La Convención Constitucional de Chile — organismo encargado de escribir la nueva constitución— presentará la propuesta final ante el presidente Gabriel Boric en julio de 2022. Los chilenos, sin embargo, votarán obligatoriamente el 4 de septiembre ya sea para aprobarla o rechazarla.
Considerando el borrador de 132 páginas — listo desde mediados de mayo— si se aprueba, la nueva constitución abandonaría el modelo económico de libre mercado que ha impulsado el desarrollo en Chile. Esta constitución causaría daño al estado de derecho porque permitiría a las nacionalidades indígenas practicar sus reglamentos ancestrales y tiene ambiguedad en la jerarquía de derechos. Si los chilenos rechazan la propuesta de constitución, Chile permanecerá con la vigente constitución.
Más de tres cuartos de los chilenos votaron a favor de una nueva constitución en octubre de 2020. Sin embargo, una agenda izquierdista y el deseo de leyes discriminadoras han socavado el proceso e intento de una ley fundacional para Chile.
Encuestas recientes están ilustrando el descontento y la caída del apoyo por la nueva constitución. Según una encuesta del 12 de junio, conducida por la empresa Cadem, el 42% de chilenos se oponen al borrador; 39% están a favor; y 16% están indecisos.
Para entender el impacto de la nueva constitución en la prosperidad chilena, esta investigación observa tres factores para el crecimiento del país en estas tres últimas décadas. Estos son derechos de propiedad, estado de derecho y libertad económica.
En adición a realizar un análisis del borrador, el Impunity Observer conversó con tres expertos sobre el tema. Los entrevistados son: Jorge Gómez — coordinador en la Fundación Para el Progreso (FPP Chile)—; Guillermo Holzmann — politólogo, analista y académico en la Universidad de Valparaíso—; y María Emilia Undurraga — coordinadora en el Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián y ex ministra de agricultura—.
¿Es necesaria una nueva constitución?
Por décadas, Chile ha sido un pionero en Latinoamérica en cuanto a institucionalidad y prosperidad. La nueva constitución, por lo tanto, tendrá el desafío de asegurar la continuación del estado derecho y la protección de libertades fundamentales.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Chile tiene el tercer estado de derecho más confiable en América Latina. El puntaje de Chile en 2021 es 0.66 sobre uno, por detrás solo de Uruguay y Costa Rica, que tienen puntajes de 0.71 y 0.68, respectivamente.
Chile, además, ha sido una de las economías más competitivas en el continente. La economía chilena tuvo un puntaje más alto que Estados Unidos en el último Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation. El puntaje de Chile es 74.4 sobre 100, mientras que sus vecinos Perú y Argentina tienen 66.5 y 50.1 puntos, respectivamente.
En cuanto a calidad de vida, los chilenos gozan la expectativa de vida más alta de Sudamérica. En promedio, los chilenos tienden a vivir hasta los 80 años. Los ecuatorianos, argentinos y peruanos tienen una expectativa de vida de 77 años, y los bolivianos solo viven 72 años en promedio.
Undurraga asegura: “Chile ha evolucionado más rápido que sus vecinos, pero todavía queda mucho por recorrer”. Ella cree que la mayoría de chilenos no perciben los logros del país, como mejor acceso al sistema de salud en comparación con sus vecinos. Los chilenos, a pesar de superar a sus vecinos, no creen que ha existido suficiente progreso en el país.
Cómo llegamos a este punto
La constitución chilena válida se remonta a 1980, cuando Augusto Pinochet era dictador. Sin embargo, los presidentes han hecho algunas enmiendas desde entonces.
En 2005, el entonces presidente Ricardo Lagos firmó la constitución actualizada con 58 reformas. En una entrevista con CNN en 2020, Lagos mencionaba que esas reformas quitaron todos los vestigios de autoritarismo que quedaban en la constitución de 1980.
Estas reformas incluyeron: (1) recortar el periodo presidencial de seis a cuatro años sin reelección inmediata, (2) permitir que el congreso fiscalice al ejecutivo, (3) quitar posiciones vitalicias del congreso y (4) quitar el role de supervisor de institucionalidad de las Fuerzas Armadas.
Muchos chilenos, sin embargo, todavía se oponen a la constitución creada durante la dictadura. Por ejemplo, Undurraga contó al Impunity Observer: “Yo voté a favor de una nueva constitución porque nosotros [los chilenos], como sociedad, necesitamos un consenso y construir una base de unidad”.
Como respuesta a demandas ciudadanas, en 2017, la entonces presidenta Michelle Bachelet presentó una propuesta para crear una convención constitucional. No pasó, por lo que en marzo de 2018, Bachelet presentó una propuesta de constitución. Esta tampoco logró el apruebo constitucional.
Aunque ambos intentos de Bachelet para una nueva constitución fallaron, el descontento popular con el sistema político creció. Todos los expertos que el Impunity Observer entrevistó estaban de acuerdo en que las protestas de Chile en 2019 fueron la gota que derramó el vaso.
Las protestas surgieron como reacción en contra del alza del pasaje de metro, que aumentó de 800 a 830 pesos chilenos, cerca de $1.30. Gómez explica que mientras más se juntaban otras organizaciones, nacían nuevas peticiones. Las protestas venían con llamados para reducir la desigualdad, mejorar la salud pública e incluir protecciones de salario como un sueldo universal.
Gómez y Holzmann argumentaron que todas esas demandas convergieron en el deseo de una nueva constitución. Los académicos también contribuyeron a este deseo a través de artículos en revistas académicas y declaraciones públicas. Por ejemplo, la profesora Miriam Henríquez de la Universidad Alberto Hurtado dijo a BBC que los chilenos necesitan una nueva constitución debido al orígen ilegítimo de la vigente y se necesita la inclusión de todas las personas.
¿Puede la nueva constitución amenazar la propiedad privada?
El borrador de la nueva constitución sí incluye el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, deja su aplicación en un área gris al permitir la expropiación cuando la tierra se pueda tratar de un bien público.
El artículo 78 del borrador dice: “el propietario siempre tiene derecho a recibir el ‘precio justo’ a cambio de los bienes expropiados”. También menciona que una ley específica sobre propiedad privada brindará más detalles sobre expropiación.
El borrador no incluye una definición de “precio justo”, lo que podría resultar en una controversia. Para Gómez, el término quedaría sujeto a la interpretación y aplicación de políticos. Él asegura que sería más claro reemplazar precio justo por precio del mercado porque es algo objetivo que estudios de mercado puede determinar.
De acuerdo con Holzmann, la propiedad privada no está en riesgo. No obstante, él reconoce que al borrador le hacen falta definiciones concretas para términos como el caso de precio justo en expropiaciones. Él reconoce que el artículo que garantiza redistribución de tierras a las comunidades indígenas no queda claro el cómo se lo realizará, ya que esto puede significar una violación a los derechos de propiedad.
En contraste, Undurraga cree que la nueva constitución socavaría la propiedad privada. Para ella, la redistribución de tierras a través de la expropiación es una posibilidad en la que el estado pagará un “precio justo” a los dueños para dar las tierras a otras personas. Undurraga dijo que esto solo crearía más incertidumbre.
La constitución de 1980 establece: “Nadie puede, en ningún caso, ser privado de su propiedad, ni de cualquiera de las facultades o poderes esenciales del dominio, sino en virtud de una ley especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá protestar la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a ser resarcido del daño patrimonial efectivamente causado, que será determinado por acuerdo o por sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización se pagará en efectivo”.
Fitch Ratings, una agencia crediticia conocida a nive mundial que crea el índice de Riesgo País, ha expresado en un artículo que lo establecido en el borrador “no elimina la incertidumbre en cuanto al ambiente de negocios y las funciones del estado”. Similar al análisis de los entrevistados, Fitch reconoce algunos puntos se quedan sin clarificar en la propuesta de constitución. No obstante, Fitch también menciona que “la convención rechazó muchos aspectos que afectaban al ambiente de negocios”.
Otro aspecto a considerar en cuanto a incertidumbre son los derechos de la naturaleza. La propuesta de constitución, en el artículo 103, otorga derechos a la naturaleza como su manutención y reestructuración de ciclos naturales. “No queda claro si los derechos a la naturaleza son más importantes que los de propiedad, ni si podrían permitir la expropiación”, explicó Holzmann.
Estado de derecho al tacho
El borrador de la constitución tiene un acercamiento “intercultural” y “plurinacional” a la justicia. En contraste a la vigente constitución que establece un sistema nacional de justicia, el borrador busca permitir que las nueve nacionalidades indígenas que residen en Chile ejerzan su propio sistema de justicia (Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Diaguita, Atacameño, Quechua, Colla, Chango, Yagán, Kawashkar).
La propuesta de constitución dice: “En el caso de los pueblos indígenas, los tribunales y sus funcionarios deben adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de los asuntos de su competencia, teniendo en cuenta las costumbres, tradiciones, protocolos y sistemas normativos de los pueblos indígenas, de conformidad con los derechos humanos internacionales, tratados e instrumentos de los que Chile es parte”.
Undurraga argumenta que esta distinción podría fomentar la polarización entre chilenos, incluso si su objetivo es promover el consenso: “El borrador dividirá nuestra sociedad, dando autonomía a ciertos territorios y reconociendo diversos sistemas de justicia dentro del estado”.
Tal diferenciación de sistemas judiciales también podría socavar al estado de derecho. Explícitamente bajo este acercamiento constitucional, no todos son iguales bajo la ley.
“Todavía no sabemos cómo va a interactuar el Estado con los diferentes sistemas judiciales, o cómo van a interactuar entre sí. Debemos recordar que tendremos nueve sistemas judiciales diferentes además del chileno”, le dijo Undurraga al Impunity Observer.
Gómez asegura que la nueva constitución, si se acepta, no servirá de contrapeso a los gobernantes ni a los grupos de poder. En cambio, “le dará mayor poder de toma de decisión a los políticos, dejando definiciones ambiguas a su merced”. Además del término indefinido de precio justo, el borrador incluye otros conceptos sin claridad como “bienes naturales comunes”. Su significado permanece sin claridad.
Gómez explica que los políticos están confundiendo a la constitución por un plan político. Para ilustrar, Gabriel Boric está llamando constantemente a que los chilenos voten por el apruebo de la nueva constitución.
Avanzando hacia un estado de bienestar
Para los tres expertos, era predecible que Chile avanzara hacia un estado de bienestar, entendiéndose como la provisión masiva y amplia de servicios públicos. Gómez comenta que la sociedad chilena ha ido adquiriendo nuevos valores sociales a través de la educación y la movilidad social. Mientras adoptaban valores más progresivos y cosmopolitas, la búsqueda del estado de bienestar se volvió más pasional.
Los politólogos Ronald Inglehart y Hans Welzel detallan en su libro Modernización, cambio cultural y democracia: la secuencia de desarrollo humano cómo el enriquecimiento de una sociedad lleva a la evolución de sus valores. Ellos concluyen en que es natural que las sociedades vayan por un camino progresista mientras evolucionan.
Si bien la nueva constitución busca expandir el estado de bienestar — incluida la atención médica universal y el derecho a la educación superior gratuita— esta no enfatiza la creación de riqueza en la sociedad. “Si el Estado no se enfoca en la producción de riqueza, este no será capaz de proveer todos estos servicios”, dijo Gómez. Si ese es el caso, todos los nuevos derechos y servicios se quedarán en el papel.
El gasto público se financia principalmente a través de impuestos, aranceles y préstamos para inversión a corto y largo plazo. El gasto social no es la excepción y debe ser pagado. “Con una economía estancada y todas las promesas de que el Estado brinde nuevos servicios, me preocupa que el gobierno incurra en en deuda para poder pagarlos”, dijo Gómez al Impunity Observer.
El borrador, por ejemplo, desmantelaría la industria minera, un sector económico fundamental en el país. Aunque la convención no incluyó la propuesta de nacionalizar las compañías mineras en el documento final, las leyes propuestas impedirían profundamente la inciativa privada en la minería.
La propuesta de constitución regularía fuertemente la minería — incluyendo reparaciones, tierras propiedad del Estado y el tratamiento especial a mineros artesanales—. El legislativo tendría que crear una nueva ley de minería para dar mayor especifidad en el tema.
A pesar de la abrumadora aprobación de la idea de una nueva constitución en 2020, el futuro del sistema político chileno es incierto. Parece que el proyecto constitucional ha ignorado las prioridades de los ciudadanos que respaldaron este esfuerzo. Ellos apoyaron la creación de una nueva constitución para construir un consenso nacional y lograr la prosperidad común.
La propuesta de nueva constitución se centra en los resultados más que en los medios. Se enfoca en la protección de los derechos humanos y ambientales, la justicia plurinacional y el estado de bienestar, pero ignora la creación de riqueza. El estado de derecho, el derecho de propiedad y las libertades fundamentales se han convertido en asuntos de interés secundario.
Aunque el presidente Boric es partidario de la aprobación de la nueva constitución, reconoció que aceptaría la decisión de los chilenos. El futuro del documento es incierto y los chilenos tienen hasta el 4 de septiembre para decidirse.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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