El procesamiento contra Trump ha hecho evidente que el sistema político de Estados Unidos está en completo desorden.
La izquierda radical no solo está ganando, sino que ya ha ganado y se ha arrebatado las instituciones estadounidenses. La victoria de la izquierda vino al costo de nuestra legitimidad institucional, que ha sido totalmente destruida.
El Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigación, la Agencia de Inteligencia Central y los departamentos de Defensa y Justicia eran instituciones federales alabadas, parecían fuera del alcance de la política. Ahora, en colusión con autoridades del Estado, estas practican voluntariamente los trucos políticos más sucios y mezquinos y abiertamente interfieren en elecciones. Además, usan las cortes de justicia para aferrarse al poder ¡al diablo las elecciones!.
No hay vuelta atrás. Para que mejoren los asuntos políticos estadounidenses, primero deben empeorar. La única forma para que los demócratas a niveles estatales y federales aprendan es que obtengan los castigos que se merecen por sus abusos de poder. En otras palabras, necesitan que el miedo a ir a prisión los haga actuar correctamente.
Dada la cobardía de republicanos —solo de nombre— en el liderazgo republicano, esto es poco probable, pero no imposible. Los republicanos han fallado constantemente en hacer responsables de forma significante a los demócratas por sus abusos y esto los ha envalentonado. Estos abusos no empezaron con Donald Trump. La administración de Barack Obama puso en marcha la opresión fiscal, es decir con impuestos, contra los republicanos del Tea Party y persiguió a periodistas conservadores. Luego, espió a la campaña de Trump en 2016 y más adelante los títeres federales de Obama sabotearon descaradamente la entrante administración de Trump.
Después del enjuiciamiento contra Trump, la base de votantes republicanos no se aguantará más de esto. Los votantes republicanos demandarán a sus líderes que hagan responsables a los demócratas. Como resultado, la política estadounidense se volverá aún más polarizada, pero el enfoque debe permanecer sobre la adecuada aplicación de la ley.
Si Trump puede enfrentar un proceso de destitución por indagar los casos de corrupción de Hunter Biden en Ucrania, entonces Joe Biden debería enfrentar también un proceso de destitución por ayudar en este caso. Si a Trump le pueden incrementar el nivel de delito de menor cuantía expirados a nivel estatal a delitos federales graves, la familia Biden también debería ser investigada por actos más severos de corrupción, para los que hay más que suficientes causas probables.
El primer disparo de vuelta por los republicanos en la próxima guerra política en Estados Unidos ha sido lanzado en Tennessee. La cámara baja de la Asamblea General, controlada por los republicanos, expulsó a dos representantes demócratas por violar las normas de la legislatura. Si se busca restaurar alguna semblanza de equilibrio en el escenario político estadounidense, debe haber más repercusiones.
Muchos en el Partido Republicano no tienen la valentía para esta batalla. Sin embargo, es una guerra necesaria que los líderes del partido se verán obligados a librar por presión de los votantes, sin importar del partido al que estén afiliados.
El problema es que los líderes republicanos tienen ejemplos escasos de cómo luchar contra la instrumentalización del sistema de justicia. Las investigaciones del Congreso que no logran nada ya no calmarán a sus bases de votantes.
Los republicanos siempre pueden acudir al exterior para ver ejemplos de cómo darle la vuelta a la situación a aquellos que ignoran las normas judiciales de siglos para ganar capital político en el corto plazo. El mejor ejemplo viene de un pequeño país en Centroamérica: Guatemala.
Consideren a la fiscal general Consuelo Porras y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), liderada por Rafael Curruchiche. Ellos han estado investigando y enjuiciando metódicamente a exfiscales por violaciones a la ley que ellos se comprometieron a defender cuando estaban en sus cargos.
Porras y Curruchiche han impulsado casos criminales basados en evidencia creíble. Aparte de acuerdos de culpabilidad, no ha existido el tiempo suficiente para juicios completos y sentencias. Los acusados permanecen inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Cuando los acusados han estado disponibles ante el sistema de justicia, las autoridades guatemaltecas han procedido ante los tribunales, absteniéndose en gran parte de los juicios espectáculo que eran comunes durante el mandato de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas (CICIG).
El Gobierno estadounidense era el verdadero motor detrás de la CICIG, como los porristas de la CICIG estaban acostumbrados a mencionar (aquí, aquí y aquí). La CICIG operó en Guatemala desde 2007 hasta 2019, pero su auge de poder sin contrapesos fue desde el 2014. Esto era cuando los supuestos abusos de poder de procesamiento ocurrieron, abusos similares a lo que está sucediendo con el/los caso/s de Trump. Muchos de aquellos que ahora son llamados a responder por sus acciones han huido a Estados Unidos como fugitivos de la justicia. Cuando estas mismas personas estaban en el poder, liderados por la exfiscal Thelma Aldana, su lema era: “quien nada debe, nada teme”.
Porras y Curruchiche han pagado un precio alto por sus acciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos los ha enlistado y humillado (aquí y aquí), para intimidarlos y evitar que apliquen la ley guatemalteca como sus conciencias y deberes juramentados les obliga.
Líderes republicanos en Estados Unidos deberían seguir el ejemplo de estos líderes del Ministerio Público de Guatemala. La mejor forma de desincentivar el abuso del poder judicial, al mismo tiempo que se trabaja por mejorar el Estado de derecho, es hacer que los abusadores en potencia de la ley tengan miedo de terminar encarcelados.
Es una mancha en el sistema de justicia y político que Estados Unidos necesite recibir lecciones de un país en desarrollo, pero así es la realidad.
Habiendo sido mostrados la vía para avanzar por parte del Gobierno guatemalteco, los republicanos le deben al sistema de justicia de Guatemala un favor. Los republicanos deberían demandar que Estados Unidos deporten a los fugitivos de la justicia que viven en el país a Guatemala. Después de todo, quien nada debe, nada teme.
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