El 13 de mayo, el presidente Donald Trump elogió a los países del Golfo durante su visita a Arabia Saudita por exportar tecnología y no terrorismo, y por construir en vez de bombardear: “Esta gran transformación no ha venido de intervencionistas occidentales… dándoles conferencias sobre cómo vivir o cómo gobernar sus propios asuntos”.
En general, este enfoque no intervencionista es correcto. Sin embargo, para restaurar el liderazgo de EE.UU., Trump debe revertir las intervenciones impuestas por el régimen antiestadounidense de Joe Biden y el Departamento de Estado (DOS).
América Latina está llena de ejemplos: Brasil, Chile, Colombia, Perú, y otros. Guatemala podría ser el caso más descarado. La inacción del gobierno de Trump allí continúa de facto la política de Biden de imponer socialistas criminales en Guatemala.
La mayoría de la heroína, cocaína e inmigrantes ilegales que entran a EE.UU. pasan por Guatemala. México tiene estrictos controles sobre el acceso aéreo y marítimo a su territorio, pero su frontera de 595 millas con Guatemala es porosa. Biden, Hillary Clinton y Barack Obama han ayudado a sus aliados izquierdistas a dominar el estado guatemalteco, y esta intromisión ha facilitado los flujos ilegales.
Los guatemaltecos recibirían con agrado una política estadounidense que apoye la aplicación adecuada de la ley. DOGE reveló la subversión de USAID, incluyendo la imposición de una ideología de género perversa, rechazada por la gran mayoría de los guatemaltecos. USAID financió violencia como parte de la agenda del DOS para imponer a Bernardo Arévalo como presidente en 2023.
Fiscales y jueces impuestos por el DOS han protegido la agenda destructiva de los sucesores de los insurgentes respaldados por Fidel Castro. Su agenda incluye impedir el funcionamiento de hidroeléctricas y minas, e invadir propiedad privada. La violencia y el desempleo resultante fomentan la emigración.
La propaganda alineada con la Unión Soviética atribuyó falsamente la incapacidad militar de los insurgentes para derrocar al gobierno a tácticas de tierra arrasada y masacres. Esta narrativa falsa intentó ocultar lo que los comunistas aprendieron en batalla: que la cultura de la población indígena guatemalteca rechaza el colectivismo, la expropiación y la redistribución de riqueza. Estos individuos prosperarían con un gobierno descentralizado y limitado.
Al fracasar militarmente, los insurgentes abandonaron la violencia en 1996 para optar por la subversión interna. El DOS apoyó esta nueva estrategia bajo los presidentes Bill Clinton y George W. Bush, pero con Obama se sacaron la lotería. Su equipo asumió el liderazgo del esfuerzo para subyugar a Guatemala a la globalización.
Hillary Clinton tomó el control del Ministerio Público de Guatemala en 2010. Biden y el embajador de EE.UU., Todd Robinson, en efecto un procónsul, sumaron el control del poder judicial en 2016. El presidente guatemalteco tenía recursos legales, pero los evitó para no confrontar al DOS.
El sucesor de Robinson en 2017 continuó la agenda imperialista de sus colegas del DOS, pero dejó que Alejandro Giammattei llegara a la presidencia. Cuando terminó el período de la Corte de Constitucionalidad controlada por Biden y Robinson en 2021, Giammattei nombró magistrados fuera del control del DOS. Esto permitió a la fiscal general Consuelo Porras despedir a los fiscales corruptos del DOS y procesarlos a ellos y a los jueces corruptos.
El DOS calificó a Porras de corrupta sin aportar pruebas por haber aplicado adecuadamente la ley. Intervino descaradamente en el proceso de designación del fiscal general en 2022 para impedir su reelección. Esto generó numerosas preguntas del Congreso de EE.UU. que habrían expuesto los crímenes del DOS, de haber seguido el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara (HFAC) las evidencias.
El DOS estaba desesperado por ocultar los crímenes de su personal y sus agentes y continuar su conquista de Guatemala. Para ello, y como parte de la agenda de Biden de inundar nuestro país con inmigrantes ilegales y drogas, el DOS se involucró en el fraude electoral de 2023 que impuso al comunista Arévalo. El sitio web de su partido denunció las “odiosas desigualdades generadas por el capitalismo descontrolado”.
El régimen de Biden y el DOS vilipendiaron a Porras por investigar más de 1.000 denuncias de fraude electoral y descubrir pruebas que requieren la destitución de Arévalo. Funcionarios estadounidenses intimidaron a la sociedad guatemalteca, especialmente a la función judicial, mediante técnicas de guerra informativa para lograr la investidura ilegal de Arévalo y mantenerlo en el poder.
El exsecretario de Estado Antony Blinken y su asistente Brian Nichols, en audiencias separadas del HFAC, admitieron que el DOS extorsionó a congresistas guatemaltecos para aprobar una ley destinada a destituir a Porras. El actual embajador Tobin Bradley y su segundo, Patrick Ventrell, han amenazado a funcionarios y empresarios guatemaltecos con cancelarles las visas y aplicarles consecuencias económicas. El objetivo ha sido lograr que apoyen a Arévalo y se opongan a Porras. Bradley y Ventrell siguen en sus puestos ejecutando la política de Biden cuatro meses después del inicio del gobierno de Trump.
A pesar de los crímenes del DOS en su contra, Porras ha sido fiel a su juramento y coopera con agencias estadounidenses respecto a extradiciones. El secretario de Estado Marco Rubio ha dicho que las extradiciones de criminales transnacionales son esenciales para la seguridad nacional de EE.UU.
Recientemente, la embajada de EE.UU. se jactó de extradiciones a EE.UU. atribuidas a “elementos” del Ministerio de Porras. Omitieron que solo Porras pudo haber solicitado dichas extradiciones y que la fiscal general de Guatemala no está bajo autoridad presidencial. Bradley y Ventrell quieren mantener a Trump en la ignorancia sobre la importancia de Porras como aliada de EE.UU. Ella es clave para exponer la traición del DOS al público estadounidense.
La filosofía de Trump expresada en Arabia Saudita sugiere su preferencia por dejar que los guatemaltecos resuelvan el problema de Arévalo por su cuenta. Esto no será suficiente. Biden y el DOS, no los guatemaltecos, crearon el problema. Trump debe remover de inmediato a Bradley y Ventrell, trabajar con Porras y mostrar a los guatemaltecos que apoya el estado de derecho. Los guatemaltecos han demostrado que, una vez extraídos los actores extranjeros nocivos, tienen el potencial de gobernar exitosamente sus propios asuntos y ser aliados de EE.UU.
