La amenaza del presidente Donald Trump, de cortar la ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala, podría volverse en su contra. La “caravana de migrantes” hondureña es una estrategia política para influenciar las elecciones de mitad de mandato en noviembre; intenta separar a Trump de los aliados que necesita para resolver la inmigración ilegal de Centroamérica.
La caravana es una distracción que aparta a Trump del verdadero problema: el “Estado profundo” y los funcionarios de la era Obama que infestan el Departamento de Estado. Allí, funcionarios rebeldes han apoyado a violentos socialistas y han promovido la anomia en Guatemala, la vía de acceso clave hacia Estados Unidos.
La consecuencia de esto es una entrada abierta para inmigrantes ilegales, crimen organizado y narcóticos.
Para llegar a Estados Unidos, los 4 mil migrantes deben pasar por la frontera Guatemala-México de 958 kilómetros de extensión. Hay miles de puntos de cruce informales —en muchos lugares, unos difícilmente sabe en qué país está— y los migrantes ilegales generalmente viajan a través de Guatemala sin ningún espectáculo.
El hecho de que la caravana avance abiertamente y, al parecer, utilizará puntos de acceso fronterizo oficiales confirma que es una maniobra política que podría favorecer al Partido Demócrata en las elecciones venideras.
La incapacidad de México de detener a los cárteles criminales y la falta de seguridad en zonas fronterizas convierten a Guatemala en una puerta trasera a Estados Unidos. El estado de anomia es atribuible a que el Departamento de Estado ha impuesto a socialistas —totalitarios antiestadounidenses— en sucesivos Gobiernos guatemaltecos.
El Gobierno de Obama ignoró la corrupción bajo el expresidente Otto Pérez Molina mientras éste servía a sus intereses. Funcionarios estadounidenses se hacían de la vista gorda mientras él mantenía a sus aliados socialistas en puestos claves, especialmente en seguridad y justicia.
Barack Obama nombró a su embajador secuaz durante la segunda mitad del mandato de Pérez Molina. Ahora asesor principal del Departamento de Estado para Centroamérica, Todd Robinson se convirtió en el hombre que tiraba de los hilos y sometía al presidente a sus dictámenes. Robinson usó el poder de EE. UU. para colocar a jueces criminales en el máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad.
Trabajando en conjunto con Robinson y la cooptada corte, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU ha facilitado la toma del poder por parte de globalistas y socialistas.
La CICIG supuestamente ayuda al Ministerio Público a identificar y desmantelar aparatos de seguridad clandestinos que privan a las personas de sus derechos humanos. En cambio, la CICIG ha usado su inmunidad diplomática para tomar el control de la persecución penal y convertirse en lo que fue creada para eliminar.
Muchas de las áreas rurales de Guatemala, especialmente en la frontera con México, están dominadas por pandillas que provienen de las guerrillas apoyadas por los Castro durante el conflicto interno armado de 1960-1996.
Estas pandillas destruyen negocios, invaden propiedades y bloquean el acceso a la policía. La alianza perversa entre la CICIG, la máxima instancia judicial, el Departamento de Estado y los ministros impuestos al presidente Jimmy Morales ha protegido a pandillas socialistas que pretenden ser organizaciones por los derechos humanos.
La victoria electoral de Trump introdujo una amenaza existencial para los funcionarios del Departamento de Estado y sus aliados socialistas en Guatemala y en el Congreso de EE. UU. Los guatemaltecos esperaban que Trump cambiara la política de Obama, pero su Gobierno ha tenido que lidiar con asuntos más urgentes.
Con poca supervisión, los funcionarios remanentes de la era Obama han seguido con su plan. Robinson socavó a Trump al sugerir que la política de Obama continuaría. También intentó consolidar el poder de sus aliados para que Trump no tuviera margen de acción en caso de que llegara a prestar atención a Guatemala.
El presidente guatemalteco Jimmy Morales tardó en comprender la diferencia entre Obama y Trump. Robinson y sus espías en el Gobierno Morales lo mantuvieron alejado de Trump.
A finales de 2017, Guatemala apoyó a Estados Unidos durante la votación en la ONU para condenar el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén. Guatemala se convirtió en el primer país en hacer lo mismo y trasladar su propia embajada.
Los adversarios políticos de Morales, que son también opositores a Trump, reaccionaron negativamente. Temían que la movida presagiaba una unión de fuerzas, pero nada sucedió hasta agosto de este año. Morales actuó contra la CICIG y confrontó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre su ausencia de respuestas a los crímenes de la CICIG.
El Gobierno Trump pasó de la indiferencia al apoyo aparente de Morales. Durante la Asamblea General de la ONU, aparecieron fotos de Trump, Nikki Haley y Mike Pompeo sonriendo con Morales. En octubre, durante la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, Morales denunció por primera vez a la rebelde Corte de Constitucionalidad.
Las nuevas y aparentemente cercanas relaciones de Morales con Trump, Haley, Pompeo y senadores republicanos lo han colocado en una posición difícil respecto a la caravana de migrantes. Detener la caravana conlleva complicaciones legales y costos políticos, pero no hacerlo significa arriesgarse a recibir la ira de Trump.
Más allá de la caravana, el flujo de drogas y migrantes ilegales se mantiene desde y a través de Guatemala hacia México y Estados Unidos. Trump puede reducir el flujo si ayuda a Morales con equipamiento, entrenamiento, asesores in situ y apoyo político, incluyendo frenar al Departamento de Estado. Morales también debe estar dispuesto a aplicar la ley a pandillas criminales y enfrentar a la corte rebelde de Robinson.
Esto liberaría a los habitantes y empresas en zonas rurales fronterizas, creando más oportunidades y menos razones para emigrar. Agradecidos, los receptores de estas políticas cooperarían con las fuerzas del orden para identificar a personas fuera de estas áreas involucradas en actividades sospechosas. Migrantes, contrabandistas y terroristas perderían su ruta terrestre a México desde El Salvador, Honduras, y otros países al sur.
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