La agenda criminal y dictatorial del Departamento de Estado

Guatemala muestra cómo los demócratas socavan la democracia en EE. UU. y en el extranjero

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La Cumbre por la Democracia de Joe Biden del 9 y 10 de diciembre fue una farsa porque el régimen de Biden es antidemocrático. (Flickr)

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La Cumbre por la Democracia de Joe Biden del 9 y 10 de diciembre fue una farsa porque el régimen de Biden es antidemocrático. Deroga la ley en nuestra frontera sur, impone mandatos inconstitucionales, promueve la división y el odio entre grupos de personas, y persigue a los enemigos políticos mientras protege a sus aliados políticos corruptos.

En consonancia con su inclinación totalitaria, Biden omitió a Guatemala, aliado de Estados Unidos, en su evento. Guatemala es una república democrática y geopolíticamente fundamental en lo que respecta a los flujos ilegales de narcóticos y migrantes. Guatemala es también un viejo aliado de dos baluartes de la libertad: Israel y Taiwán.

El pecado de Guatemala fue sacar del gobierno este año a los criminales que Biden había impuesto como fichas clave de Barack Obama en Centroamérica. Dos ejemplos son la exmagistrada de la alta corte Gloria Porras y el fiscal Juan Francisco Sandoval. Sin estos criminales para hacer su voluntad, el régimen de Biden está atacando abiertamente a Guatemala y oponiéndose a los esfuerzos hacia el Estado de derecho.

En 2015, Biden utilizó el dinero de Estados Unidos como un mazo para que el presidente de Guatemala prorrogara el mandato de lo que el representante Chris Smith (republicano de Nueva Jersey) llamó “una agencia activista de la ONU y fuera de control” (la CICIG). El exembajador en Guatemala Todd Robinson utilizó el poder de la CICIG en 2016 para extorsionar a los líderes del Congreso de Guatemala para nombrar a Gloria Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, la última palabra en materia judicial. Biden nombró a Robinson este año para dirigir la división antinarcóticos (INL) del Departamento de Estado (DOS).

El diputado Fernando Linares afirmó que los magistrados de la CC le habían dicho que Porras dictaba fallos diciéndoles a otros magistrados que el embajador de EE. UU. los quería. Durante su mandato 2016-2021, Porras emitió numerosas resoluciones políticas ilegales, incluso en casos en los que ella y algunos compañeros magistrados eran parte.

La embajada de EE. UU. presionó este año a la universidad estatal de Guatemala para que nombrara a Porras como miembro de la CC para el período 2021-2026. Un informe reciente sobre el proceso de nombramiento de la universidad mostró un desprecio por la ley similar al de Biden. Al igual que los demócratas impulsan las votaciones a viva voz para que los esbirros puedan intimidar a los trabajadores para que voten a favor de la sindicalización, los socialistas que controlan la universidad celebraron una votación a viva voz a pesar de que la ley y el propio estatuto de la universidad exigen una votación secreta.

Si las dos primeras rondas no dan lugar a un ganador, el estatuto prevé una segunda vuelta al día siguiente entre los dos más votados. En marzo, el consejo universitario celebró 12 rondas en seis horas hasta que ganó Porras. Varias fuentes informaron de presiones por parte de los estudiantes, el profesorado y la embajada para votar a Porras.

Numerosas personas han impugnado el proceso por diversas ilegalidades. Según la ley guatemalteca, el Congreso no puede juramentar a Porras mientras las impugnaciones estén pendientes.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, calificó el hecho de que el Congreso no juramentara a Porras el 13 de abril junto con otros magistrados como una “maniobra [que] socava el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con la lucha contra la corrupción sistémica”. Porras huyó a EE. UU. temiendo ser procesada por sus numerosos delitos y fue aclamada por Kamala Harris en la Casa Blanca por “luchar por la justicia”.

El posterior fallo del consejo universitario de junio que denegó la impugnación fue extraconstitucional (arbitrario). Fue como si el juez Emmet Sullivan ignorara el precedente de la Corte Suprema para seguir procesando al general Michael Flynn como juez y fiscal después de que el Departamento de Justicia retirara los cargos.

Antes de que el Congreso abordara la cuestión de Porras en agosto, un tribunal suspendió el fallo del consejo universitario de junio, impidiendo de nuevo la juramentación de Porras. La Fundación Contra el Terrorismo, un grupo cívico sin fines de lucro, obtuvo un fallo de la CC que ordenaba al Congreso no juramentar el nombramiento de la universidad hasta que se resolvieran todas las impugnaciones.

Nichols afirmó que el fallo de la CC “impidió la juramentación de un magistrado debidamente electo en un proceso que había sido cuidadosamente revisado y afirmado por la institución electora de acuerdo con la ley guatemalteca”. De hecho, la universidad había violado la ley.

Nichols añadió que el fallo “es preocupante, ya que apoya las mociones presentadas por una organización con un historial documentado de socavar los procesos democráticos”. Esta obvia referencia a la Fundación contra el Terrorismo es como decir que Judicial Watch socava la democracia con sus presentaciones en los tribunales.

Sandoval dirigió la rama especial contra la impunidad en el Ministerio Público y fue la punta de lanza de la CICIG. El procurador general de Guatemala presentó una denuncia penal contra Sandoval por haber dado ilegalmente un finiquito a la tristemente célebre Odebrecht, lo que le costó a Guatemala la posibilidad de recuperar US$384 millones. Dos testigos clave en un caso que Sandoval procesó se retractaron de su testimonio, diciendo que habían sido coaccionados por la fiscalía para mentir. El juez certificó lo conducente a lo penal.

A pesar de la criminalidad pública de Sandoval, el DOS le otorgó un premio aparentemente creado para promocionarlo como campeón anticorrupción. Después de que la fiscal general Consuelo Porras despidiera a Sandoval el 23 de julio, el DOS incluyó a Porras en una lista de personas corruptas y canceló su visado estadounidense.

A través de los canales diplomáticos, Porras se ofreció dos veces a aclarar al DOS sus razones para despedir a Sandoval. El DOS ha ignorado la oferta.

Si la aceptan, el DOS tendrá una prueba escrita indiscutible de que su campeón anticorrupción es un criminal. Esto podría llevar eventualmente a una investigación que expondría las acciones del DOS en Guatemala durante los últimos diez años como una empresa criminal antiestadounidense.

La criminalidad de Biden en Guatemala predijo y explica la criminalidad doméstica de su régimen. EE. UU. carece ahora de autoridad moral para celebrar una cumbre por la democracia.

Steven Hecht

Editor at Large Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Epoch Times, BizPac Review, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, and PJ Media. He has appeared as a guest on national American media networks and programs, including the One America News, Newsmax, and The Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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