El Departamento de Estado está tratando de ahuyentar al sector privado en Guatemala en su intento de controlar la actual designación del fiscal general. Al hacer esto, la entidad está trabajando en completa contradicción a la política establecida por sí misma para la región.
El Departamento de Estado ha sacrificado repetidamente el trabajo con el sector privado—que estimularía el empleo y desalentaría la inmigración ilegal—a cambio de continuar con la agenda política de sus operativos.
Ante esto, los líderes empresariales de Guatemala no tienen más opción que buscar nuevos rumbos.
El enfrentamiento aumenta
La administración Biden no invitó a Guatemala a participar en la Cumbre por la Democracia el pasado diciembre. Este mes, el Consejo de las Américas canceló una conferencia que se llevaría a cabo en Guatemala. Este evento iba a recibir a funcionarios de gobierno, representantes del sector privado y participantes internacionales para discutir el potencial de Guatemala para atraer inversión. Desde todas las tendencias del espectro político de Guatemala, creen que el Consejo canceló el evento bajo presión del Departamento de Estado.
Además, en marzo, un foro del Diálogo Interamericano sobre la “Estrategia de las causas raíz” recibió a Brian Nichols, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. Una de las preguntas que le hicieron a Nichols estaba elaborada en la falsa narrativa ampliamente difundida en contra del sector privado en Guatemala. Respaldada por altos funcionarios del Departamento de Estado, la narrativa consiste en que el sector privado organizado, en particular Cacif, participa en prácticas ilegales y corruptas diseñadas para obstruir la justicia.
Nichols aceptó alegremente la falsa premisa de la pregunta que daba crédito a los enunciados en contra del sector privado guatemalteco. Nichols dijo que, específicamente en relación con Cacif, Estados Unidos está constantemente revisando posibles sanciones para actores corruptos.
Una respuesta más razonable hubiese sido que Estados Unidos constantemente examina su autoridad sancionadora para actores corruptos de cualquier sector de la sociedad. Esto sería en lugar de señalar específicamente al sector privado.
Un secreto a voces
El embajador de EE.UU. en Guatemala, William Popp, recientemente asistió a los procedimientos judiciales de la juez Erika Aifán, una agente de la política estadounidense. Lo hizo pese a que existe suficiente evidencia creíble de infracciones cometidas por ella para sustentar las investigaciones.
Aquella evidencia debe ser finalmente evaluada en un juicio justo con debido proceso. Sin embargo, la presencia del embajador de EE.UU. en estos procedimientos es un intento de intimidar a los fiscales y jueces para que tomen decisiones aceptables de acuerdo con el Departamento de Estado, sin importar los hechos de los casos que se aborden.
La intención de los funcionarios estadounidenses es intimidar al sector privado para que crean que sus líderes serán sancionados si el siguiente fiscal general elegido en Guatemala no tiene la aprobación de Estados Unidos. Cabe mencionar que la decisión de sancionar a personas extranjeras es política, no se determina en alguna corte siguiendo el debido proceso de la ley.
¿A qué costo?
Los funcionarios estadounidenses han estado presionando incesantemente al sector privado guatemalteco y promoviendo la falsa narrativa en contra de este, a expensas de la inversión extranjera directa y el empleo en Guatemala. En este punto, es altamente contraproductivo y realizado de manera consciente.
Ahuyentar la inversión de Guatemala contradice la política exterior oficial de Estados Unidos que consiste en trabajar de buena fe con el sector privado para crear oportunidades económicas. La política oficial es sólida y Guatemala tiene mucho que ofrecer como un socio económico. Al mismo tiempo, Guatemala es una fuente significativa de inmigrantes ilegales que tratan de aprovechar el laxo control fronterizo de Biden.
Sin embargo, el Departamento de Estado dice y hace dos cosas distintas. Si esta entidad implementaría su política, podría impulsar el crecimiento económico y el empleo en Guatemala, así como reducir la inmigración ilegal en Estados Unidos.
Con la ayuda de Estados Unidos, Guatemala podría convertirse en un punto focal para la inversión extranjera directa en la región. Con mejores calificaciones de riesgo que Costa Rica, Guatemala tiene indicadores sólidos en términos de estabilidad financiera, banca responsable, bajo nivel de inflación, amplias reservas monetarias, bajos déficit público y deuda, y su compromiso hacia el libre comercio. Países como Estados Unidos y Australia están alejando el enfoque de sus economías de Asia y Guatemala tiene el potencial de aprovechar esa oportunidad.
La necesidad de nuevas relaciones
La conclusión que uno saca de las repetidas acciones de mala fe de los funcionarios del Departamento de Estado es que Estados Unidos no es un socio fiable, pues busca ahuyentar la inversión de Guatemala. Esto es desconcertante, porque Guatemala ha sido un socio inquebrantable de Estados Unidos y de sus aliados, como Taiwán, Israel y Ucrania.
Guatemala tiene opciones. Puede iniciar por dejar de depender en Estados Unidos y las oenegés para la creación de empleo. El sector privado guatemalteco debe asociarse con negocios y líderes políticos de cualquier país que estén dispuestos a trabajar juntos de buena fe para alcanzar el desarrollo de Guatemala.
La economía y el sistema político estadounidenses no están confinados en Washington DC. Guatemala todavía puede trabajar con otros niveles de gobierno en Estados Unidos. Los estados de la costa del golfo desde Texas hasta Florida son opciones disponibles para el comercio, y no todos los gobiernos en esos estados están vinculados con la administración Biden. El sector privado de Guatemala debe explorar oportunidades de inversión y negocio de buena fe con todas las partes que muestren voluntad a lo largo de Estados Unidos y donde sea.
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