Está más claro que nunca que el presidente Trump tenía razón en declarar una emergencia nacional en la frontera con México. Los US$8,6 mil millones que solicitó el lunes en su nueva propuesta presupuestaria para aumentar la vigilancia en las fronteras ayudará a paliar la crisis, pero más medidas son necesarias.
Esto no debería ser un asunto partidario, pese a que los demócratas así lo han convertido. Todos estamos interesados en asegurar la frontera sur, y nuestro Gobierno tiene el derecho y la responsabilidad de determinar quién puede o no entrar a Estados Unidos.
Es cierto que la mayoría de inmigrantes ilegales no vienen a EE. UU. a hacer daño sino a buscar trabajo y una mejor vida. Sin embargo, también es cierto que una frontera permeable permite que entren terroristas, otros criminales y drogas ilegales al país.
Un paso importante para el Gobierno de Trump sería trabajar más de cerca con México y su vecino del sur, Guatemala, para reducir el tránsito de migrantes que ingresan a EE. UU. ilegalmente. Esto implica formar alianzas con ambas naciones para mejorar la seguridad fronteriza y el cumplimiento de la ley, generar reformas económicas y emprender proyectos de creación de empleos.
Estas acciones incentivarán a más personas a quedarse en sus países —viviendo en calma y con seguridad económica—, además de dificultar el ingreso ilegal a Estados Unidos.
Las zonas sin ley en la frontera entre Guatemala y México son un problema especial porque sirven como una puerta trasera abierta a México. Los migrantes ilegales que ingresan por ahí no planean quedarse en México, sino que su destino real es EE. UU.
El presidente Trump puede ayudarse a sí mismo y a Estados Unidos si se enfoca en Guatemala. Necesita poner fin a las políticas perjudiciales creadas durante el Gobierno de Obama, designar a un embajador de su confianza y trabajar con el presidente Jimmy Morales para mejorar las condiciones de vida y económicas en Guatemala e instalar la ley y el orden en la frontera de dicho país con México.
Si el presidente Trump hace esto, los habitantes de Guatemala estarán agradecidos y tendrán más oportunidades, como consecuencia de una mayor seguridad y actividad empresarial. Tendrán menos motivos para migrar y cooperarán con las fuerzas de seguridad para identificar prácticas sospechosas. El resultado será una reducción en el ingreso ilegal de migrantes, drogas y otros contrabandos a EE. UU.
Como el presidente Trump lo ha mencionado en su declaración de emergencia nacional en la frontera sur, el problema de la inmigración ilegal es cada vez peor. En su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo o descubrió a casi 75 mil migrantes ilegales que ingresaron a EE. UU. en febrero.
“Esto refleja un aumento del 80 % en comparación con el mismo periodo del año anterior”, testificó Nielsen. También predijo que esta cifra seguirá elevándose en la primavera, estimando que este año la agencia detendrá a casi un millón de migrantes ilegales en la frontera sur.
“Nos enfrentamos a una crisis —una crisis real, seria e insostenible en nuestras fronteras—”, dijo Nielsen. “Llegan decenas de miles de extranjeros todos los meses. Estupefacientes, criminales y violencia ingresan a nuestro país cada semana”.
Derribando un argumento de los demócratas, Nielsen declaró: “Esta no es una crisis inventada. Es una emergencia nacional real”.
No es ninguna sorpresa que el mayor grupo de inmigrantes ilegales en EE. UU. —unas 6,2 millones de personas— provenga de México. Además de ser el vecino más cercano, México tiene una población aproximada de 134 millones.
Sin embargo, para muchos estadounidenses es una sorpresa que el segundo mayor grupo de inmigrantes ilegales viene de la pequeña nación guatemalteca, cuya población no pasa de 18 millones. Actualmente, cerca de 723 mil migrantes indocumentados en Estados Unidos son de Guatemala. Otros 465 mil migrantes ilegales vienen de El Salvador y unos 337 mil son de Honduras, los vecinos de Guatemala al sur.
Como estadounidense que ha vivido en Guatemala por casi medio siglo, me resulta decepcionante observar cómo el caos en este país impulsa a tantas personas a abandonar su hogar y causa tanto daño a EE. UU.
Además, mientras que en el pasado entre el 70 y 90 % de los inmigrantes ilegales que cruzaban la frontera estadounidense eran ciudadanos mexicanos, hoy el 70 % de los extranjeros arrestados en la frontera sur son de Guatemala, El Salvador y Honduras.
La gran cantidad de migrantes ilegales y contrabandistas que llegan a Estados Unidos desde el sur primero pasan por la porosa frontera de 965 kilómetros entre Guatemala y México. La única otra nación al límite sur de México es Belice, con la que comparte una frontera de 278 kilómetros.
Las causas de tanta migración desde Centroamérica surgieron con siglos de concentración y abuso del poder y, más recientemente, el rol del dictador cubano Fidel Castro en agudizar dichas circunstancias. A inicios de los años 70, Castro creó el Departamento América en Cuba para implementar una violenta agenda marxista-leninista a lo largo de América Latina.
Desafortunadamente, el presidente Obama cambió la política exterior hacia Cuba que habían seguido sus 10 más recientes antecesores. Su Departamento de Estado acogió a los sucesores de los rebeldes apoyados por Castro de la región.
Obama impuso que aliados de los sucesores de dichas guerrillas ocupen cargos claves en el Gobierno de Guatemala. Ellos protegen a grupos armados ilegales que obligan a las comunidades rurales a participar en actividades criminales, como destruir negocios, invadir la propiedad privada e impedir el acceso de la policía es esas zonas. Aquellos funcionarios persiguen a cualquiera que intente aplicar la ley en contra de los grupos protegidos.
Para ser efectiva, la política de Obama requirió de una toma socialista del sistema penal y judicial de Guatemala. En 2016, el embajador estadounidense involucró públicamente a la embajada para ejercer presión en designar a un aliado socialista para la más alta corte guatemalteca.
El exvicepresidente Joe Biden, quien posiblemente busque la nominación presidencial de los demócratas en 2020, viajó a Guatemala tres veces en 12 meses durante el Gobierno de Obama con el fin de convencer al Gobierno anfitrión de extender el tiempo de vigencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU. La CICIG jugó un papel crucial en la toma socialista.
A pesar del apoyo de la embajada de Obama a Sandra Torres —una exguerrillera y vicepresidente de la Internacional Socialista— del partido político UNE, ella perdió las elecciones a la presidencia guatemalteca en 2015 contra el novato político Morales.
Puesto que el presidente Trump asumió el cargo en 2017, el Departamento de Estado de los globalistas ha hecho un gran esfuerzo por evitar que él trabaje con Morales. Ellos saben que Morales, quien no es un izquierdista, es alguien que puede colaborar con Trump.
Así como Trump, Morales es un defensor de la libertad y de los mercados libres. Es un firme opositor del socialismo y del comunismo.
Morales apoyó al presidente Trump en la ONU con respecto al traslado de la embajada americana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, e incluso movió su embajada hacia dicha ciudad. También adoptó una postura firme en enero al expulsar a la CICIG de su país por atentar contra la soberanía de Guatemala.
Así como ocurre con Trump, los opositores izquierdistas de Morales han intentado sacarlo del poder, sin éxito hasta el momento. Han presentado acusaciones ficticias por medio de la CICIG con el apoyo de los congresistas demócratas en EE. UU.
Lo que se necesita ahora es una cooperación más estrecha entre los Gobiernos de Trump y Morales, además del muro fronterizo entre EE. UU. y México y otras reformas migratorias que ha mencionado el presidente Trump.
En conjunto, estas acciones pueden hacer mucho por reducir significativamente la migración ilegal y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Lea el artículo original en Fox News.
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