La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada en 1959, se ha dedicado a promover derechos sociales por encima de derechos naturales. Los gobiernos de Guatemala, Colombia y Ecuador han denunciado abiertamente que esto se debe a un sesgo ideológico de izquierda, que cada vez se hace más evidente.
En su reporte anual de 2021, por ejemplo, la CIDH condenó la prohibición del aborto en Guatemala y catalogó la decisión como una violación a los derechos de las mujeres. El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, por otro lado, recalcó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el derecho a la vida desde la concepción—como está en la Convención Americana de Derechos Humanos de la misma OEA.
El objetivo de esta investigación es examinar, delinear y abrir la conversación con respecto al dominio colectivista en la CIDH, un tema que recibe escasa atención. Para este propósito, el Impunity Observer entrevistó a Jason Poblete, abogado especializado en derechos humanos y presidente de la Global Liberty Alliance; Mauricio Alarcón-Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD); y Sabrina Peláez, miembro de la Global Liberty Alliance en Uruguay.
Una revisión a los derechos humanos
La comunidad internacional (organizaciones con estados miembros como las Naciones Unidas y el Consejo Europeo) clasifica a los derechos humanos en tres generaciones: (1) civiles y políticos, (2) económicos y sociales (3) y de solidaridad.
Los derechos de primera generación brindan facultades políticas y civiles, asegurando la libertad individual. Estos incluyen el derecho a la vida, a votar, a la propiedad privada, a la libertad de expresión e igualdad ante la ley. También son conocidos como derechos naturales.
Los derechos de segunda generación, en contraste, expanden el rol del Estado en asuntos sociales, económicos y culturales. Bajo este marco, los gobiernos deben proveer de educación y salud universal, vivienda y empleo. La tercera generación de derechos humanos incluye la autodeterminación de los pueblos, desarrollo socioeconómico y un medioambiente sano.
En un debate en desarrollo, organizaciones y académicos están debatiendo sobre nuevas y más amplias generaciones de derechos. Las propuestas de una cuarta y quinta generación buscan la protección de animales y otros actores no humanos, así como el acceso universal a internet y una serie de prebendas adicionales.
Peter Myers, profesor de ciencia política en la Universidad de Wisconsin-Eau Claire, analiza que aquellos derechos aparte de los de primera generación “no buscan garantizar el ejercicio de facultades humanas, sino como la satisfacción de necesidades humanas”. Para Myers, estos derechos crean una concepción del humano como un ser “necesitado”, lo que dificulta conocer las bases para los derechos.
El estado actual de la CIDH
La CIDH es un órgano autodenominado autónomo de la OEA, con el objetivo de promover los derechos humanos en el continente. Con un total de 152 empleados, la CIDH está compuesta por 63 funcionarios, 79 consultores, tres profesionales asociados y siete comisionados.
Financiado por los miembros estado y la comunidad internacional, el presupuesto de la CIDH se divide en fondos regulares y específicos. Con un total de $10,07 millones, el fondo regular del 2021 fue el 58% de su financiamiento anual. El fondo regular viene del presupuesto de la OEA a través de contribuciones de sus principales donantes: Estados Unidos, Canadá y México.
Los fondos específicos sumaron un total de $7,25 millones. Estados miembro como Estados Unidos, Canadá, Panamá, México y Costa Rica y observadores permanentes como la Unión Europea contribuyeron a estos fondos en 2021.
El fondo regular financia las operaciones habituales. Debido a que su personal y presupuesto son limitados, Alarcón-Salvador resalta que la CIDH ha enfocado sus esfuerzos en la promoción de casos individuales. Alarcón-Salvador —quien se ha esforzado con FCD para promover la libertad de expresión y transparencia gubernamental— explicó al Impunity Observer: “Cuando un caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH sirve de una suerte de fiscal, acompañando a las víctimas y a sus abogados”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una “institución legal, cuyo objetivo es interpretar y aplicar la Convención Americana”. Aunque se preste para confusión, dadas las mismas iniciales, la corte es diferente a la CIDH, pero también forma parte del sistema interamericano.
Los fondos específicos de la CIDH, en cambio, financian proyectos y derechos específicos. Mientras algunos se enfocan en promover la justicia, otros se enfocan en promover derechos de las mujeres, la comunidad LGBT, afrodescendientes y otros sectores de la población —asuntos que se enmarcan en la denominada política identitaria—.
Aparte de los deseos de los donantes, la CIDH promueve y protege derechos de acuerdo a la población. Los siete comisionados ayudan a transmitir estas demandas a la organización.
Elegidos por la Asamblea General de la OEA, los comisionados tienen un periodo de cuatro años. El estatuto de la CIDH establece que “su rol es incompatible con otras funciones que puedan afectar la independencia o imparcialidad de los miembros o la dignidad o prestigio de la Comisión”. Sin embargo, en las últimas décadas, personas abiertamente de izquierda han ocupado estas posiciones, levantando dudas sobre el mandato de la CIDH.
Actualmente, los siete comisionados son:
- Julissa Mantilla es relatora para Argentina, Barbados, Brasil, El Salvador y Uruguay. Sus temas son mujeres; memoria, justicia y verdad.
- Stuardo Ralón es relator para Cuba, Ecuador, Haití, Paraguay, Perú y Suriname. Su tema es las personas privadas de libertad.
- Margarette May Macaulay es relatora para Antigua y Barbuda, Bahamas, Canadá, Dominica, República Dominicana y Santa Lucía. Sus temas son los afrodescendientes y los derechos de los adultos mayores.
- Esmeralda Arosemena es relatora para Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela. Sus temas son niños y adolescentes y pueblos indígenas.
- Joel Hernández es relator para Belize, Bolivia, Chile, Colombia y San Cristóbal y Nieves. Sus temas son los defensores de derechos humanos.
- Roberta Clarke es relatora para Estados Unidos, Guyana, Jamaica y Panamá. Su tema es la comunidad LGBTI.
- Carlos Bernal es relator para Costa Rica, Granada, Honduras, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Su tema es personas con discapacidades.
Además, Pedro José Vaca es relator especial para la libertad de expresión, y Soledad García es relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y de la naturaleza. Ninguno se enfoca en una región específica.
Inclinaciones de los funcionarios de alto rango de la CIDH
Hemos examinado siete de los excomisionados más recientes de la CIDH y un exsecretario de la CIDH, quienes salieron de sus puestos desde 2014 y emiten comentarios públicos. Al tomar posiciones en temas controversiales, estos individuos muestran estar alineados con la izquierda.
Una minoría, tres de ocho, no tenían perfiles activos en redes sociales ni opiniones públicas, así que no los pudimos citar en el artículo. Estos individuos podrían inclinarse hacia los conservadores, pero ninguno de los comisionados más recientes se ha expresado a favor de candidatos o movimientos de derecha.
Paulo Abrao fue secretario de la CIDH de 2016 a 2020. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, negó la reelección de Abrao en septiembre de 2020. Abrao tiene más de 60 denuncias en su contra por abuso laboral y abuso de poder.
Abrao apoya abiertamente a los movimientos de izquierda en el continente, especialmente en Brasil. Alarcón-Salvador reveló que Abrao era miembro del Instituto Lula —un tanque de pensamiento que destaca al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
El Impunity Observer solicitó una entrevista con Abrao. A pesar de aceptar inicialmente, él dejó de responder a nuestros mensajes.
Antonia Urrejola —comisionada de la CIDH de 2018 a 2021— es ahora ministra de relaciones exteriores del presidente chileno Gabriel Boric. En Twitter, Urrejola frecuentemente se queja de movimientos de derecha en Chile y la región.
En un tuit de 2013, ella escribió: “No estoy de acuerdo con el chavismo de hoy, pero cuando conoces a la derecha venezolana, entiendes muchas cosas”.
Luis Ernesto Vargas —comisionado de la CIDH de 2017 a 2019— también critica frecuentemente a los gobiernos de derecha en la región a través de su cuenta de Twitter.
En un tuit de 2020, Vargas dijo: “Estoy convencido de que ni siquiera [Nicolás] Maduro comete atrocidades inherentes al fascismo y a las dictaduras … los gobiernos de ultraderecha han hundido a Colombia”. Él también ha atacado al diario de derecha Semana en Colombia, llamándolo un pasquín.
James Cavallaro —comisionado de la CIDH de 2014 hasta 2017— también está activo en Twitter. Él apoya constantemente a las causas progresistas como la ley electoral, desfinanciar a la policía, y más controles para la posesión de armas. Para él, los demócratas son muy blandos y no son lo suficientemente agresivos frente a propuestas republicanas.
Democrats on the offensive? That would be nice. But it’s become a party that calls in the punter on first down. https://t.co/jkRPWhWSob pic.twitter.com/mNyhwltzJ2
— James (Jim) Cavallaro (@JimCavallaro) July 12, 2021
Paulo Vannuchi —comisionado de la CIDH de 2014 a 2017— ejerció como ministro de derechos humanos durante la administración de Lula en Brasil. Además, fue a visitar al exmandatario en la cárcel en 2018, cuando Lula fue condenado por múltiples cargos de corrupción.
O ex-presidente Lula recebe nesta quinta a visita dos ex-ministros de Direitos Humanos Paulo Sérgio Pinheiro (governo FHC) e Paulo Vannuchi (governo Lula). Atualmente, Pinheiro é relator na Comissão de Direitos Humanos da ONU. https://t.co/Hp8q6t30ta
— Lula 13 (@LulaOficial) May 2, 2019
Aunque estos son algunos de los ejemplos más recientes, hay múltiples ejemplos de otros comisionados de la CIDH y otros miembros que activamente apoyan a la izquierda en la región.
Cómo la CIDH se volvió de izquierda
El sistema interamericano (la Comisión y la Corte) están ahí para responder a las violaciones de derechos humanos, los cuales no necesitan ser partidarios, pero comisionados de la CIDH no han mantenido sus lealtades a la izquierda en secreto. Para Alarcón-Salvador y Poblete, la Corte es más técnica y menos politizada que la Comisión.
Según Alarcón-Salvador, el sesgo izquierdista de la CIDH surge a partir de la falta de participación de organizaciones civiles y sociales que promueven otras ideologías. Él dice que desde la creación de la CIDH, “movimientos tradicionalmente de derecha o libertarios no ocuparon estos espacios para promover derechos de primera generación. Esto no solo pasó a nivel de la CIDH, sino que en toda la esfera interamericana”.
Alarcón-Salvador dice que ha tenido una relación cercana con comisionados de la CIDH de los últimos 20 años: “Es innegable que haya un sesgo en la organización porque los gobiernos de turno son los que nominan a los miembros”.
Alarcón-Salvador dijo que México es una excepción. El país todavía nomina a candidatos a la CIDH basado en sus calificaciones profesionales en lugar de sus afiliaciones políticas.
Para Poblete —quien también reconoce un sesgo izquierdista en la CIDH— la Comisión debería enfocarse en la promoción de derechos civiles y políticos. Peláez, en cambio, ha presenciado no solo una inclinación izquierdista de la CIDH, sino que también la priorización de casos de derechos sociales.
Peláez contó al Impunity Observer que este patrón se repite a lo largo de la región. Una de sus anécdotas involucra al Instituto de Derechos Humanos de Uruguay. Un caso de esclavitud moderna es una clara violación de derechos de primera generación, pero recibió “muy poca atención” en comparación de otros casos de derechos sociales.
¿Reformas pueden corregir el sesgo ideológico?
Desde su creación en 1959, la CIDH ha sido sujeto a constantes debates sobre posibles reformas. Académicos de derechos humanos están frecuentemente examinando cómo la CIDH puede expandir su impacto y cumplir su misión.
Poblete y Alarcón-Salvador tienen una diferente perspectiva sobre el tema.
Para Alarcón-Salvador, la participación en la CIDH tiene el potencial de corregir el rumbo de la Comisión. Él argumenta que es importante para que organizaciones que promueven derechos naturales o de derecha ocupen espacios como las audiencias temáticas y las presentaciones de casos. Sus orígenes, dice él, vienen de la libertad y los derechos naturales. El otro lado es que si actores de derecha no participan, los izquierdistas continuarán con su hegemonía en estos espacios.
Alarcón-Salvador continúa: “ocupar estos espacios generará un equilibrio a medio y largo plazo entre la primera generación de derechos humanos y el resto”. El hecho continúa siendo que los primeros veredictos del sistema interamericano abordaban primordialmente derechos naturales.
En su experiencia, Alarcón-Salvador ha visto a pocos, casi ningún, movimiento de derecha o libertario pidiendo un espacio para promover independencia judicial, libertad de expresión, libertad de asociación y propiedad privada. “Estos temas podrían bien ser discutidos en el sistema interamericano. El problema es que los movimientos de derecha no están luchando desde su orilla”, dice Alarcón-Salvador.
Alarcón-Salvador y Poblete están de acuerdo en que los recursos de la CIDH —como audiencias temáticas y litigación estratégica— están disponibles y listos para ser utilizados. Poblete, sin embargo, le dijo al Impunity Observer que la CIDH está actualmente promoviendo causas en lugar de casos, algo opuesto a su mandato original.
Mientras todos pueden aplicar a posiciones de secretaría o relatorías, los movimientos de derecha han mostrado falta de interés, de acuerdo con ambos expertos. Movimientos de izquierda, entonces, tienen el espacio a su merced. Al respecto, Alarcón-Salvador dice: “No debemos estigmatizar el espacio, pero actuar de forma realista para aprovecharlos”.
Poblete, en contraste, se mostró a favor por una reforma al sistema interamericano. Él argumenta que los recursos son escasos: estos vienen de los Estados, lo que significa sus contribuyentes. De tal forma, los casos que vayan al sistema deberían ser aquellos con claros méritos.
Él opina que el camino que se debe tomar es arrancar al problema de raíz: los sistemas de justicia en los Estado miembro que fallan y son corruptos. A partir de allí, una reforma debería resaltar el enfoque de la CIDH en derechos civiles y políticos y asegurarse que la CIDH funcione como un último recurso.
Su experiencia resalta la capacidad limitada de la CIDH y la Corte asociada: un caso difícilmente logra justicia cuando llega al sistema interamericano. Debido a que la justicia nacional e interamericana es lenta, las resoluciones llegan cuando las violaciones a los derchos humanos ya han cobrado a sus víctimas.
Poblete también dice que las personas y organizaciones no deberían llevar sus casos al sistema interamericano sin antes agotar las cortes locales. Peláez está de acuerdo con Poblete. Ella dijo que en países cuyo sistema de justicia es débil, las personas y organizaciones buscan saltarse las instancias locales y llevar los casos directamente al sistema interamericano.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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