Desde el inicio, la respuesta de Nicaragua a la pandemia del COVID-19 se ha reducido a negación y represión. El último ataque del régimen de Daniel Ortega es un movimiento para encarcelar a periodistas y activistas que han expuesto el número real de contagiados y muertes.
El 27 de octubre, la Asamblea Nacional controlada por los sandinistas aprobó una ley que otorga a Ortega la autoridad de perseguir medios independientes y detractores. Al entrar en vigencia el 30 de diciembre, la Ley Especial de Ciberdelitos diezmará las libertades civiles nicaragüenses y preparará el terreno para una dictadura mucho más déspota.
Los cuarenta y ocho artículos de la legislación introducen multas y sentencias a prisión de hasta diez años por delitos como la denuncia de irregularidades, ciberataques, acoso sexual en línea y —sobre todo— publicar “noticias falsas”.
Los periodistas nicaragüenses y organizaciones de prensa internacionales han denunciado a la catalogada ley bozal como peligrosamente ambigua sobre lo que significa información falsa, distorsionada y confidencial. Los activistas de la libertad de expresión argumentan que la ley deja la puerta abierta a propósito para su aplicación arbitraria, de modo que el régimen de Ortega pueda socavar los derechos constitucionales.
Como si no fuera suficiente, la Ley Especial de Ciberdelitos permite a los funcionarios de gobierno vigilar comunicaciones privadas si sospechan que pueden comprometer “la estabilidad económica, el orden público, la salud pública y la seguridad nacional” del país.
El gran hermano está en línea
La nueva ley bozal de Ortega habilita a la agencia de telecomunicaciones de Nicaragua TELCOR a infiltrarse en cualquier celular y computadora en donde puedan encontrar supuestos ciberdelitos. TELCOR también tendrá el poder de incautar equipos, afectando los derechos de propiedad.
Los medios y periodistas en Nicaragua han vivido una pesadilla bajo el mandato de Ortega, quien está resuelto a anular todas las voces independientes. A lo largo de los años, las compañías de medios han tenido que reducir sus operaciones o suspenderlas completamente. Por ejemplo, El Nuevo Diario fue un periódico que tuvo que cerrar a los 39 años de vida por restricciones a la importación del material de impresión.
Las plataformas digitales y redes sociales se han vuelto esenciales para continuar exponiendo la verdadera naturaleza del régimen de Nicaragua para el resto del mundo. El internet, sin embargo, ya no será un espacio seguro para los activistas de Nicaragua en 2021.
Una amenaza a la democracia
Silenciar a los ciudadanos que denuncian abusos a los derechos humanos es de todo lo que se trata la nueva legislación, y la desvergüenza de Ortega al embestirla por medio de la Asamblea Nacional pone más sal a la herida.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ley agrava la crisis política nicaragüense y legitima las restricciones existentes a la sociedad civil que el aparato represivo de Ortega ha empleado constantemente para reprimir protestas al menos desde 2018.
Debido a la libertad de acción que la ley otorga a los funcionarios para clasificar información “sensible”, los ciudadanos y periodistas nicaragüenses que pidan información a las instituciones del gobierno probablemente serán ignorados.
Esto no es sorpresa. Por la creciente corrupción y dificultad económica, el régimen de Ortega ha aumentado el secretismo desde 2018. Pese a que existe legislación que dispone la rendición de cuentas en el sector público, un informe de Transparencia Nicaragua reveló que el acceso a la información pública ha empeorado consistentemente durante la última década.
De acuerdo con el estudio, solo tres de sesenta y cuatro instituciones de gobierno evaluadas cumplen medianamente con las órdenes de transparencia. Diez instituciones, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, no publican ninguna información relevante.
El camino a la servidumbre total
Los activistas y detractores no son las únicas víctimas. Los servidores públicos se encontrarán entre la espada y la pared, puesto que no serán capaces de pronunciarse acerca de las protestas obligatorias a favor de Ortega. Hablar con la prensa, incluso en privado, estará fuera de su alcance —para que la dictadura no considere esa información “sensible o confidencial”.
Juan Carlos Lara, un investigador político en el grupo de vigilancia Derechos Digitales, dijo al medio en línea El Confidencial, “el gran problema de la ley está en la sanción de actos constitutivos de ejercicio legítimo de libertad de expresión, como si se tratara de delitos cibernéticos”. Añadió que la Ley Especial de Ciberdelitos pisotea las protecciones del debido proceso.
La Asamblea Nacional también aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que pretende mantener registro de individuos y organizaciones operando en Nicaragua como agentes de entidades extranjeras. La ley dispone que los “agentes extranjeros” deben abstenerse de intervenir y financiar asuntos políticos internos. No obstante, los críticos de Ortega argumentan que la movida encubre mayores restricciones a los derechos civiles garantizados por la Constitución a todos los nicaragüenses, independientemente de para quien trabajen o de quien reciban dinero.
La ley ofrece algunas excepciones a misiones diplomáticas y humanitarias, instituciones religiosas y organizaciones internacionales, pero el gobierno tendrá las herramientas para monitorear donaciones y rastrear el flujo de activos de aquellos que juzgue estar involucrados en esfuerzos de desestabilización.
Las dos leyes demuestran cómo las libertades civiles e individuales se están desvaneciendo bajo el régimen de Ortega. Este es el caso del imperio de la ley, la igualdad ante la ley, y la separación de poderes.
Una vez que la dinastía familiar déspota acabe con los pocos detractores que quedan, restaurar la democracia será mucho más difícil. Los esfuerzos internacionales deben doblegar a Nicaragua antes de que sea demasiado tarde.
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