Parte I: La falsedad en cinco palabras
“La Universidad de Georgetown es una de las instituciones académicas y de investigación líderes del mundo”. Así es como se describe la universidad a si misma.
Pero la utilización del prestigio de Georgetown para elevar a la exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, al estatus de estrella, levanta dudas sobre la dirección que ha tomado la universidad.
En su ceremonia más reciente de graduación, el 17 de mayo, Georgetown otorgó un doctorado honoris causa en Derecho a Paz y Paz. El año pasado, luego de su fracaso para obtener un segundo mandato, Paz y Paz fue bienvenida como profesora visitante extranjera, junto con una designación conjunta para el Centro de Derecho y el Instituto para las Mujeres, Paz y Seguridad de la universidad.
Las notas del programa del acto de graduación indicaban que Paz y Paz “fue la primera mujer en ocupar el puesto de fiscal General en Guatemala. Asumió este rol en 2010 y participó en casos contra el crimen organizado y contra responsables de abusos de los derechos humanos. Especialista en Derecho Penal, académica, jueza y litigante, ha trabajado por más de 18 años para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”.
El programa añadía: “en 2012, Forbes la nombró como una de las ‘cinco mujeres más poderosas cambiando el mundo’. Recibió el Premio Judith Lee Stronach por los Derechos Humanos en 2013″.
Cualquiera que quiera ver en la perspectiva adecuada a Georgetown y a Paz y Paz, hará bien en comenzar por estos dos puntos: la distinción en Forbes y el premio de derechos humanos.
El Instituto para las Mujeres, Paz y Seguridad fue lanzado en diciembre de 2011 con Hillary Clinton como su directora fundadora honoraria. La mención en Forbes fue arreglada por la embajadora Melanne Verveer, quien trabajó con Clinton como enviada estadounidense para los asuntos de las mujeres, también se convirtió en la directora ejecutiva del instituto. Clinton pasó gran parte de su tiempo como secretaria de Estado promocionando a Paz y Paz y la agenda de la exfiscal.
Georgetown, entonces, se jactó de un premio a Paz y Paz que dos de sus propias directoras han impulsado. La universidad podría haber encontrado una manera más elegante de darse a sí misma una palmada en espalda.
Pero la deformación completa de la verdad se concretó con el premio Judith Lee Stronach por los Derechos Humanos. Ese galardón está administrado por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), un grupo de San Francisco que afirma ser “la organización estadounidense líder en perseguir por la vía legal a violadores internacionales de derechos humanos”.
Al otorgarle el premio de 2013 a Paz y Paz, el CJA dijo: “ella es la primera funcionaria encargada del cumplimiento de la ley que persigue a los responsables de las violaciones de derechos humanos, incluyendo el genocidio de más de de 200.000 mayas, durante la dictadura militar controlada por el entonces presidente y general Efraín Ríos Montt”.
El supuesto crimen tuvo lugar a comienzos de la década de 1980, en el punto máximo de un conflicto interno de 36 años que estuvo cerca de destruir el país.
La frase “genocidio de más de 200.000 mayas” es una atrocidad de nivel superior. Contiene tres falacias en un espacio de cinco palabras, por no mencionar su pobre gramática. El único termino utilizado con efectividad es la preposición “de”.
Genocidio: Si la CJA quiere afirmar que en Guatemala ocurrió un genocidio, primero tendrá que reescribir tanto el diccionario como la historia. Otros ya lo han intentado, pero la palabra “genocidio” y los hechos de la historia han demostrado hasta el momento ser más grandes de lo que son.
El Ministerio de Justicia de Paz y Paz logró condenar a Ríos Montt en 2013 por la acusación de genocidio. La condena, sin embargo, fue rápidamente anulada por irregularidades en el juicio —mucho más importantes que simples tecnicismos, irregularidades importantes.
Un nuevo juicio está en trámite. Por ahora, el valor del caso por genocidio como precedente es nulo. Si el caso tuviese éxito como resultado de un arreglo político o judicial, como sucede con frecuencia en Guatemala, su valor sería negativo.
La cifra 200.000 no tiene relación alguna con el caso contra Ríos Montt. Es el número habitualmente citado, aunque dudoso, para referirse a la cantidad total de muertes en toda Guatemala producto del conflicto de 36 años. Su utilización en referencia al caso de Ríos Montt es pura desinformación.
Así, también, es la palabra “maya“. Los mayas era una antigua tribu que siguieron el mismo destino que los bíblicos hebreos. Hoy el nombre es utilizado como un simple canto de protesta; es polémico, no descriptivo.
Aquí está la verdadera historia respecto de estos asuntos: en su juicio, Ríos Montt fue acusado por las muertes de 1.771 ixiles.
Eso es menos de una centésima del número referido por el CJA, y se trata de otra tribu. Los ixiles, descendientes de los mayas, son un pueblo indígena que vive en el noroeste de Guatemala.
Otro hecho: muchos ixiles son defensores de Ríos Montt. Afuera del tribunal en el que Ríos Montt fue condenado, un gran número de ixiles se acercaron desde todas partes para protestar en su favor.
Y una proposición: si Ríos Montt hubiese efectivamente sido responsable de un genocidio, las masivas manifestaciones de los ixiles serían equivalentes a multitudes de hebreos —discúlpennos, de judíos—, defendiendo a Hitler.
En un contexto global, el CJA y sus errores son una bagatela; pero no lo es la difusión de esas equivocaciones por parte de una institución educativa de clase mundial. Al celebrar los antecedentes de Paz y Paz, Georgetown le dio su visto bueno a las declaraciones equivocadas y las difundió por todos los rincones de la Tierra.
Da la causalidad que Georgetown ha hecho lo mismo con el tratamiento que le dio a Paz y Paz y su legado. Paralelamente, el Departamento de Estado de EE.UU., comenzando con Hillary Clinton, le ha dado una sustancial ayuda a Paz y Paz y ha fomentado políticas que promueven el caos en el hemisferio.
Es hora de darle una buena revisión al currículo de Paz y Paz —el tipo de revisión que la Universidad de Georgetown, y funcionarios estadounidenses, probablemente preferirían que no llegue a ustedes.
Este artículo fue publicado antes por el PanAm Post.
David Landau contribuyó a este artículo.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.
One comment