las naciones latinoamericanas compartir datos de inteligencia e implementar políticas sincronizadas en temas relacionados, como la migración y la seguridad. Al trabajar juntos y optimizar sus operaciones, los países latinoamericanos podrían limitar las oportunidades de los criminales para lucrar con actividades ilícitas.
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