La victoria electoral de Donald Trump ha causado una ola mediática de especulación con respecto a las implicaciones negativas de las relaciones estadounidenses con América Latina (Véase WOLA, America’s Quarterly, y APNews.) Centroamérica, en particular, merece especial atención por su rol en el tráfico ilegal de migrantes, mujeres, menores y narcóticos a Estados Unidos. Además, el istmo es geográficamente relevante para los intereses estratégicos: bloquear el avance de China hacia las costas estadounidenses.
El país más importante para Estados Unidos en el istmo es Guatemala, el país más grande en el mundo que reconoce a Taiwán e Israel, un fuerte aliado. Esto se ha mantenido pese a los cambios de gobiernos en Guatemala a lo largo del tiempo.
Sería fácil sobreestimar las potenciales diferencias que puedan ocurrir entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala bajo un segundo mandato de Trump. Después de todo, la actual administración de Guatemala, liderada por el presidente Bernardo Arevalo, ha sido fuertemente apoyada por la administración de Joe Biden.
No obstante, las tradicionales relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Guatemala no han cambiado mucho. El comercio entre ambas naciones sigue creciendo. Siempre lo ha hecho, independientemente de las tendencias de gobierno en los dos países.
Algo importante es que el gobierno de Arévalo ha mantenido las relaciones diplomáticas con Taiwán e Israel, dos activos cruciales para el próximo gobierno de Trump. Entre los asuntos de mayor importancia para la política exterior estadounidense en la región, Guatemala se mantiene como el principal aliado local de EE. UU. Esto no cambiará bajo el mandato de Trump.
El mayor desafío del gobierno guatemalteco bajo una segunda administración de Trump de seguro será la migración ilegal. Bajo el anterior gobierno guatemalteco, Trump negoció el acuerdo Safe Third Country, incluyendo a los demás países del Triangulo Norte—Honduras y El Salvador. El acuerdo requería a los migrantes que argumentaran huir de sus países por su seguridad a permanecer en el primer territorio extranjero seguro al que lleguen.
Este acuerdo fue exitoso al mitigar el ingreso de personas que solicitaban asilo sin fundamentos. Fue ampliamente criticado en medios (véase Foreign Policy, Washington Post, Vox) y, en el primer mes completo de gestión, este fue inmediatamente derogado por la administración Biden-Harris.
Este gobierno también derogó varias órdenes ejecutivas emitidas bajo el gobierno de Trump para controlar la migración ilegal a lo largo de la frontera sur, lo que ocasionó que los encuentros fronterizos se disparen. Los encuentros fronterizos mensuales reportados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pasó de 73.994 en diciembre de 2020 a 179.253 en diciembre de 2021. Las cifras incrementaron nuevamente a 252.315 y 301.982 en los siguientes dos años, un aumento del 308% entre 2020 y 2023. Bajo la administración de Biden-Harris, más de diez millones de encuentros fronterizos fueron reportados hasta septiembre de 2024, y alrededor del 80% de ellos ocurrieron en la frontera sur.
El problema de inmigracion ilegal en EE. UU. ha estallado hasta tal punto que el Triángulo Norte ya no constituye el territorio de origen más grande de tránsito migratorio. Ahora, el mayor conteo de encuentros de migrantes ilegales recae en la categoría “otros países”. En 2012, Guatemala presentó 16,3% del total de encuentros en la frontera sur de EE. UU.; esta cifra era 8,9% menor en 2023. Mientras tanto, la categoría “otros países” incrementó de 21,8% del total de encuentros en 2021 a 51% en 2023.
Trump reanudará sus órdenes ejecutivas aplicables a la frontera ni bien asuma la Presidencia e inmediatamente implementará un plan de deportación. La nominación del ex director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Tom Homan como su encargado de política migratoria es una clara señal de que Trump va en serio con terminar con los problemas de la migración ilegal y el tráfico de narcóticos, mujeres y menores.
Trump hizo de las deportaciones a gran escala una de las piezas fundamentales de su campaña, y los votantes estadounidenses le han dado su confianza para que cumpla su promesa. La migración ilegal fue uno de los asuntos principales en la última elección. De acuerdo con Pew Research, la propuesta de llevar a cabo “deportaciones masivas de inmigrantes que residan en el país ilegalmente” obtuvo 56% de apoyo entre los votantes registrados. Otro estudio de Pew identificó que la mayoría de estadounidenses creen que el “aumento de deportaciones” de ilegales mejoraría el sistema de inmigracion y reduciría los ingresos irregulares al sur de la frontera.
La respuesta guatemalteca sobre las deportaciones necesita considerar las tres “r”: remesas, reintegración y rehabilitación. Aunque se podría asumir que más deportaciones se traduciría en menos remesas, estas seguirán llegando a Guatemala, donde equivalen al 20% del PIB. Considere el fenómeno conocido como “factor Trump”: durante el primer periodo de Trump, las remesas hacia Guatemala incrementaron significativamente, llevando a muchos a pensar que el temor de deportación lleva a los migrantes a enviar más remesas.
De acuerdo con datos del Banco Central de Guatemala, durante los ocho años de mandato de Barack Obama, las remesas sumaron $41,3 mil millones. En solo cuatro años con Trump, las remesas llegaron a $39,3 mil millones. El total bajo Trump representó 229% más que en el primer mandato de Obama y 163% que en el segundo. Bajo Biden, las remesas desde enero de 2021 a octubre de 2024 han sumado cerca de $71 mil millones, un aumento del 80% sobre los cuatro años de Trump.
Los programas de reintegración serán cruciales para la mayoría de los deportados, a fin de apoyarlos con empleos y disuadirlos de que vuelvan a emigrar ilegalmente. La migración ya está causando escasez de mano de obra en algunos sectores económicos de Guatemala.
Los programas de rehabilitación también serán necesarios para los deportados con expedientes criminales abiertos en casos distintos a la legislación migratoria. Si estos deportados tienen casos pendientes con el sistema de Justicia guatemalteco, deben ser investigados. Sin embargo, si no es así, y si los delitos cometidos en EE. UU. no fueron violentos, deben ser considerados como candidatos para programas de rehabilitación con el objetivo de integrarlos al mercado de trabajo formal de Guatemala.
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