El 3 de mayo de 2023, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decretó en el que habilitó a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones —en conjunto con la Policía Nacional— contra las bandas criminales. Lasso, sin embargo, dejará el cargo en noviembre de 2023. Esto deja abierta la posibilidad de que los agentes de las fuerzas del orden sean enjuiciados por matar en las operaciones a presuntos criminales, como ha sucedido anteriormente. Lo estipulado en el decreto no tendrá impacto si los agentes no se sienten apoyados política y jurídicamente.
En agosto de 2022, la corte de Chimborazo —una provincia ubicada en la Sierra ecuatoriana— sentenció al policía Santiago Olmedo a 13 años de prisión por matar a dos delincuentes bajo el argumento de “uso excesivo de la fuerza”. Este caso continúa en las cortes. Lasso sostuvo: “el Gobierno no abandonará a sus policías que defienden a los ciudadanos”.
Estas palabras ofrecen poco confort a aquellos agentes que planean seguir trabajando tras la culminación de este gobierno. Lo más seguro es que este apoyo a los agentes desaparezca con la próxima administración, con el resultado de policías y militares encarcelados por fiscales adversos al Estado de derecho.
La violencia y el terrorismo cometido por las bandas criminales se han disparado desde que Lasso asumió la presidencia en mayo de 2021. Esto ha llevado a Ecuador a la peor crisis de inseguridad en las últimas tres décadas. En 2022, la Policía registró 4.603 homicidios (25 por cada 100.000 habitantes). Este país superó a México (24,3) y Colombia (23,9), que han estado entre los cinco países más inseguros de la región por décadas.
Según la Policía Nacional, desde enero a mayo de 2023 ya han ocurrido 2.230 homicidios. Si la tendencia continúa, la cifra anual podría superar los 6.000 homicidios. Esto representa 34 muertes violentas por cada 100.000 habitantes anualmente, llevando a Ecuador hacia la lista de los 10 países más peligrosos del mundo.
Luego de dos años de continuos tropiezos intentando frenar la crisis de inseguridad, Lasso ha autorizado a los militares a combatir en territorio. Esto viene después del fallido referéndum que buscaba extraditar a individuos relacionados con el crimen organizado transnacional y tras numerosas declaraciones de estado de excepción. Con esta nueva estrategia, el Gobierno espera arrinconar y desarticular a las ocho bandas más peligrosas del país. Estas son los Choneros, Tiguerones, Lobos, Lagartos, Gángsters, Fatales, R7 y Chone Killers. Sus operaciones han puesto en jaque a la actividad comercial y trastornado el estilo de vida de los ciudadanos, quienes temerosos, evitan salir de sus hogares.
El Reglamento que regula el uso legítimo de la fuerza rige desde hoy. Es una guía clave para que @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR puedan hacer su trabajo con mayor seguridad jurídica. El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano… pic.twitter.com/Lq9XP4FcGd
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 1, 2023
La última bala en materia de seguridad
El 27 de abril, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado resolvió declarar al terrorismo de las bandas criminales una amenaza que “atenta contra los elementos estructurales del Estado ecuatoriano y por consiguiente a su seguridad integral”. Con la aprobación de esta resolución, se brindó un respaldo jurídico para que las Fuerzas Armadas puedan desplegarse y actuar en todo el territorio nacional sin la necesidad de que el presidente decrete un estado de excepción.
Con el decreto, Lasso ratificó la autoridad de los militares para combatir a los individuos o grupos que cometan actos catalogados como terroristas. Asimismo, solicitó a la institución encargada de los centros penitenciarios brindar seguridad a los militares y policías que, como resultado de las operaciones antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales penales. El próximo presidente, sin embargo, puede rechazar esta medida.
Debido a la crisis política generada por una Asamblea Nacional recientemente disuelta y un lamentable mandato presidencial que culminará este mismo año, es improbable que los agentes de las fuerzas del orden arriesguen sus carreras para defender a los ciudadanos en los ataques criminales, si el destino puede ser terminar en prisión.
Uno de los errores más grandes de Lasso fue nombrar a personas sin experiencia para que se encarguen de la inseguridad. Por ejemplo, designó en agosto de 2022 al exlegislador Diego Ordóñez como secretario de Seguridad, pese a que carecía de formación y experiencia alguna en la materia. Menos de un año en funciones, Ordóñez, político y abogado, se vio obligado a renunciar el mismo día de la masacre en el puerto artesanal de pesca de Esmeraldas, ciudad fronteriza con Colombia. En esta, 30 tiguerones mataron a al menos nueve personas.
El 26 de abril, Lasso hizo un cambio fundamental en su gabinete al designar a Wagner Bravo, exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, como secretario de Seguridad. Bravo combatió en la guerra del Cenepa contra Perú en 1990. También tiene una maestría en finanzas y manejo de riesgos y otra en seguridad y desarrollo.
Este cambio en el gabinete podría ser un gran acierto, ya que el Grupo de Fuerzas Especiales que llevará a cabo las operaciones antiterroristas fue encabezado por Bravo cuando estaba en servicio activo. Sin embargo, la incertidumbre política limita la protección de los agentes al proteger a los ciudadanos.
Un crimen enquistado
Gran parte del problema de inseguridad radica en que el Gobierno no ha logrado hacerse con el control efectivo del sistema carcelario. En 2021 y 2022, hubo 11 masacres en las cárceles ecuatorianas, donde 419 prisioneros murieron. Pese a los múltiples operativos, las bandas criminales continúan traficando armas y drogas al interior de los centros penitenciarios.
Debido a que varios líderes se encuentran en las cárceles, estas se han convertido en los centros logísticos de muchas bandas. Por ejemplo, el control y acceso a cada uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral —la más peligrosa del país— está bajo el dominio de algunas de las principales bandas, tales como: Los Choneros, Latin Kings, Los Lobos, Los Tiguerones y Los Fatales. Estas literalmente dominan los pabellones, la policía requiere de su autorización para ingresar.
Asimismo, la falta de control en las aduanas y zonas fronterizas tienen un rol primordial en la crisis de inseguridad. Según el reporte global 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ecuador ha tomado un papel protagonista en la ruta internacional de la cocaína, en particular hacia Europa. Al conectarse con las rutas internacionales del narcotráfico, las bandas criminales logran obtener grandes beneficios económicos y aumentar sus operaciones.
Esta semana me fui de vacaciones a Galápagos (San Cristóbal). Impresionante todo lo que puedes aprender en 20min en un taxi sobre el tráfico de narcóticos y combustible. Las raíces de nuestra inseguridad están a plena, libre vista… ¡y nadie hace nada! Hilo pic.twitter.com/Uf6HBxiIJz
— Jan T. Topic (@jantopicecuador) May 7, 2023
El Gobierno de Lasso tiene marcada ya su fecha de expiración en el poder, por lo que es complicado que este pueda brindar soluciones efectivas —en poco menos de seis meses—. Sin embargo, aún está en sus manos entregar al próximo Gobierno una hoja de ruta, con un diagnóstico situacional y objetivos cuantificables.
Según la encuestadora Click Research, 40,75% de los ecuatorianos considera a la inseguridad como el mayor problema del país. Por esta razón, este será el tema más importante a tratar por los candidatos en la campaña electoral.
El nuevo Gobierno —que se posesionará el 30 de noviembre de este año y estará vigente solo hasta mayo de 2025— tendrán el enorme reto de configurar en tiempo récord un plan integral de seguridad para recuperar el control de los centros penitenciarios, desarticular las redes del narcotráfico en las aduanas y fronteras y someter a las bandas del crimen organizado en los territorios conquistados. Lo mejor que puede hacer la administración de Lasso es colaborar para una transición positiva.
Para enfrentar de manera radical a las bandas del crimen organizado y aplacar los índices de violencia, es estrictamente necesario un consenso nacional entre las principales autoridades políticas para respaldar a las fuerzas del orden, no solo con mayor financiamiento y armamento, sino también con pleno respaldo jurídico y político. Es fundamental que los agentes de las fuerzas del orden dejen de temer para que puedan llevar a cabo operaciones de seguridad a la altura de la situación.
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