El 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) revocó el caso Roe v. Wade, cimentando la condición de Donald Trump como el presidente más consecuente desde Ronald Reagan. Este resultado también ha centrado la atención en cómo los funcionarios estadounidenses promueven la comúnmente denominada salud reproductiva en el exterior por medio de la asistencia internacional.
Como se predijo, la violencia izquierdista hacia la Corte Suprema para deslegitimar su autoridad ha aumentado a raíz de esta resolución. Este era un resultado inevitable del lenguaje incendiario utilizado por los líderes demócratas, como el senador por Nueva York Chuck Schumer y la congresista por California Maxine Waters, con respecto a los fallos de SCOTUS y las protestas violentas en general. Veintisiete demócratas votaron en contra de proveer mayor protección a los jueces de la Corte Suprema, incluso después de que se detuvo un intento de asesinato en contra del juez Brett Kavanaugh.
La decisión de SCOTUS provocó reacciones internacionales, especialmente entre los líderes de Europa, donde la rigidez de las regulaciones sobre el aborto es variada. Los jefes de Estado entraron en la discusión sabiendo que el Gobierno de Joe Biden no protestaría sobre la violación de normas diplomáticas en un asunto tan importante para el movimiento progresista internacional. Partiendo marcadamente desde el decoro internacional, los líderes internacionales arremetieron en contra de la decisión de la más alta corte de EE. UU. Los líderes políticos de los países del G7 quedaron espantados con la decisión de SCOTUS.
Encuestas de opinión global muestran que la persmisibidad al aborto no es una opinión mayoritaria en todos los lugares todo el tiempo, pero eso no detuvo a los líderes políticos de comentar acerca de asuntos nacionales de Estados Unidos. El primer ministro inglés Boris Johnson llamó a la decisión de SCOTUS un “gran retroceso”. En Francia, donde el aborto no es un derecho fundamental, el presidente Emmanuel Macron tuiteó:
“El aborto es un derecho fundamental para todas las mujeres. Debe ser protegido. Quiero expresar mi solidaridad con todas las mujeres, cuyas libertades han sido socavadas por la Corte Suprema de Estados Unidos.”
El primer ministro de Canada Justin Trudeau describió la desición como horrorosa, diciendo:
“Mi corazón está con las millones de mujeres estadounidenses que ahora están condenadas a perder el derecho legal del aborto. No puedo imaginar el miedo y enojo que están sintiendo ahora.”
Desde Guatemala, Edwin Asturias, exdirector ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia de la Covid-19 – homónimo de Anthony Fauci– dijo:
“La SCOTUS hoy cercenó un derecho de millones de mujeres de decidir sobre su cuerpo. La vida es sagrada, pero la hipocresía del [movimiento] anti-aborto que deja morir niños de malnutrición, marginados sin vacunación, y seres humanos de pobreza es innegable. Un vil retroceso.”
Que el mismo gobierno de EE. UU. acepte las condenas ha invitado a un nivel sin precedentes de intromisión extranjera en los asuntos internos estadounidenses. Varias agencias de Estados Unidos se han expresado como consecuencia de la decisión del caso Dobbs v. Jackson. Al hacerlo, ellos han establecido la narrativa. Cuando el gobierno de EE. UU. habla de “salud reproductiva”, esto incluye el aborto.
El secretario de Estado Antony Blinken vinculó públcamente “servicios de salud reproductiva” con aborto en un tuit reciente publicado como respuesta a la resolución de la Corte Suprema.
“El Departamento de Estado permanecerá completamente comprometido en apoyar el acceso a servicios de salud reproductiva y avanzar los derechos reproductivos alrededor del mundo. [Énfasis hecho por el autor.]”
El secretario de seguridad Lloyd Austin hizo una declaración similar:
“El Departamento [de Seguridad] está examinando esta decisión de forma detallada y evaluando nuestras políticas para asegurarnos que continuemos dando acceso continuo a la atención de salud reproductiva como lo permite la ley federal. [Énfasis hecho por el autor.]”
Las posiciones públicas adoptadas por los funcionarios del gobierno de EE. UU. son problemáticos. Pagar por o promover el aborto con dinero de los contribuyentes, especialmente en el exterior, es una violación a la ley estadounidense. Por ejemplo, la Usaid desembolsa fondos para salud reproductiva en países como Guatemala, un país que ha sido celebrado por tener una posición oficial pro-vida. Dada la propia declaración de Blinken, no es nada raro creer que por salud reproductiva el Departamento de Estado se refiere a aborto. Este asunto merece investigación inmediata por parte del Congreso.
El próximo Congreso de EE. UU. debe investigar la promoción y financiamiento del aborto por parte del gobierno de Estados Unidos, como un asunto legal. La enmiendo Helms a la Ley de Asistencia Internacional de 1961 prohibe “el uso de asistencia exterior para pagar la realizacion de aborto como un método de planificación familiar o para motivar o coercionar a cualquier persona a practicar un aborto”. La enmienda Hyde “prohibe el uso de fondos federales para la cobertura de cualquier beneficio de salud, incluyendo aborto”. Además, la enmienda Sijilander “prohibe el uso de los fondos para incidir políticamente a favor o en contra del aborto”.
La ley estadounidense es clara: el aborto no puede figurar en la política exterior de Estados Unidos. Tambien es claro que los burócratas federales actuales no están en concordancia con el espíritu de la ley estadounidense en la materia. Esto causa confusión y conflicto, no solo dentro de Estados Unidos pero también con nuestros aliados clave en las Américas.
Guatemala es un buen ejemplo. La sociedad guatemalteca no comparte los valores de los progresistas que actualmente ostentan el poder en el Gobierno de EE. UU. Especialmente en un momento en el que Estados Unidos dice estar preocupado por la expansión del socialismo y la penetración de China en la región, sería conveniente que Estados Unidos no aleje innecesariamente a un aliado clave como Guatemala al impulsar una posición controversial que no es ni siquiera una postura de consenso interno dentro de EE. UU.
En un sistema político interno, oficialmente compuesto por naciones soberanas, Estados Unidos haría bien en respetar el hecho de que muchos países encuentran repugnante al progresismo estadounidense. Al fin y al cabo, esta degradación del poder suave de EE. UU. afecta a la seguridad nacional. No todos se compran la basura que el gobierno está vendiendo, ni siquiera dentro de Estados Unidos.
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