El 25 de junio de 2023, los votantes guatemaltecos elegirán al presidente y vicepresidente del país, 160 congresistas y 340 alcaldes para el periodo 2024-2028. Como el proceso electoral tiene previsto empezar el 20 de enero y los candidatos permanecen inciertos, no hay encuestas disponibles todavía. Sin embargo, el escenario más probable es una segunda vuelta el 27 de agosto.
En Guatemala, donde el voto es voluntario, las elecciones están atravesando una crisis de credibilidad. De acuerdo al Barómetro de las Américas LAPOP de la Universidad Vanderbilt, solo un tercio de los guatemaltecos confían en las elecciones. Asimismo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recientemente ha estado involucrado en licitaciones turbias, lo que se suma al problema de un ambiente regulatorio ambiguo generado por las reformas legislativas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 2016.
Por ejemplo, el 28 de octubre, el Registro de Ciudadanos (RC), la rama del TSE que maneja la información de los votantes, prohibió participar a los candidatos Roberto Arzú (Podemos) y Neto Bran (Partido Popular) en las siguientes elecciones. Ellos estaban supuestamente haciendo campaña antes del periodo de tiempo permitido, lo que es sancionado por el TSE. Este organismo luego revirtió las sanciones, argumentando que el RC no tenía autoridad para sancionar a los actores políticos.
Para descubrir los puntos grises que impulsan la confusión y sentencias arbitrarias en el sistema electoral de Guatemala, el Impunity Observer entrevistó a:
- Giovanni Fratti, abogado y periodista;
- Alejandro Quinteros, analista político con más de 20 años de experiencia en el sistema electoral de Guatemala;
- Francisco Quezada, investigador en el Centro de Investigación Económica Nacional;
- José Luis González, exprofesor de derecho.
Contexto
La Ley Electoral y las resoluciones del TSE plantean las reglas para las elecciones. La Ley Electoral ha sido objeto de críticas constantemente desde su reforma en 2016. El TSE también ha atraído críticas por intentar modificar los procedimientos de votación con la implementación de mecanismos electrónicos sin escrutinio alguno. Además, el TSE ha emitido sanciones en contra de partidos políticos y candidatos que los podría sacar de la contienda de 2023. Este es el caso de Arzú y Bran, que fueron sancionados por promocionarse en redes sociales.
Para las elecciones de 2023, el TSE ha autorizado la participación de 28 partidos políticos. De estos, 10 son nuevos. Estos incluyen Cabal, Unión Republicana y el Partido Republicano. Vamos, del presidente Alejandro Giammattei, y Unión por la Esperanza (UNE) están entre los más grandes. Otros partidos como Winaq, Visión con Valores, Avanzada Nacional y Podemos son anteriores al 2018.
Cómo la Ley Electoral divide
En 2016, el Congreso aprobó reformas sustanciales a la Ley Electoral. Estas se dirigieron al voto en el extranjero, tiempo de propaganda y campaña y financiamiento. En lugar de lograr su cometido de establecer reglas claras, la reforma ha creado puntos grises y arbitrariedad.
En cuanto al voto en el extranjero, Ben Monterroso, representante de la oenegé independiente dedicada a los guatemaltecos que votan en el exterior (Voguare), argumentó que la elección de 2019 fue un fracaso. Para Monterroso, el TSE no tuvo la voluntad de “asegurar que los migrantes guatemaltecos puedan votar”. Para los guatemaltecos, esto ha permanecido como una preocupación para las siguientes elecciones.
El 25 de noviembre, los magistrados del TSE usaron un poder legal extraordinario para hacer cambios a la Ley Electoral, incluyendo una revisión del texto y gramática. Asimismo, el TSE hizo pequeñas modificaciones con el objetivo establecido de asegurar la constitucionalidad del texto, proteger la custodia de los votos y establecer el debido proceso para el castigo por malos comportamientos electorales.
A pesar de estos cambios, los expertos entrevistados por el Impunity Observer sostienen que la Ley Electoral continúa siendo un peligro para la democracia. Las siguientes restricciones para campañas políticas afectan a los partidos pequeños y emergentes:
- Periodo de tiempo de campaña reducido.
Las campañas empiezan solo 90 días antes de las elecciones. De acuerdo con Quezada, este tiempo es muy corto, especialmente para partidos emergentes y pequeños. Partidos tradicionales y candidatos ampliamente conocidos tienen una ventaja ya que su imagen está bien posicionada en la arena política.
- Falta de financiamiento privado para campañas.
Los únicos fondos que los partidos políticos pueden recibir provienen del fondo electoral. De acuerdo con la Ley Electoral, estos reciben 15,7 quetzales ($2) por cada voto que hayan obtenido en las elecciones pasadas. Uno no necesita ser un matemático para darse cuenta que esto favorece a quienes están en el poder a costa de los que recién están surgiendo.
Esta prohibición ha resultado en más financiamiento sin declarar ni registrar, ya sea de fuentes de dinero lícitas o ilícitas. Uno de los casos más recientes y de mayor renombre involucraba a Sandra Torres, ex primera dama (2008-2011), líder de UNE y posible candidata presidencial en la próxima contienda. El Ministerio Público acusó a Torres de dejar que su partido reciba siete donaciones de fuentes sin registrar en 2015 por $600.000. El partido supuestamente no reportó las donaciones al TSE como se requiere. Sin embargo, parece que no hubo suficiente evidencia para su convicción. Torres fue absuelta por la Corte de Alto Riesgo A, liderada por la jueza Claudette Domínguez en noviembre de 2022.
- Nada de promoción en redes sociales antes de que la campaña empiece.
La Ley Electoral considera cualquier publicidad o actividades de promoción que podrían estar relacionadas a las siguientes elecciones, cuando el TSE todavía no lo autoriza, como campaña anticipada. Como Quinteros resalta, esta definición no es clara. Funcionarios pueden ilegalmente convertir esta regla en un arma para perseguir y castigar candidatos. De forma similar, Quezada sostiene que “el TSE tiene el poder de usar sanciones arbitrarias bajo esta justificación para intimidar a candidatos”.
Licitaciones opacas
Para la elección de 2023, el Departamento de Compras Públicas de Guatemala permitió al TSE, bajo el Acuerdo 121-2022, comprar directamente bienes y servicios que valieran 900.000 quetzales ($114.000) o menos en 2022. El presidente de los magistrados del TSE es el responsable de aprobar estas. Las compras que excedan esta cantidad deben ser sujetas a votación por todos los magistrados. El objetivo de esto es “conducir procesos de compras eficientes, sin dejar de lado los principios de transparencia y calidad”.
Para Irene Flores, consultora en el Centro de Investigación Económica Nacional, esta resolución evade la Ley de Compras Públicas de Guatemala (LCPG), por la que se debe regir el TSE.
La LCPG permite únicamente compras directas cuando el costo total es menor a 10.000 quetzales ($1.200), y la Contraloría General de la República debe supervisar todas las licitaciones. Otros miembros de organizaciones de la sociedad civil han argumentado que la resolución, que circunvala la LCPG, da camino libre a los magistrados del TSE.
En 2022, el TSE ha tenido alrededor de 60 licitaciones, de las cuales 47 fueron compras directas a través de la resolución mencionada anteriormente. Estas incluyeron la “compra de sistemas de información y procesos de seguridad para implementar un modelo tecnológico para las elecciones de 2023” con la empresa Smartmatic —aunque funcionarios del TSE luego rechazaron la compra—.
Smartmatic fue la única empresa que presentó una oferta, por un total de 606 millones de quetzales ($77 millones). Fundada en el 2000, Smartmatic —que ofrece servicios de tecnología y software de ciberseguridad y cibergobierno— ha participado en más de 140 elecciones por todo el mundo. La empresa ha desplegado más de dos millones de equipos para votaciones, identificación de votantes y más.
Smartmatic, sin embargo, ha estado involucrada en diversas controversias con respecto a transparencia. Por ejemplo, el Departamento de Justicia de Filipinas enjuiciaron a ejecutivos de la empresa por supuestamente alterar el script de las máquinas de conteo de votos. Otras irregularidades en elecciones con dispositivos o software de Smartmatic han sido reportadas en Venezuela, El Salvador, Argentina e Italia.
Después de presión de la sociedad civil, el mismo TSE, a través de la resolución 82-2022, anuló el proceso y envío las condiciones de compra a revisión por analistas del TSE. El trato se acabó, al menos para las siguientes elecciones.
Los guatemaltecos dudan de la tecnología y cuestionan mensajes contradictorios
Las licitaciones en la web del TSE muestran todos los procesos de compra de tecnología para las elecciones de 2023 como “rechazado”. De acuerdo con la institución, el único propósito era facilitar el acceso al voto. “Solo estamos interesados en máquinas biométricas que ayuden a identificar a los votantes”, expresó el magistrado del TSE, Gabriel Aguilera.
El sistema electoral guatemalteco se mantiene. En ningún momento se ha buscado máquinas para la votación o la implementación del voto electrónico.
¡El voto seguirá siendo en papeleta! #TSEtransparente #EleccionesGT2023 pic.twitter.com/ivF4cSRRNc
— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) November 12, 2022
A pesar de sus declaraciones, hasta noviembre la institución tenía abiertos procesos de compra directa para centros de datos, servidores y otros equipos tecnológicos aparte de las máquinas biométricas. La implementación de tecnología podría resultar en mecanismos de votación diferentes, que contradigan a la Ley Electoral. La legislación crea organismos temporales para el conteo de votos —llamadas Juntas Receptoras del Voto (JRV)— que deben disolverse apenas cumplan sus labores.
La ley establece que “las JRV deben recibir, administrar, contar y reportar los números al TSE en todas las elecciones”. La implementación de dicha tecnología sería probablemente objeto de discusión en el Congreso para corroborar si es aplicable a través de las leyes guatemaltecas.
Para Quinteros, “estas máquinas hubiesen tenido más autoridad que las JRV —que son hechas de ciudadanos guatemaltecos—, lo que sería inconstitucional ya que las JRV son de las autoridades más altas en términos de custodia del voto en Guatemala”.
En cuanto a las máquinas de identificación biométrica del votante para facilitar el acceso al votante, nuestros entrevistados argumentaron que estas no son ideales para el país. Debido a que muchos ciudadanos trabajan en agricultura y trabajos manuales, sus huellas están dañadas y no son legibles para estas máquinas. En 2018, 46% de la población guatemalteca vivía en áreas rurales y su mayoría trabajaba en agricultura.
Las máquinas biométricas también podrían poner en peligro la custodia del voto y la privacidad de los datos. En lugar de incorporar sistemas y máquinas adicionales, González y Quinteros argumentan que el TSE puede usar sistemas tradicionales y ya establecidos de datos del votante para estadísticas y registro electoral.
La magistrada del TSE Irma Palencia menciona que la institución “no perseguirá más sistemas biométricos para las elecciones de 2023”. Sin embargo, el TSE puede insistir en la compra de estas tecnologías para elecciones en el futuro.
Además de la falta de confianza de los ciudadanos en el potencial despliegue de nuevos sistemas tecnológicos, licitaciones opacas, una autoridad electoral con falta de voluntad y una Ley Electoral altamente criticada, han disminuido la credibilidad en las elecciones de 2023. Mientras que candidatos y partidos políticos temen una aplicación arbitraria de la ley, la Ley Electoral incrementa los incentivos para evadir regulaciones y no declarar financiamiento adicional en la campaña electoral.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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