La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) cedió ante la presión de los manifestantes al ordenar el cierre de una de las minas de cobre más importantes del mundo el 27 de noviembre de 2023. Primero y ante todo, el fallo de la CSJ socava el Estado de derecho y la seguridad jurídica del país. Además, el cierre de la mina causará un descrédito del país ante los inversionistas internacionales, multimillonarias pérdidas para el Estado panameño en impuestos y regalías y el aumento del desempleo en el país.
El 20 de octubre, el Congreso de Panamá concedió por 20 años una concesión de extracción minera en la superficie de Minera Panamá (MPSA), subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM). Esto le dio a la empresa la aprobación para continuar operando la mina más grande en Centroamérica: Cobre Panamá.
Sin embargo, inmediatamente después de la aprobación del contrato, los sospechosos de siempre iniciaron una rabieta. Sindicatos, activistas indígenas y ambientalistas llevaron a cabo violentas protestas que paralizaron el país durante seis semanas a través de bloqueos. El 27 de noviembre, la CSJ declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la renovación y ordenó el cierre de la mina. Por el momento, no hay más detalles con respecto al procedimiento de cierre —un proceso complicado y delicado—.
Ante la notificación formal del fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406, Panamá ha iniciado el proceso para el cierre ordenado y definitivo de la mina Cobre Panamá. pic.twitter.com/8nD8rt9s2q
— Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (@MICIPMA) December 15, 2023
El presidente panameño de izquierda, Laurentino Cortizo dijo que no tenía otra opción más que aceptar la decisión del Supremo debido a la separación de poderes. Irónicamente, su administración fue la que renegoció el contrato desde 2021. Cortizo ahora promete un cierre “ordenado” de la mina.
La CSJ no ha tenido en cuenta las implicaciones ambientales y económicas del cierre abrupto de una mina de tal envergadura. Esta clausura —que podría extenderse entre 10 y 15 años según el gerente de Ambiente de la mina, Alejandro Chambi— conlleva el riesgo de generar una “catástrofe medioambiental” si no se lleva a cabo con rigurosidad, incluyendo la contaminación de las aguas cercanas.
El cierre de Cobre Panamá es un golpe severo para la economía y balanza comercial del país. Por ejemplo, el Estado dejará de recibir $375 millones anuales de regalías. Asimismo, la compañía solía pagar alrededor de $200 millones anuales en impuestos. Según la consultora Credendo, la producción de la mina representa cerca del 5% del PIB panameño. Una de las consignas de los manifestantes es que la empresa pagaba pocos recursos al fisco, pues con su cierre el pago será cero.
Además del cierre de la mina, las paralizaciones también han afectado gravemente a la economía del país. En octubre, la agencia de calificación Moody’s calculó que las pérdidas consecuencia de los bloqueos ascienden a $1.700 millones o 1% en el PIB de 2023. Del mismo modo, la agencia rebajó la calificación del país de Baa2 a Baa3 —la calificación más baja en términos de inversión— debido al constante déficit fiscal y deterioro política y legal.
El cierre de la mina significa incertidumbre para miles de trabajadores y hará que crezca la tasa de desempleo, que actualmente está en 7.4%, según Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá. Desde finales de 2020, cuando la tasa de desempleo llegó a 18,5%, la cifra estaba a la baja. Según un reporte de Metro Libre, la mina “genera 7.300 empleos directos y 33.000 indirectos”. Gran número de trabajadores experimentarán desempleo y se verán obligados a buscar alternativas laborales para mantener a sus familias.
La decisión de la CSJ, especialmente debido a la violencia que la desencadenó, es tóxica para la seguridad legal y la inversión extranjera. FQM asegura haber cumplido a cabalidad con la legalidad panameña y advirtió que ha presentado su intención de iniciar un proceso de arbitraje en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá. Asimismo, FQM ha iniciado un proceso de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje para salvaguardar sus derechos de concesión firmados con el gobierno de Panamá. Según datos de FQM, la inversión en el proyecto minero supera los $10.000 millones, la inversión privada más grande de la historia del país.
Sin embargo, los problemas legales datan de 2017, cuando el Supremo declaró inconstitucional la renovación de la concesión por una supuesta falta al debido proceso en la licitación. La decisión recién se publicó en 2021 en la gaceta oficial. A partir de ello, el gobierno y la empresa canadiense emprendieron una intensa negociación que culminó en junio de 2023. En 2017, el Supremo también ha mencionado supuestos perjuicios medioambientales que violentarían varios artículos de la Constitución panameña.
Ya que todas las actividades generan cierto nivel de contaminación, el nivel inconstitucional parece estar a manos del político de turno. FQM entiende que su operación es legítima debido a que tiene la aprobación del Ejecutivo y el Legislativo. La compañía canadiense asegura que sus operaciones se han realizado acorde a la Ley de Minería en cuanto a su impacto ambiental: “afirmamos nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo en todos los aspectos de nuestras operaciones dentro del país”.
Aparentemente, la aprobación legal y el seguimiento cuidadoso de la ley no son suficientes en Panamá, no cuando hay una oposición violenta en las calles. Los activistas, que están perjudicando a trabajadores locales e inversionistas extranjeros, han sido premiados por su nocivo comportamiento.
Adrian Day, gestor de fondos y analista de inversiones globales que vive en Puerto Rico, le dijo al Impunity Observer que el impacto de la decisión de la CSJ sobre la inversión extranjera y la reputación de Panamá será devastador, ya que la impresión que emana es que el país no está gobernado por el Estado de derecho. En cambio, tanto el gobierno como las instituciones simplemente responden a la violencia de la multitud. Asimismo, señala que incluso si un nuevo gobierno pudiera “salvar el contrato”, es probable que FQM se muestre reacio a realizar nuevas inversiones, mientras que otras empresas seguramente serán cautelosas al invertir por algún tiempo.
El cierre de la mina también tendrá un impacto negativo en el suministro mundial de cobre ya que Panamá representa entre el 1 y 1,5% de la misma. Los fundamentalistas del ecologismo —como Greta Thumberg y Leonardo DiCaprio, quienes se sumaron a favor del cierre de la mina— parecen ignorar que la tan ansiada transición energética y los objetivos de descarbonización que con tanto fervor exigen, son imposibles sin la extracción de minerales como el cobre. Por ejemplo, un auto eléctrico utiliza entre 50 y 113 kilogramos de cobre, hasta 4 veces más que un auto a combustión.
En definitiva, el fallo de la CSJ podría frenar el estatus panameño de país amigable con los capitales extranjeros. Panamá se adentra en un escenario de incertidumbre al sumarse a la tendencia regional de autosabotear su economía productiva por el romanticismo medioambiental. Además, la retórica agresiva ha eclipsado e impedido un debate sensato sobre los beneficios de las industrias extractivistas, tanto para los panameños como para los extranjeros. Esto ha llevado a una decisión cómoda y cortoplacista que perjudica gravemente a Panamá.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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