Desde principios de julio de 2022, Panamá vivió una serie de intensas protestas ciudadanas que paralizaron su economía y pusieron contra las cuerdas a las autoridades. Su incapacidad para abordar el alza de precios y la corrupción están orillando a la sociedad a un estallido. El profundo descontento político prepara el terreno para que actores políticos de extrema izquierda capturen la nación.
Gremios de docentes de la educación pública convocaron a paro nacional el 1 de julio. La huelga arrancó en la ciudad central de Santiago, pero rápidamente terminó agrupando a más gremios, sindicatos, organizaciones indígenas y otros miembros de la sociedad civil. Se convirtió en una de las protestas más grandes en la historia panameña.
Cada agrupación tiene sus demandas particulares, pero todos han favorecido la reducción de precios de combustibles, alimentos y medicinas. Otras peticiones incluyen alzas salariales, mayor gasto público para salud y educación, y transparencia gubernamental.
Luego de tres semanas de escalamiento del conflicto, el centroizquierdista Laurentino Cortizo cedió ante las demandas. Impuso controles de precios en más de 70 alimentos y accedió al congelamiento del precio de los combustibles en $3,25 por galón. Mientras que el gobierno llegó a un acuerdo con los maestros el 1 de agosto, otros gremios amenazan con nuevas movilizaciones.
Los acuerdos que hoy se firmaron en San Félix:
✅B/.3.30 por galón de combustible a nivel nacional.
✅Levantamiento de los cierres de vías.
Son muestras de la buena voluntad que caracteriza a los panameños, pensando siempre en el bienestar de toda la población. #UnidosLoHacemos🇵🇦 pic.twitter.com/kcD3V99RAB— Presidencia de Panamá (@presidenciapma) July 17, 2022
La gota que rebalsó el vaso
Con más de dos décadas de crecimiento interrumpido, la economía de Panamá no fue inmune a los confinamientos derivados de la pandemia de la Covid-19 y los desafíos actuales del comercio mundial. En 2020, Panamá tuvo una fuerte caída en su PIB por 17,9%, lo que acarreó un déficit presupuestario de más del 9% del PIB y una tasa de desempleo del 18,5%.
Mientras que la economía del país ha empezado a recuperarse, la tasa de desempleo aún ronda el 10% y cerca del 50% de trabajadores está en la informalidad. La tasa de inflación—menor a 1% hasta 2020—ha alcanzado el 3% a mediados de 2022.
De igual manera, el precio de los combustibles se disparó cerca de un 40% desde febrero. Para junio el galón de gasolina de 95 octanos alcanzó los $6,02 por galón; el de 91 octanos, $5,46; y el diésel, $5,27.
Esto ha provocado un repunte en el precio de los alimentos. También, en junio, el índice de precios al consumidor interanual se situó en 5,2%, una cifra extremadamente inusual en un país dolarizado donde ha primado la estabilidad de precios.
Una crisis enquistada
Pese a que Panamá ha gozado de décadas de auge económico antes de la pandemia, lo mismo no se puede decir de su aspecto político. La confianza ciudadana hacia las instituciones y autoridades ha caído por la corrupción persistente y el escaso cumplimiento de promesas.
De acuerdo con el Latinobarómetro, 82,7% de los panameños cree que un grupo de personas poderosas gobierna el país para su propio beneficio. La falta de confianza en el gobierno es 77,2%, 87,2% para la Asamblea Nacional, 75,9% para el sistema de justicia, y 87,5% para los partidos políticos.
Una de las principales razones del descontento es la prevalencia de la extrema pobreza. Si bien la tasa de extrema pobreza se ha reducido del 38,3% en 2006 al 21,5% en 2019, aún son cifras insostenibles. Actualmente, el 10% de los hogares panameños viven con menos de $2,30 diarios.
La apertura económica ha fortalecido a la economía panameña, convirtiéndola en un destino atractivo para la inversión extranjera y favorable para hacer negocios y generar empleo. Sin embargo, la corrupción, la creciente deuda pública y la falta de independencia judicial impide la creación de mayor riqueza.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho—una iniciativa rigurosa de World Justice Project—los sobornos a los jueces son frecuentes y el sistema penal no es ni imparcial ni efectivo. Con una calificación de 36 sobre 100, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubica a Panamá en el puesto 105 de 180 países. Además, la deuda pública ha aumentado continuamente en la década de 2010, alcanzando el 65% del PIB en 2020—la última cifra oficial disponible.
Los peligros que alberga el descontento
La recesión económica y la pérdida de capacidad adquisitiva ha catalizado el rechazo hacia la democracia. Cuando más ciudadanos sienten que esa bonanza no está llegando a sus manos y se acumula en los bolsillos de unos pocos, la frustración hacia el sistema económico crece. Como resultado, salen a las calles a tomar la justicia con sus propias manos.
El paro nacional más reciente no es el único ejemplo de levantamiento social. En mayo, varias organizaciones sindicales ya realizaron una marcha solicitando al Ejecutivo atender una lista de 32 puntos de lo más variopintas. Entre ellos estaban alzas salariales y jubilares, controles de precios, seguros de desempleo y la solicitud de que Cortizo no asista a la Cumbre de las Américas celebrada en junio pasado. En julio, aunque las peticiones fueron similares, los gremios lograron paralizar la economía con bloqueos viales que causaron desabastecimiento en supermercados, gasolineras e incluso centros de salud.
Esta creciente fragmentación y desobediencia civil crea el ambiente perfecto para estallidos sociales y el surgimiento de líderes populistas y antidemocráticos. Chile y su vecina Colombia son las pruebas palpables.
El poderoso sindicato de trabajadores de la construcción (Suntracs), por ejemplo, ya ha buscado la presidencia de la República en dos ocasiones con el partido de extrema izquierda Frente Amplio por la Democracia. Si bien sus resultados han sido paupérrimos, esto no descarta que puedan capitalizar el descontento actual para futuras elecciones. Suntracs ha tenido una importante participación en estas movilizaciones y en las subsecuentes mesas de diálogo con el Gobierno.
Si bien la presidencia de Panamá ha estado al margen de la hegemonía regional liderada por el Foro de Sao Paulo, hoy rebautizado como Grupo de Puebla, las recientes movilizaciones pueden ser un preludio. La posición estratégica de Panamá puede habilitar la expansión de su agenda política de extrema izquierda y sus preferencias comerciales. Esto puede incluir más influencia desde China.
Si la clase política panameña no toma con seriedad la tarea de frenar la galopante corrupción y reformar su economía para que la prosperidad llegue también a las clases populares, tarde o temprano veremos la caída del denominado Miami del Caribe.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.