La Oficina de Naciones Unidas para Proyectos Especiales (UNOPS) ha empeorado el desabasto de medicina en el sistema de salud pública de México.
En julio de 2020, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un acuerdo de cooperación con UNOPS para encargar el proceso de compras públicas de medicina a la organización. Su objetivo establecido era la lucha contra la corrupción y el compadrazgo.
La UNOPS, sin embargo, ha creado nuevas barreras de entrada en forma de requisitos especiales para posibles proveedores. Uno de los más controversiales es que los proveedores de medicina deben cumplir con políticas de igualdad de género. Este criterio nace a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 promovidos por las Naciones Unidas.
Ya que solo pocas farmacéuticas pueden probar el cumplimiento de requerimientos sobre igualdad de género, la UNOPS no ha podido comprar suficiente medicina. En junio de 2021, la UNOPS envió una carta a las autoridades diciendo que no podían comprar 653 tipos de medicina. Esto representa más de la mitad de las medicinas que necesitan los hospitales públicos.
El desabasto de medicina está socavando la salud pública y creando incentivos que exacerban la corrupción debido a que el estatus de proveedor se ha vuelto más lucrativo y codiciado. Esta investigación busca identificar cómo la operación de la UNOPS contribuye al desabasto de medicina en el sistema de salud pública de México y sus consecuencias.
Para revelar cómo se desarrolla el proceso de cooperación con la UNOPS, el Impunity Observer entrevistó a dos expertos en el sistema de salud pública mexicano y corrupción. Ellos son Irene Tello, coordinadora en Cero Impunidad, y Andrés Castañeda, coordinador en la Fundación Nosotrxs. Ambas organizaciones sin fines de lucro son miembros del colectivo Cero Desabasto, quienes monitorean la situación de salud pública en México.
El inicio del desabasto
El Centro de Investigación Económica ha revelado que el gasto de bolsillo en salud en la población más pobre aumentó en 78% entre 2018 y 2020. Esto surge a causa del desabasto de medicina. En promedio, el gasto de bolsillo en medicinas para los mexicanos fue de 41% más que en 2018.
Cero Desabasto señala que las personas diagnosticadas con cáncer, diabetes, hipertensión y VIH reportan quejas por falta de medicinas. Para ellos, la descontinuación de sus tratamientos puede amenazar sus vidas. Asimismo, pacientes con problemas de salud pueden perder la oportunidad de recibir un transplante. Este último es el caso de un paciente reportado por Cero Desabasto.
Como consecuencia, la venta de medicina falsa ha incrementado. La medicina falsa presenta un riesgo a la salud de un paciente porque puede estar contaminada, contener dosis dañinas, y/o haber expirado.
Desde 2019, el desabasto de medicina se ha vuelto más evidente. Según un reporte de Cero Desabasto, las prescripciones sin completar aumentaron de 0.9% en 2018 a 10.3% en 2021.
El cambio de guardia
Cuando AMLO tomo posesión en 2018, anunció una reforma al proceso de compras públicas de medicina. AMLO se opuso fuertemente al sistema previo porque, según él, fomentaba el oligopolio farmacéutico. Este involucraba a las compañías más importantes de México como Pisa, Calca y CPI. Él también argumentaba que “las administraciones anteriores protegían a los distribuidores de medicina”.
Castañeda y Tello dijeron al Impunity Observer que el antiguo sistema de compras públicas de medicina — que funcionó de 2014 y 2019— era relativamente efectivo. El Instituto Mexicano de Seguridad Social manejaba los procesos de compras públicas, incluyendo la distribución.
Anteriormente, las prescripciones sin completar permanecían estables con el pasar de los años. Cero Desabasto reportó una disminución en las prescripciones sin completar de 2017 a 2018. Estas fueron de 1.1 a 0.9%. Castañeda y Tello resaltaron que el sistema todavía tenía fallas en la cadena de suministro. Sin embargo, el desabasto permanecía estable y las compras de medicina eran más transparentes.
Tello dijo: “La administración de AMLO fue arrogante al criticar el antiguo sistema de compras públicas ya que este estaba abasteciendo de manera adecuada la medicina a los hospitales a lo largo del país. Ahora, la situación es más complicada. Las autoridades y la UNOPS no estaban preparadas para el trabajo”.
A inicios de 2019, AMLO hizo los primeros cambios al sistema de compras públicas de medicina. Después de que el Congreso pasara unas reformas a la Ley de Administración Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encargó de la compra de medicinas en el sector público.
En un comunicado, la administración de AMLO declaró: “Este nuevo sistema de compras, que es parte del plan de gobierno para luchar contra la corrupción, garantizará el abasto de medicinas en hospitales públicos”. Sin embargo, la SHCP no pudo cumplir con su cometido.
En mayo de 2021 — después de que la SHCP no tuvo éxito— AMLO anunció que el Instituto Mexicano de Salud y Bienestar (INSABI, el Ministerio de Salud de México) había firmado un acuerdo con la UNOPS. Su propósito era “mejorar el sistema de salud pública en el país”.
En una conferencia de prensa, él reveló que México pagaría más de US$2 billones de dólares a la UNOPS para aliviar el desabasto de medicina. De acuerdo con el secretario de salud pública, Jorge Alcocer, el pago de $2 billones representa solamente el 76.6% de lo que el gobierno central le pagará a la UNOPS.
El acuerdo durará hasta 2024, cuando el gobierno podrá elegir si lo renueva. De 2014 a 2019, el gasto público en salud bajó, relativamente al PIB de México, de 2.89 a 2.68%. En 2020, después del acuerdo entre UNOPS e INSABI, hubo un incremento de 3.15% en el gasto en salud pública. A pesar del incremento de gasto, el desabasto ha aumentado en estos últimos tres años.
Cómo la UNOPS ha fomentado el desabasto
Castañeda dijo: “Ni el gobierno ni la UNOPS estaban conscientes de la complejidad del sistema de compras públicas”. La UNOPS pidió el pagó antes de realizar las compras. Según la Ley de Adquisiciones, el gobierno solo podía pagar después de recibir la medicina. Para asegurar el acuerdo con la UNOPS, el Congreso reformó la legislatura.
“Superar esta restricción legal tomó mucho tiempo y [el pago atrasado] ralentizó el proceso de adquisición de medicamentos para los hospitales mexicanos”. Sin embargo, este no fue el único factor que aumentó el desabasto de medicina.
En adición a los requisitos federales para compras públicas, la UNOPS ha impuesto otras condiciones para las farmacéuticas. Muchas han luchado para cumplir con estos requisitos, pero no lo han logrado, lo que les impide proveer de medicinas al sistema de salud pública.
Entre los requisitos usuales están que las compañías deben probar su disponibilidad y capacidad para cumplir con la orden. También deben presentar los precios de la medicina, su calidad y otras propiedades.
Ya que la UNOPS se enfoca en la agenda de las Naciones Unidas y los ODS, también evalúa el aspecto ético de cada compañía. De acuerdo con el manual de compras públicas de las Naciones Unidas y la UNOPS: “Las Naciones Unidas están determinadas a comprometerse en relaciones comerciales con empresas que compartan nuestra visión de derechos humanos, justicia social, dignidad humana y respeto por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres”.
Por lo tanto, la UNOPS exige que las empresas, si desean tratar con el sistema de salud pública, cumplan con los requisitos de orientación social. La igualdad de género es una de las condiciones más importantes. El requisito dentro del manual de UNOPS es impreciso, con un enfoque hacia el 50% de cada género. El límite de género aceptable preciso no es público. Esto parece dejar margen de maniobra para la discreción y la subjetividad sobre qué empresas cumplen.
Los requisitos se vuelven más oscuros ya que las compañías deben garantizar que ni la compañía ni ninguno de sus empleados contribuyen a la fabricación de minas antipersonales. En medio de altos grados de informalidad económica, las compañías se exponen a una autoincriminación. Estas deben emitir garantías de que no contratan niños y que no tienen casos de explotación sexual en el sitio de trabajo.
Castañeda explica que muchas farmacéuticas, especialmente las más pequeñas, no pueden cumplir con los nuevos requisitos. Para él, estas condiciones han contribuido a la ralentización en el suministro de medicina para los hospitales públicos.
Otra razón es la falta de coordinación. Las compañías contratadas se enfrentan a incertidumbre y muchas no pueden preparar tales cantidades enormes de medicina en tan poco tiempo. Debido al mal manejo de comunicación entre autoridades y la UNOPS, ellos no han recibido la información sobre los tipos de medicina y las cantidades que necesitan a tiempo.
A la luz del sostenido desabasto, el gobierno puso las manos a la obra en medio del acuerdo con la UNOPS. La administración de AMLO trató de comprar las medicinas faltantes, especialmente las más críticas. Aún así, falló con suplir la demanda.
“A pesar de la buena intención de la UNOPS, su agenda terminó contribuyendo a la falta de medicamentos en México”, dijo Castañeda. Para él, los mexicanos están pagando el precio del fracaso de la UNOPS.
Compras públicas opacas
Castañeda explica que un sistema que no funciona bien abre las puertas a la corrupción. El gobierno está usando el dinero de sus contribuyentes — a través de compras públicas a dedo— para comprar medicina que la UNOPS no está consiguiendo. Los hospitales públicos están evitando a la UNOPS y, como mejor pueden, consiguiendo medicina de otras farmacéuticas.
En noviembre de 2021, María Pérez — legisladora del Partido de Acción Nacional— acusó a la administración de AMLO de encubrir los procesos oscuros de la UNOPS. El proceso de compra de medicamentos de 2021 estuvo lleno de irregularidades.
La UNOPS retrasó el proceso por más de seis meses. Luego, no sacó la información de criterios de selección y resultados a tiempo. Sin embargo, diarios locales e internacionales han reportado el incremento del desabasto. En mayo de 2021, de los 724 millones de ítems que se debían comprar para suplir a los hospitales, solo 60 millones habían sido entregados o tenían orden de entrega.
Pérez presentó una carta al Instituto de Transparencia de México buscando generar presión y responsabilidad por parte de la UNOPS. Ella dijo que el hecho de que la UNOPS no se deba hacer responsable hacia la justicia mexicana incita la corrupción en una operación que involucra billones de dólares de los contribuyentes mexicanos.
Pérez asegura haber presentado 21 solicitudes de información sobre compras de medicina. Sin embargo, ella no ha recibido respuesta alguna. Esto no es una sorpresa para ella. Pérez cree que el gobierno y la UNOPS no tienen un registro de documentos confiable para la mayoría de los casos.
En una tonada similar, Tello contó al Impunity Observer que “con el nuevo sistema de compras públicas de medicina con UNOPS, la información no está ampliamente disponible. La UNOPS no presenta información constantemente sobre las compras. La UNOPS publica información interactiva y entretenida, pero no sabemos si es completamente cierta”.
Con el sistema de compras vigente hasta 2019, los números estaban disponibles y claros. La información era accesible tanto en internet como en las oficinas de las agencias federales pertinentes.
El acuerdo entre el INSABI y la UNOPS no solo que ha obtenido resultados negativos, sino que ha empeorado el desabasto de medicina en el sector público. El sistema de compras públicas no es transparente y crea los incentivos incorrectos, que llevan a una mayor corrupción.
Sin tener en cuenta la complejidad y las deficiencias, AMLO subcontrató a una agencia de las Naciones Unidas, impulsada ideológicamente, para cumplir un rol de vital importancia. Por ejemplo, la UNOPS antepone la misma cantidad de empleados femeninos y masculinos en las farmacéuticas a la vida de las personas.
Los mexicanos están sufriendo, y los más pobres son los primeros en sentir el golpazo de un sistema de salud pública fallido. Además de más dinero de los contribuyentes siendo dedicados al suministro de medicamentos, la gente ha aumentado sus gastos en productos farmacéuticos durante los últimos cuatro años.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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