El 20 de octubre, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso mantuvo una reunión con una delegación de senadores estadounidenses encabezada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores Robert Menéndez para fortalecer los lazos económicos y comerciales. Lasso también solicitó apoyo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional.
El crimen organizado se ha disparado con fuerza en Ecuador desde 2020, causando pérdidas económicas anuales de al menos 3% del PIB. Las autoridades parecen no tener una estrategia clara para afrontar esta problemática, por lo que las bandas criminales siguen ganando poder e influencia.
Según el informe del Índice de Estado de Derecho del 2022, Ecuador se ubica en el puesto 93 de 140 países. Con problemas similares, los países vecinos Perú y Colombia ocupan los puestos 90 y 91, respectivamente. Las variables con calificación más baja en el caso de Ecuador son corrupción (0,41/1,00) y justicia penal (0,34/1,00). Así mismo, solo 3,5 de cada 10 ciudadanos tienen un trabajo formal y la tasa de pobreza es del 25%.
Estancada desde 2017, la economía ecuatoriana no ha podido repuntar tras la pandemia de la Covid-19. A medida que los asesinatos, robos y extorsiones se vuelven más comunes, los ciudadanos cambian su estilo de vida y reducen sus actividades externas, lo que impacta en el dinamismo económico.
El encuentro con los miembros del Senado de los Estados Unidos es una magnífica oportunidad para afianzar las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Tratamos temas de cooperación en seguridad, comercio y migración. pic.twitter.com/fvSOE4lawo
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 20, 2022
El auge de la criminalidad
La tasa de muertes violentas ha escalado pronunciadamente en Ecuador durante los últimos seis años, pasando de 5,8 por cada 100.000 habitantes (total 959 muertes) en 2016 a 19,6 (3.538 muertes) hasta octubre de 2022, la más alta de su historia.
De continuar esta tendencia, hasta finales de año el país podría sobrepasar la tasa de 24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes (4000 muertes), acercándose a índices de países como Colombia (26,8) o México (26).
De acuerdo con estos datos, la zona más peligrosa es la costa norte y centro de Ecuador en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas. En Manabí, una muerte violenta ocurre, en promedio, cada 22 horas.
Los robos y asaltos también son más frecuentes. Esta problemática se puede evidenciar con las estadísticas que otorga la Fiscalía; el promedio de robos por mes en 2022 es de 6.121, frente a los 5.210 de 2021. Según una encuesta de la consultora CID Gallup en mayo de este año, Ecuador es el tercer país de la región con más robos y asaltos.
¿Qué impulsó al crimen?
La ola de violencia comenzó cuando José Luis Zambrano, alias "Rasquiña", líder de Los Choneros, una de las principales bandas del país, fue asesinado en diciembre de 2020. Lo que siguió fue una serie de enfrentamientos en la cárcel entre miembros de la banda. Nueve masacres en las cárceles han dejado un saldo de 398 condenados muertos en dos años.
Según estimaciones de la Policía, en Ecuador, operan alrededor de veinte grupos criminales. De ellos, seis tienen presencia a nivel nacional.
- Los Choneros
- Chone killers
- Tiguerones
- Los Lagartos
- Los Lobos
- Latin Kings
Estas bandas criminales se están tomando provincias donde la aplicación de la ley es escasa. Por ejemplo, los Tiguerones controlan gran parte de Esmeraldas, una provincia fronteriza con Colombia. Su tasa de 63,33 muertes violentas por cada 100.000 habitantes es la más alta del país y una de las más altas del mundo. Las balaceras, robos y extorsiones sacuden a diario las calles de Esmeraldas.
Según el coronel provincial William Calle —quien luego de sus declaraciones fue reubicado en otro cargo— los Tiguerones se encuentran en una fase de transición hacia un cartel. Estos cuentan con 1.500 miembros encarcelados y entre 3.000 y 4.000 en las calles de la provincia, al tiempo que mantienen una estructura permanente de reclutamiento.
¿Cuál es el papel del narcotráfico?
Hace más de una década, Francisco Huerta, exmiembro de la comisión que investigó el bombardeo de Angostura donde murió alias Raúl Reyes —cabecilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC)—, manifestó que Ecuador corría el riesgo de convertirse en una narcodemocracia dados los indicios de penetración del narcotráfico en instituciones estatales, como la misma policía y el ejército.
Pese a que más investigaciones están en curso, Lasso atribuye esta escalada de violencia a las disputas entre las bandas criminales por el control de territorios y a revanchas contra el Gobierno por las históricas cifras de decomiso de droga. El Gobierno de Lasso confiscó 210 toneladas en 2021.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, el 6,5% de la incautación mundial en 2020 ocurrió en territorio ecuatoriano. Guayaquil, la ciudad más grande del país, es uno de los puertos de toda la región desde donde más droga se exporta al exterior.
Desde mayo de 2021, el presidente Lasso ha decretado seis estados de emergencia en Guayaquil y otras zonas de la costa centro y norte. No obstante, tanto las bandas del crimen organizado como la delincuencia común han incrementado sus ataques no solo hacia miembros de bandas adversarias, sino también hacía fiscales, jueces y políticos.
Pese a que Ecuador no es considerado un país productor, está situado en medio de los dos mayores productores del mundo, Perú y Colombia. El dólar como moneda de curso legal y la incapacidad de las autoridades para frenar a las bandas criminales, ha convertido a este país en un lugar muy atractivo para el narcotráfico transnacional.
Este es el caso de la mafia albanesa, responsable de gran parte del flujo de droga que va dirigida hacia países europeos. En septiembre de 2020, Europol informó que el cabecilla del grupo criminal albanés Kompania Bello, quien fue encarcelado en Ecuador, "organizó enormes envíos de cocaína a los principales puertos de Europa y, con la ayuda de cómplices con sede en Italia, los Países Bajos y Albania, organizó la distribución en toda Europa".
Según una investigación del diario británico The Telegraph, esta mafia recluta en Ecuador menores de edad, quienes luego serían enviados a operar como sicarios en Europa. Juan, un adolescente de 16 años, asegura al medio haber matado a 45 personas desde que fue reclutado a los 12 años. Dice: “Los niños saben que, si se niegan, los matarán. No tienen opción”.
¿Cómo afecta la inseguridad al entorno económico?
Según un informe de 2021 de la Organización del Trabajo, la inseguridad es una creciente preocupación del sector productivo en el país. Más allá de las pérdidas ocasionadas por robos y la contracción de la demanda, los negocios deben lidiar con la criminalidad. Las bandas criminales exigen el pago de vacunas”, nombre que se da en Ecuador al cobro extorsivo de dinero a cambio de protección. Los montos de dinero solicitados varían entre $40 y $5.000 mensuales, dependiendo el tipo y tamaño de negocio.
En las zonas rurales y periféricas a las ciudades que no cuentan con presencia policial también se exigen “vacunas”. Ellos demandan $2 a la semana a las familias pobres y $5 semanales a los vendedores ambulantes.
Estos se presentan diciendo que son miembros de bandas criminales —como los Lobos o los Choneros— y amenazan con bombardear sus locales comerciales, secuestrar a alguno de sus familiares o asesinarlos directamente si no pagan. Si bien algunas de estas bandas en efecto tienen este modus operandi, esta práctica ha sido emulada por delincuentes comunes.
¿Llegando al punto de no retorno?
En 2023, los ecuatorianos elegirán autoridades locales en medio de la peor crisis de seguridad de su historia, donde las bandas del crimen organizado ya han empañado el proceso con amenazas y atentados. Así mismo, crecen las preocupaciones por la vinculación del narcotráfico a la financiación de candidatos a cargos públicos.
Luis Verdesoto, actual responsable de la política nacional anticorrupción, advirtió: "Ecuador tiene, en este momento, un elevado riesgo de que los narcotraficantes se infiltren en la política". Como los grupos criminales ya controlan muchos espacios y compiten entre ellos, explica Verdesoto, necesitan ser candidatos y ganar más poder político que los demás.
Mientras el Gobierno sigue dando pasos en falso en su lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, los grupos criminales se expanden. Sus violentas batallas por ocupar más territorio y tener más poder, junto con el creciente desempleo y la pobreza, están condenando al país a un conflicto que pone en peligro la misma estabilidad del Estado.
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