Causas de la violencia electoral en Colombia

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Colombia está descendiendo hacia el estatus de Estado fallido, con una creciente violencia política y muchas áreas del país abandonadas por el gobierno nacional. Un reporte de Naciones Unidas de 2021 documentó un retroceso a los niveles de violencia de 2016, año en el que se daban las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Decenas de pandillas — ya sean guerrillas narcotraficantes o grupos paramilitares— están actuando desafiante y agresivamente. Esta violencia socava la poca y preciada estabilidad que tiene Colombia y la legitimidad de las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.

Esta investigación busca explicar la creciente violencia en Colombia, especialmente porque se relaciona y desvía el proceso electoral de 2022. Algunos factores convergen para aumentar los niveles de violencia política en Colombia, incluyendo:

• vacíos de poder en territorios abandonados por el Estado;
• funcionarios cooptados en la dictadura venezolana;
• consecuencias imprevistas del acuerdo firmado con las FARC;
• ganancias de la producción y tráfico récord de cocaína.

El 8 de marzo, Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, expresó preocupación sobre el crecimiento súbito de violencia en contra de líderes sociales en zonas predominantemente rurales. Bachelet urge al gobierno colombiano desmantelar los grupos de crimen organizado y responder a las quejas de civiles.

Las guerrillas surgieron hace seis décadas en Colombia. Dada su larga trayectoria de batallas entre sí, con organizaciones departamentales y con el gobierno central, estos grupos criminales se han fortalecido con una mayor organización e influencia en el gobierno. Ellos han consolidado dominio territorial y poderío económico para hacer sus expediciones sostenibles. El índice de percepción de corrupción califica a Colombia con un puntaje de 39 sobre 100. Este le ubica en el puesto 87 en el mundo, junto con naciones africanas como Etiopía y Marruecos.

Antes de 2016, el Estado colombiano enfrentaba a dos o tres grupos armados relevantes, entre ellos las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) — así como a un manojo de cárteles. Sin embargo, desde el acuerdo con las FARC (también conocido como el acuerdo de La Habana) y las amnistías, otros grupos armados se han tomado los territorios de las FARC. En estos grupos están algunas de las mismas personas involucradas, levemente camufladas y en grupos que no se acogieron al acuerdo, conocidos como disidentes. El resultado final que generan estos grupos es más violencia.

Colombia se enfrenta a seis significantes conflictos armados y, aunque no todas las faccciones son conocidas y establecidas (ver diagrama), sigue representando una lucha poderosa. En 2021, Colombia tiene una tasa de homicidios de 26,8 por cada 100.000 habitantes. Esto está a la par de las tasas más altas del mundo — como Venezuela con 40,9 por cada 100.000— y el doble de las tasas de sus vecinos Ecuador y Panamá: 14,0 y 12,8, respectivamente.

Contexto electoral

El proceso electoral en Colombia inició un año antes de la elección legislativa cuando Registraduría publicó el calendario electoral oficial. Los candidatos tuvieron hasta diciembre de 2021 para registrarse oficialmente. Las elecciones legislativas — incluyendo 102 asientos en el Senado y 166 en la Cámara— se dieron el 13 de marzo de 2022. Las elecciones presidenciales están planificadas para el 29 de mayo y una segunda vuelta, el 19 de junio.

En el Senado, el Pacto Hisórico, una coalición anticapitalista, y el Partido Conservador ganaron 16 asientos cada uno. El Partido Liberal, la Coalición Verde y el Centro Democrático — partidos de centro y centro derecha— obtuvieron 15, 14 y 14 asientos, respectivamente. Estos partidos ocupan más de dos tercios del Senado. El acuerdo de La Habana garantiza a las exFARC cinco asientos en la Cámara y en el Senado hasta 2026.

La representación en la Cámara será más dispersa que en el Senado. En estas elecciones, grupos étnicos tuvieron la oportunidad de seleccionar a sus representantes en concordancia con el acuerdo de La Habana en los renombrados Distritos Especiales de Paz (Citrep). El Partido Liberal ganó 32 asientos, el Pacto Histórico y el Partido Conservador ganaron 25 asientos cada uno.

En las elecciones presidenciales de mayo 29, un candidato deberá tener más del 50% de los votos para ganar. Si ninguno lo logra, el resultado más probable, se realizará una segunda vuelta entre los candidatos con mayor número de votos el 19 de junio.

Coerción asfixiante

De acuerdo con un reporte de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), en Colombia se dieron 144 casos de violencia desde el 13 de marzo de 2021; es decir, justo un año antes de las elecciones legislativas. Grupos armados asesinaron a 22 personas, incluyendo políticos y periodistas a lo largo del país. Para comparar, en las últimas elecciones seccionales, en 2019, PARES reportó 116 casos de violencia electoral, incluyendo 20 asesinatos.

Medios de comunición locales y regionales han reportado en varias ocasiones amenazas violentas e incumplimiento de la ley en medio del proceso electoral. Esto incluye compra de votos y fraude electoral relacionado a los Citrep. Por ejemplo, en febrero, un grupo armado en Arauca secuestró a Guillermo Murcia, candidato para los Citrep. Horas después, mientras la noticia se viralizaba y mostraba los actos intimidantes, el grupo irregular lo soltó.

El día de las elecciones, dos militares murieron y otros dos fueron heridos como resultado de dos explosiones con bombas en La Macarena, Meta y San Vicente del Caguán, Caquetá. “Los grupos armados usan estos ataques, especialmente en zonas rurales, para demostrar su poder y hacer una declaración frente a los políticos”, dice Carlos Augusto Chacón, director académico en el Instituto de Ciencia Política de Colombia (ICP).

Enraízado en la historia colombiana

El crecimiento de violencia política en Colombia en años recientes está lejos de ser una nueva experiencia para el país. Economías ilícitas, narcotraficantes y grupos paramilitares se han vuelto parte de la identidad de la nación, pero son una iteración moderna de una nación acostumbrada al conflicto. Para 1900, Colombia había sufrido nueve guerras civiles, donde destacan principalmente conflictos entre el Partido Liberal y el Conservador.

En el siglo XX, el conflicto entre liberales y conservadores escalaría a una forma nunca antes vista. El denominado Bogotazo, por ejemplo, representa el periodo en el que Juan Roa asesinó al candidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, lo que desencadenó en una ola de crímenes a lo largo de Bogotá, la capital colombiana.

En 1958, el Partido Liberal y el Partido Conservador firmaron el Pacto de Benidorm, que establecía la alternancia de poder cada cuatro años para evitar el escalamiento del conflicto. Esto duró hasta 1974.

La Guerra Fría y la dispersión de la ideología comunista cubana catalizó las guerrillas marxistas en los 60, cada uno enfocándose en diferentes sectores del país. Las FARC fueron fundadas en 1964; el ELN, en 1965; y los ahora difuntos Ejército de Liberación Popular (EPL) y el Movimiento 19 de Abril (M-19), en 1966 y 1973, respectivamente.

En los 80, para combatir a la guerrilla, surgen los grupos paramilitares. Algunos de estos trabajaban como seguridad privada. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron el grupo paramilitar más grande, pero se desmantelaron en 2006. Muchos de estos grupos se enfrentaban a las guerrillas para proteger a tierratenientes de robo, extorsiones y agresiones.

La línea entre paramilitares, sin embargo, se volvió borrosa cuando se empezaron a juntar con narcotraficantes y a simpatizar con causas de la guerrilla. Las economías ilícitas como producción y tráfico de drogas hizo al crimen organizado rentable y dejó a unos pocos grupos actuando como seguridad privada.

En el siglo XXI, con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia colombiana, las FARC tuvieron que luchar para sobrevivir. El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, y la mano firme de Uribe, que incluyó la matanza de líderes guerrilleros, debilitaron no solo a las FARC, pero también a otras guerrillas como el ELN y el M-19. Los grupos paramilitares también empezaron a ser atacados debido a todos sus crímenes y disminuyeron en tamaño.

En 2019 y 2020, la administración de Iván Duque se enfrentó a una de las fuerzas opositoras más duras. Bogotá y Cali lidiaron con disturbios continuos por más de cuatro meses. Los participantes de las protestas exigían un mayor presupuesto para la educación superior y respuesta por los altos niveles de violencia, especialmente en los distritos Citrep. Tres personas murieron y 200 fueron heridas, todos civiles.

Así mismo, en abril de 2021, disturbios masivos tomaron lugar en algunas de las ciudades más grandes de Colombia como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Los manifestantes mostraron su descontento frente a una reforma de ley que hubiese aumentado impuestos para los colombianos.

Las protestas se volvieron violentas. En Cali, la policía y los protestantes usaron acercamientos agresivos. Como resultado de esto, un medio regional reportó 63 muertes a nivel nacional, de los cuales dos eran policías y el resto civiles.

El acuerdo se madura

En un intento para anular a los grupos armados cuando más débiles estaban en 2016, el gobierno colombiano — bajo el presidente Juan Manuel Santos— buscó un acuerdo de paz. Su equipo lo negoció en La Habana, Cuba, junto a las FARC marxistas y leninistas; y, en contra del deseo de los colombianos, cedió a mayores concesiones.

Chacón del ICP dijo al Impunity Observer que las fallas del acuerdo de paz han sido un aspecto clave en el actual recrudecimiento de la violencia. Mientras el gobierno dio amnistía a terroristas de las FARC, ellos nunca cumplieron su parte del trato. Chacón menciona, por ejemplo, que las FARC nunca se han sincerado sobre sus crímenes y métodos utilizados hacia los colombianos.

Santos, mientras negociaba con las FARC, redujo la presión de la milicia sobre las guerrillas. En medio de las negociaciones, las FARC expandieron sus operaciones a lo largo del país sin siquiera un acuerdo de cese al fuego. Luego de que el gobierno y las FARC firmaran el acuerdo de paz, grupos disidentes surgieron por todo el país. Los denominados grupos disidentes de las FARC son facciones de las exFARC que no se suscribieron al acuerdo de paz, así que continúan aterrorizando a la población mientras sobreviven de economías ilícitas.

En el artículo 2.3.6. del acuerdo de La Habana, el gobierno prometió la creación de los Citrep para promover una representación política más diversa. Los representantes de los Citrep en la Cámara y en el Senado son provenientes de los sectores con más riesgos electorales y más afectados por el conflicto armado. Algunos de estos distritos son Nariño, Chocó, Putumayo, Magdalena, Caquetá, Arauca y Bolívar Sur.

Debido al desorden en estos distritos, los Citrep han sido un aspecto muy controversial del acuerdo de La Habana. Chacón menciona que los Citrep son un tema complejo de analizar. Los candidatos no pertenecen específicamente a partidos políticos, pero sí a organizaciones de víctimas. Es difícil, sin embargo, definir exactamente quiénes son las víctimas porque pueden tener lazos con la guerrilla y ser víctimas de paramilitares o viceversa. Chacón dice que los distritos Citrep todavía son dominados por grupos armados como las disidencias de las FARC.

Las negociaciones del acuerdo de La Habana no fueron las primeras. El expresidente Belisario Bentancur también negoció con las FARC, el M-19 y otros grupos armados. Estas negociaciones fallaron a causa de una falta de apoyo político. El expresidente Andrés Pastrana también tuvo negociaciones con el ELN entre 1998 y 2002, pero no se hicieron efectivas. Todas las negociaciones proponían el retiro de agentes de la milicia colombiana de regiones específicas para quitar presión de las guerrillas.

Después de todos estos esfuerzos, el ELN y otros grupos armados están más activos que nunca. Desde el acuerdo con las FARC, cárteles mexicanos se han expandido hacia zonas vacías en Colombia. Además de su propio trabajo en las tierras, estos grupos contratan paramilitares, disdencias de las FARC y miembros del ELN para acceder a la masiva producción de cocaína en Colombia.

La siempre presente Venezuela

Venezuela, bajo la dictadura chavista, ha logrado obtener el estatus de Estado fallido y, el éxodo masivo que esto ha causado se ha regado a sus naciones vecinas. Sin embargo, el Estado colombiano también ha abandonado algunas ciudades cercanas a la frontera con Venezuela, por lo que han descendido al caos y una suerte de anarquía.

De esta forma, grupos armados colombianos han aprovechado la oportunidad para movilizar su actividad al otro lado de la forntera — lejos de las autoridades colombianas— y obtener recursos de Venezuela mediante la minería ilegal. El tráfico de personas se ha vuelto una nueva fuente de ingresos para estos grupos armados. Ellos controlan las trochas, pasos ilegales en la frontera, donde se les cobra a los migrantes por cruzarlas.

Eduardo Battistini, miembro del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela, reportó en febrero que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han emitido cédulas venezolanas a miembros de las guerrillas. También existen varios reportes de las guerrillas que poseen documentos de identidad venezolana, lo cual es consistente con la colaboración del régimen de Maduro y los grupos armados colombianos.

En 2019, la Revista Semana reveló una carta clasificada de la agencia de inteligencia del gobierno de Maduro. La carta advertía a los militares venezolanos, “por orden del presidente Nicolás Maduro Moros, deben evitar cualquier tipo de conflicto con los grupos rojos en zonas de entrenamiento. En cambio, les deben brindar apoyo logístico y entrenamiento”. De acuerdo con la revista, grupos rojos se refiere a las disidencias de las FARC y el ELN.

En febrero de 2021, Álvaro Díaz — líder del ELN— confirmó explícitamente en un video el apoyo y lealtad del ELN hacia la dictadura venezolana. También pidió al régimen confiar en el ELN y su ejército.

Más tarde en ese mismo año, la Revista Semana obtuvo acceso completo a la computadora del disidente de las FARC, Miguel Botache. Periodistas encontraron documentos que revelan con mayor proundidad la cooperación entre el régimen chavista y las guerrillas colombianas. Estos documentos muestran que las disidencias de las FARC pedían apoyo a la dictadura venezolana en busca de neutralizar ataques en su contra por parte de Estados Unidos y Colombia.

Según Bram Ebus — consultor en International Crisis Group (ICG)—existe un acuerdo tácito entre la dictadura venezolana y estos grupos. “Estos grupos no ven un enemigo en el ejército venezolano, como sí lo hacen en el colombiano”, explica Ebus.

Ebus resalta la importancia de Venezuela para los grupos armados debido a sus recursos, su ubicación estratégica y un gobierno cómplice. Los cárteles colombianos se han adueñado de ciertas zonas en Venezuela y han empezado a reclutar a niños y jóvenes del país, mientras el régimen simpatético mira hacia otro lado.

Conclusión

La creciente violencia en Colombia se debe a múltiples factores, y se deriva de una larga historia de conflicto interno. Hasta cierto punto es político, pero también es un juego de poder entre organizaciones de crimen organizado en busca de dominio e influencia. Los denominados acuerdos de paz parecen, al final, haber contribuido a una nueva ola violencia. Al proveer un espacio seguro y una frontera casi anárquica, el Estado fallido y corrupto de Venezuela tiene un rol fundamental en el fortalecimiento de estos grupos armados. Asimismo, la falta de presencia del Estado colombiano en zonas de conflicto cuando las FARC firmaron el acuerdo de paz ha derivado en el surgimiento de nuevos grupos en territorios donde antes las FARC dominaban.

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