El 28 de agosto de 2026, el presidente Donald Trump anunció un acuerdo bilateral con Venezuela, tras haber negociado con los herederos de la dictadura. La firma privada North American Blue Energy Partners (NABEP), cuyo dueño acumuló una fortuna durante la era chavista, controlará alrededor del 20% de las reservas totales de petróleo de Venezuela.
Según la Casa Blanca, el acuerdo permitirá reconstruir la devastada industria petrolera y la economía en general, asegurando así el camino hacia la transición democrática. El argumento resulta atractivo, dado que Venezuela necesita capital, tecnología y conocimiento para reactivar una economía destruida durante décadas, aún más deteriorada por los terremotos de junio.
Sin embargo, el diablo está en los detalles. El acuerdo fue negociado en secreto con el régimen dictatorial, sin participación alguna de miembros legítimos de la oposición ni el Senado estadounidense. Esta carencia de transparencia y legitimidad pone en seria duda tanto su viabilidad jurídica como sus potenciales beneficios para la sociedad venezolana.
1. El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela se sostiene sobre arenas movedizas.
El megaproyecto energético, que Trump calificó como “el mayor de la historia mundial”, abarca 17 campos petroleros o aproximadamente 65.000 millones de barriles. Según los términos reportados, la Oficina de Capital Estratégico (OSC) del Pentágono tendrá un 35% de participación, poder de veto y acceso preferente al crudo venezolano por hasta 100 años.
El régimen, sin embargo, afirma que la licencia será tan solo de 25 años. Esta discrepancia es una muestra de la incertidumbre jurídica que rodea al supuesto acuerdo.
Además, la compañía con sede en Barbados está encabezada por Alejandro Betancourt, a quien el ex presidente venezolano Hugo Chávez otorgó contratos eléctricos multimillonarios a discreción. Investigaciones periodísticas como las del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) han señalado esas obras como factores clave que contribuyeron a la crisis energética que padece el país hasta estos días. Betancourt, además, ha sido investigado por blanqueo de capitales en Suiza, España y Estados Unidos.
Invertir en el sector petrolero venezolano es una apuesta arriesgada y con perspectivas de rentabilidad limitadas. Por un lado, la industria petrolera requiere miles de millones de dólares en inversión para recuperar la capacidad operativa de sus instalaciones. Según Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina del Baker Institute de la Universidad Rice, reconstruir la infraestructura de explotación petrolera hasta alcanzar los niveles máximos de la década de 1970 requeriría que las empresas invirtieran alrededor de $10.000 millones al año durante la próxima década.
Por otro lado, el crudo extrapesado que produce Venezuela es más costoso y técnicamente más exigente de refinar. Muchas refinerías estadounidenses en Texas y Luisiana están diseñadas para procesar el tipo de crudo pesado que produce Venezuela. Sin embargo, hasta ahora, solo Chevron ha mostrado interés en el proyecto. “Para que las compañías petroleras realmente se tomen en serio la inversión en Venezuela tendría que haber un nuevo Congreso o Asamblea Nacional”, afirmó Lino Carrillo, exgerente de la petrolera estatal PDVSA, a Bloomberg.
Además, Monaldi sostiene que las últimas siete décadas de la industria petrolera venezolana han estado marcadas por contratos incumplidos y nacionalismo de los recursos, y que ningún acuerdo ha llegado a su madurez sin un deterioro significativo de sus términos. Por ello, un acuerdo de un siglo requiere, como mínimo, un marco jurídico sólido. Asimismo, dada la supuesta transición, cualquier gobierno futuro podría impugnar el acuerdo, considerando que ningún miembro legítimo de la oposición estuvo presente durante las negociaciones.
2. Los intereses de Washington no pueden sustituir a los intereses venezolanos.
Tras la quirúrgica operación militar que derrocó al dictador Nicolás Maduro en enero de 2026, la Administración Trump asumió el control de los ingresos petroleros venezolanos, con el objetivo manifiesto de presionar una transición democrática. Sin embargo, la Casa Blanca afirmó posteriormente que Venezuela todavía no está preparada para volver a las urnas, mientras elogia a Delcy Rodríguez como una líder muy respetada que está haciendo un fantástico trabajo.
Ante un escenario cada vez más complicado para Washington por el empantanamiento de la guerra en Irán y el consecuente incremento del precio de los combustibles, su estrategia con Venezuela parece haber cambiado de rumbo. La producción petrolera venezolana podría convertirse en un logro político significativo en periodo de campaña.
Según los datos de YouGov publicados por The Economist, el índice de aprobación de Trump se encuentra en mínimos históricos. Al 22 de septiembre, el 61% de los estadounidenses desaprueba su gestión, mientras que el 35% la aprueba. Ravi Agrawal, editor en jefe de Foreign Policy, asegura que Trump ha tocado techo y ha comenzado su descenso. Esta tendencia apunta a crecientes desafíos políticos para los republicanos, lo que podría resultar en una derrota en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
3. Venezuela necesita reformas institucionales de fondo, no solo inversión petrolera.
Estados Unidos tiene intereses legítimos: seguridad energética, reducción de la influencia de Rusia y China y recuperación de una industria estratégica en el hemisferio occidental. Trump ha afirmado que el control estadounidense de las reservas venezolanas servirá para bajar los precios del combustible y aliviar el bolsillo de los estadounidenses a vísperas de las elecciones de medio mandato. Sin embargo, los intereses políticos de corto plazo no deberían poner en riesgo el futuro democrático de Venezuela.
Si Washington realmente quiere una Venezuela estable y próspera, debería entender que la mejor garantía para sus propios intereses no consiste en bañar de legitimidad al régimen criminal y atornillarlo en el poder. El mejor camino es que se realice una transición que permita que un gobierno democrático pueda otorgar legalidad, transparencia y seguridad jurídica a cualquier acuerdo petrolero.
El capitalismo necesita propiedad privada y capital extranjero, pero también contratos transparentes, competencia, tribunales independientes y reglas previsibles. Si atraer inversión, implica sustituir las instituciones venezolanas por la protección política y corporativa de Washington, lo que se está construyendo no es un mercado libre y competitivo, sino una zona económica imperial bajo tutela geopolítica.
