Hallazgos clave:
- El régimen cubano y el fondo de inversiones CRF1 Limited están esperando la decisión del juez en una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres por más de $72 millones en contra de la isla. La decisión tomará de dos a cuatro meses, y le puede abrir la puerta a más demandas por $2.000 millones o más.
- El juez no solo definirá el pago de Cuba, sino que también los métodos de pago en caso de que la decisión sea favorable a la demanda de CRF1 con respecto a la deuda exterior de Cuba.
- John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial de Cuba y Estados Unidos, mantiene que incluso una derrota en el juicio puede ser positiva si reacciona proactivamente y reestructura la deuda.
- Si Cuba pierde el juicio y funcionarios de la dictadura no llegan a un acuerdo con el fondo de inversiones, la corte puede decidir la incautación de bienes del régimen y congelar sus cuentas en el exterior.
Contexto
CRF1, registrado en las Islas Caimán y perteneciente al Club de Londres, presentó una demanda en febrero de 2020 en contra de Cuba y el Banco Nacional de Cuba (BNC) por una deuda impaga adquirida durante la dictadura de Fidel Castro. El juicio se dio entre el 23 de enero y el 2 de febrero de 2023. Se espera que la decisión de la juez británica Sara Cockerill tome meses, según France 24. Después de su veredicto, ambas partes pueden presentar apelaciones, lo que llevarían a que el juicio se alargue por más de un año.
CRF1 adquirió más de $1.000 millones de la deuda soberana de Cuba en 2019 por un valor desconocido del ICBC Standard Bank de China. Este juicio se enfoca en definir la demanda de $72 millones de CRF1 por dos préstamos específicos. El juicio también determinará la jurisdicción para batallar los $1.000 millones que adquirieron.
El banco holandés Crédit Lyonnais y el banco italiano Istituto Bancario Italiano le brindaron préstamos a Cuba entre 1980 y 1985 por más de $14 millones. Con el interés acumulado, la deuda declarada impaga en 1986 por Cuba ya suma más de $72 millones.
David Charters, presidente de CRF1, declaró en 2020 cuando CFR1 recién presentó la demanda, que la única forma de detener el proceso legal era “llegar a un acuerdo justo y equitativo”. La decisión está ahora en las manos de la juez británica ya que ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo. Charters dijo que seguir con el proceso legal “no era atractivo para CFR1”, pero debido a que es la única forma de hacer cumplir “es una ruta que se tuvo que tomar”.
Lo que el juicio representa
Cuba se está enfrentando a su peor crisis económica desde el inicio del siglo. Entre otras dificultades, los cubanos están batallando con apagones constantes, escasez de comida, medicina y gasolina y edificios que están colapsando.
Además, sus principales aliados económicos e ideológicos —China, Rusia y Venezuela— están también atravesando tiempos duros económicamente. Rusia, por ejemplo, está enfocada en su invasión a Ucrania y se le está dificultando brindar ayuda a Cuba.
Aparte de haber gastado más de $3 millones en abogados desde que el proceso legal empezó en 2020, contrantando el bufete británico PCB Byrne LLP, Cuba probablemente deba pagar $72 millones en capital e intereses de los préstamos de los 1980. Un reporte de CNBC anticipa que la deuda soberana de $7.000 millones se vuelve vulnerable a más demandas. El PIB de Cuba es de $107.000 millones.
John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial de Cuba y Estados Unidos, le dijo al Impunity Observer que “si Cuba pierde este juicio, el enfoque hacia la isla incrementaría sobre lo que debe, a quién le debe y que no paga a sus prestamistas —tanto comerciales como Gobiernos—”.
Perder la demanda también podría terminar beneficiando al régimen, dice Kavulich. Esto solo pasaría si la dictadura “inmediatamente se pondría en contacto con CRF1 para reestructurar la deuda de una forma que pudiese pagar. Una negociación exitosa con CRF1 empezaría a recrear una atmósfera en la que empresas y prestamistas vean de forma positiva al país”.
Diario de Cuba, un medio independiente de la isla, ha reportado que una derrota en el juicio puede significar un “segundo embargo”, ya que el Tribunal Supremo de Justicia de Londres podría proceder a incautar los bienes del régimen en el exterior y congelar sus cuentas bancarias. Cuba tampoco podría acceder a los mercados internacionales por más préstamos hasta que el país solvente sus deudas.
Dependiendo del resultado, otras demandas pueden surgir por parte de otros prestamistas, sin importar si pertenecen o no al Club de Londres. Estos prestamistas están pendientes del caso, ya que el régimen castrista todavía le debe $2.500 millones al Club de París a pesar de llegar a un acuerdo que les condonaba $8.500 millones de deuda.
“El mensaje a instituciones financieras y compañías que están pendientes del juicio es que eviten Cuba”, dice Kavulich.
La perspectiva de la dictadura
El principal argumento de la dictadura castrista en la corte londinense es que “CRF1 nunca ha sido un prestamista de Cuba o el BNC”. Funcionarios del BNC mencionaron esto en una declaración pública. Funcionarios cubanos —en medios de la dictadura y en el juicio— han descrito a CRF1 como un “fondo buitre”. Según Investopedia, “un fondo buitre es aquel que invierte en bienes o deudas cuyos precios han caído severamente en el mercado”. En respuesta a esta descripción, el presidente de CRF1, Charters, dijo: “Caracterizarnos como un fondo buitre es una tremenda tergiversación”.
Aparte del argumento de que CRF1 nunca ha sido su prestamista, funcionarios de la dictadura también han acusado a CRF1 de sobornar al ex director de operaciones del BNC, Raúl Olivera, en 2019, al obtener la documentación legal para su adquisición de la deuda. Condenado a 13 años de prisión en 2021 por supuestos sobornos, Olivera compareció remotamente ante la corte londinense diciendo explícitamente que CRF1 le sobornó para adquirir los documentos legales que permitían a CRF1 adquirir la deuda cubana. También aseguró que violó su propia autoridad como director de operaciones al brindar los contratos a CRF1.
En respuesta a las acusaciones de Cuba de sobornar a Olivera, CRF1 declaró que los funcionarios cubanos fabricaron esta historia para evadir su responsabilidad en la deuda de $72 millones. Cerca del final de las audiencias, los acusados retiraron las acusaciones de sobornos por razones desconocidas.
Lo que CRF1 ofrecía a la dictadura
Antes de que CRF1 presentara la demanda, el fondo de inversiones se acercó a la dictadura cubana para intentar llegar a un acuerdo. Una de las opciones fue el canje de la deuda por acciones de empresas públicas, acuerdo común al reestructurar deudas en países sin liquidez.
En este canje, CRF1 habría adquirido la concesión o la posesión de empresas públicas como aeropuertos, hoteles o puertos. CRF1 habría recibido todos o casi todos los ingresos de estos bienes, permitiendo que Cuba y el fondo de inversiones lleguen a un acuerdo y evitar el juicio. Más detalles sobre las propuestas del fondo al régimen permanecen sin revelarse.
Según Charters, aceptar la oferta para reestructurar la deuda “hubiese brindado acceso a Cuba a los mercados internacionales después de años de exclusión”. Otros prestamistas hubieran considerado al régimen dispuesto a colaborar si llegaban a un acuerdo por la reestructuración, mencionó CRF1 en una declaración pública.
Según como van las cosas, el régimen cubano no se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con CRF1 o soltar algo de sus ingresos de empresas públicas. Probablemente los funcionarios del régimen crean que pueden resistir más a un veredicto legal que hacer el bien con las deudas del país. Los funcionarios del régimen parecen no preocuparse por la falta de acceso a crédito, incluso cuandola nación está entrando en un periodo que lo pudiese justificar, junto con la liberalización de los mercados para luchar contra la crisis económica.
Mauro Echeverría
Mauro Echeverría is Econ Americas’ deputy editor. He holds a BA in international relations with minors in political science and anthropology from the San Francisco University of Quito. Mauro leads the research on local economic development at the Ecuadorian think tank Libre Razón.
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