El 30 de noviembre de 2021, la administración de Joe Biden decidió remover oficialmente a la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de su lista negra de organizaciones terroristas, un vergonzoso precedente que abre la puerta a su financiación y dota al grupo criminal de legitimidad para socavar la democracia en Colombia.
El secretario de Estado Antony Blinken argumentó que esta organización “ya no existe como organización unificada dedicada al terrorismo o a actividades terroristas, ni tiene la capacidad o la intención de hacerlo”.
Esto es falso, y cinco años han pasado desde la firma del acuerdo de paz, sin que eso haya significado un cese de la violencia o del narcotráfico.
Today’s revocation of FARC’s terrorist designations is a credit to the 2016 Peace Accord with the Colombian government. Our new designations of two new terrorist groups will continue to isolate those who engage in terrorism at the expense of the Colombian people.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2021
Del combate frontal al entreguismo
Los orígenes de las FARC datan de 1964, cuando una insurrección campesina, liderada por Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, adopta la ideología comunista de corte marxista-leninista y empieza una lucha armada contra el Estado colombiano.
Sin embargo, no fue hasta 1982 que la agrupación se encuadra en pie de guerra y logró expandirse por todo el país con actos criminales y participación en el narcotráfico, lo que le permitió obtener gran financiamiento y aumentar notablemente su influencia.
Para finales de los años 90, el músculo militar de las FARC creció a 20 mil efectivos armados. La guerra, que no solo se libró contra las fuerzas estatales sino paramilitares y narcotraficantes emergentes, afectó principalmente a las poblaciones de los territorios ocupados, donde se cometían asesinatos, violaciones, secuestros y más.
Tras la completa incapacidad del Estado colombiano para contener a la narcoguerrilla, EE. UU. ideó el Plan Colombia de US$10 mil millones para modernizar a las Fuerzas Armadas colombianas. Esta iniciativa puso en jaque a la agrupación criminal a inicios del nuevo milenio, y a partir de allí empezó su declive.
Con el ascenso a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, un tajante enemigo de la guerrilla, y unas revitalizadas Fuerzas Armadas, se extendió una fuerte política para combatirla. Juan Manuel Santos, quien había sido el ministro de Defensa de Uribe y quien continuó, en un principio, los esfuerzos para suprimir a la agrupación, capitalizó el relativo éxito para llegar a la presidencia.
Sin embargo, las ansias de poder y el protagonismo de Santos lo condujeron a una estrategia de entreguismo político. Con el objetivo de poner fin al conflicto armado, impulsó los Acuerdos de Oslo y de La Habana en 2012. Allí gestionó todas las concesiones de las que gozan los líderes de las FARC desde que el acuerdo de paz —rechazado por los colombianos en un plebiscito— se firmó en 2016 de forma antidemocrática.
Rechazo en EE. UU. y Colombia
Los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott se han opuesto rotundamente a la decisión de la administración Biden. Han argumentado que esto solo traerá inestabilidad a Colombia, dado que “brindará a estos terroristas y a sus simpatizantes políticos una mayor capacidad, recursos financieros y una supuesta legitimidad internacional”.
Así mismo, el senador Ted Cruz se manifestó en contra de la decisión, ya que considera que las FARC siguen siendo una gran amenaza para la seguridad de Colombia y los intereses de EE. UU. en la región. Incluso tildó de triste el patrón de la política de Biden por su “apaciguamiento ante terroristas”, visto en Afganistán, Yemen y ahora en Colombia.
Dentro de Colombia, la senadora María Fernanda Cabal aprovechó la oportunidad para relatar todas las atrocidades que esta organización narcoterrorista ha perpetrado durante décadas.
Un incentivo a la criminalidad
El macabro historial de violaciones de derechos humanos perpetrados por las FARC es extenso. El Centro Nacional de Memoria Histórica, en el informe “¡Basta Ya!”, se ha encargado de recolectar las cifras de los asesinatos, reclutamiento de menores, secuestros, desapariciones, violaciones y desplazados.
El Estado colombiano ya dio un paso en falso al otorgar discrecionalmente diez curules en el Congreso a los excombatientes, lo cual no solo quebrantó la institucionalidad democrática, sino que también legitimó el pasado criminal de esta agrupación. El mensaje que se envió fue claro: el crimen en Colombia sí paga y tiene incentivos para prolongarse. Así lo han entendido las facciones disidentes y otras agrupaciones terroristas, como el Ejército de Liberación Nacional, que ha incrementado sus operaciones y ganado espacios en los territorios colombianos.
El pasado 1 de octubre, el director de la Policía colombiana, general Jorge Luis Vargas señaló: “Se reúnen —disidentes de las FARC— con carteles mexicanos en Venezuela. Lo tenemos totalmente probado, tanto por testigos como por elementos técnicos recolectados en los procesos judiciales, con dispositivos técnicos incautados en las operaciones”. Solo desde 2019 hasta la fecha, las facciones disidentes han perpetrado más de 300 actos terroristas.
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las disidencias sobrepasan ya los 5.200 combatientes.
Hoy, Biden comete el mismo entreguismo que Santos. Ahora el mismo Gobierno estadounidense podrá financiar, con dinero de los contribuyentes, programas para presuntos exguerrilleros. Teniendo en cuenta los fuertes nexos de estos con la tiranía venezolana y cubana, el apoyo de estos para desestabilizar la democracia colombiana estaría al orden del día.
Las FARC fueron ideadas para consagrar el poder mediante la violencia. Pensar que estas abandonarán sus objetivos, ideales y financiación tan fácilmente, después de décadas inmersos en el crimen organizado y el terrorismo, es pecar de ingenuidad. La guerra no terminó con el acuerdo, ni los terroristas abandonaron sus actividades, simplemente continúan mediante la fachada de un partido político.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.