Cuando el gobierno colombiano concedió la amnistía a los narcoterroristas, ignorando el rechazo popular en un referéndum, envió un peligroso mensaje. El acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no solo socavó el Estado de derecho, sino que legitimó décadas de barbarie.
El mensaje fue que la violencia funciona. Colombia no debería haber dado cuartel al terrorismo en 2016, y no debería darlo ahora.
Como es lógico, los marxistas nunca se fueron y están más envalentonados que nunca. Desde el 28 de abril, los terroristas y sus hermanos ideológicos, apoyados por la narcodictadura de Venezuela, han secuestrado la oposición pública a una propuesta de reforma fiscal. La reforma retirada, que habría ampliado la base imponible del impuesto sobre la renta y aumentado el impuesto sobre los dividendos, fracasó por su carácter impopular. Sin embargo, los enemigos del presidente Duque, quien se encontraba en apuros, aprovecharon para justificar la anarquía y orquestar un golpe de Estado.
Los bárbaros han herido a más de mil policías, han bloqueado ciudades como Cali, han cometido innumerables destrozos a la propiedad privada y saqueos. Las llamadas protestas, como escriben Juan Forero y John Otis en el Wall Street Journal, son “las más continuas y violentas que este estrecho aliado de los Estados Unidos ha visto en décadas”. Esta coalición, encabezada por sindicatos de tendencia socialista, incluye a los disidentes de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a grupos de autodefensa indígena que se oponen a la policía y al ejército.
Incluso con el apoyo generalizado del crimen organizado, los medios de comunicación tradicionales, las ONG extranjeras y los diplomáticos progresistas señalan a la violencia policial como el principal problema. El incidente más destacado se produjo cuando Marcelo Agredo, de Cali, dio una patada por detrás a un agente de policía. El agente abrió inmediatamente fuego, matando a Agredo, quien huía después del ataque. Los fiscales han acusado al agente, y el presidente Iván Duque ha respaldado la tolerancia cero con la brutalidad policial.
Las instituciones y personas que siguen condenando al gobierno colombiano han puesto de manifiesto sus cegueras y afinidades ideológicas. No están dispuestos a enfrentarse a la realidad de que Colombia, por una cuestión de supervivencia, está haciendo frente a los terroristas respaldados por el extranjero. Han pervertido las frustraciones constituyentes y han fomentado la confrontación directa.
No se conseguirá nada con ellos. Cualquier acuerdo con el autoproclamado Comité del Paro —que inició la violencia y luego se hace pasar por víctima— es un error. Los terroristas y alborotadores, como señala James Roberts de la Fundación Heritage, “están erosionando la estabilidad democrática de Colombia y permitiendo que florezca el narcotráfico”. La senadora colombiana María Fernanda Cabal, originaria de Cali, señala que nadie eligió a estos matones.
Interrumpir el proceso democrático, mientras se lucra con el contrabando, es precisamente la intención de la coalición marxista, como lo ha sido durante más de medio siglo. Saben que su amplio programa socialista no tiene éxito entre los votantes. ¿Cómo podrían llevarlo a cabo? Los colombianos solo tienen que mirar a su vecino del este para ver la miseria que conlleva el socialismo del siglo XXI de la tradición de Fidel Castro y Hugo Chávez.
Mucha de la clase media y baja colombiana, los que han participado en protestas pacíficas, son víctimas de lo que Joseph Humire describe como “guerra asimétrica de los adversarios”. El informe de situación del Center for a Secure Free Society revela la profundidad de la intromisión extranjera, especialmente del régimen chavista en Venezuela. Ha estado trabajando con guerrillas financiadas por el narcotráfico que organizan ataques y centros de difusión de desinformación.
El régimen venezolano pretende ampliar tanto sus fronteras como su esfera de influencia. El 5 de mayo, de hecho, su cuenta oficial del Ministerio de Defensa tuiteó un mapa colonial del siglo XVIII de una Venezuela más amplia.
🗺️ #5May || La #FANB ratifica —contundentemente— su compromiso con el pueblo, en la defensa del derecho histórico sobre el Esequibo. En pie de lucha nos mantenemos firmes ante toda pretensión y agresión que busque socavar la patria.#FANBEnDefensaDeLaDignidad pic.twitter.com/VSLhUIDn9N
— Prensa FANB (@PrensaFANB) May 5, 2021
Además de violar el Estado de derecho y la soberanía de Colombia, acobardarse ante este movimiento cooptado sería un desastre económico. La ironía es que el costo de las demandas del Comité del Paro —un programa socialista y progresista que incluye el ingreso básico universal— sería aún mayor que la reforma tributaria original.
En una misión de sabotaje marxista, planean pagarla mediante la teoría monetaria moderna, gastando las reservas extranjeras de Colombia y dejando de pagar la deuda soberana. No se puede imaginar un camino más rápido hacia la hiperinflación y el neofeudalismo al estilo latinoamericano. Cuando un gobierno paga sus facturas imprimiendo dinero, los que más sufren son los que tienen ingresos fijos y de subsistencia. Los que tienen activos reales y movilidad pueden sobrellevar los períodos inflacionarios.
Cualesquiera que sean las deficiencias de Colombia, y son muchas, el terrorismo y las políticas al estilo de Venezuela no son la respuesta. Solo con el Estado de derecho y la estabilidad puede Colombia atraer la inversión extranjera y crecer de forma sana y sostenible. Quienes utilizan la intimidación en lugar del proceso democrático para salirse con la suya no tienen legitimidad. Merecen ser castigadas, no recibir las llaves de la nación.
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