En lugar de crear un consenso entre los chilenos, el proceso constitucional ha sido una gran distracción de sus principales preocupaciones: (1) el aumento del crimen organizado y (2) el anémico crecimiento económico.
Chile no está sufriendo un repunte de inseguridad como la de México, Venezuela o Ecuador. Sin embargo, la penetración del narcotráfico en el país ha aumentado considerablemente. Esta tendencia apunta a una crisis sin precedentes, por lo que es urgente abordar el problema de raíz lo antes posible.
Asimismo, la economía del país sigue estancada. La falta de crecimiento económico está provocando un éxodo de ciudadanos chilenos, algo impensable hace solo unos años, después de haber sido un imán de inmigrantes durante más de una generación. Los chilenos, al igual que otros hispanoamericanos, buscan mejores oportunidades en otros lugares del mundo.
Mientras que el gobierno de Gabriel Boric y la oposición se han centrado exclusivamente en el proceso constitucional durante el último lustro, no han logrado abordar estas dos crecientes calamidades. La falta de medidas concretas contra la inseguridad y el empobrecimiento de los chilenos ha provocado desilusión en la ciudadanía: el 60% no se identifica con ninguno de los partidos políticos del país.
Un caldo de cultivo para el crimen
Las organizaciones criminales locales y extranjeras han aprovechado la incertidumbre institucional generada por el proceso constitucional para hacerse con el control territorial y ampliar sus operaciones. Los numerosos puertos de Chile y su proximidad a algunos de los mayores productores de cocaína del mundo —Bolivia, Colombia y Perú— lo convierten en un destino atractivo para importantes organizaciones delictivas regionales.
La Fiscalía ha revelado que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación —ambos mexicanos— están aumentando su presencia en Chile. El 5 de diciembre de 2023, un tribunal local de Iquique condenó a dos miembros del cártel de Sinaloa a al menos 10 años de prisión por narcotráfico.
Además, la presencia del Tren de Aragua, la mayor red criminal de Venezuela, se ha disparado en Chile en los últimos cuatro años. Parece que, al menos por ahora, se centran sobre todo en el tráfico de personas a través de pasos ilegales en las fronteras de Chile con Bolivia y Perú.
Los chilenos no han dejado de notar la incapacidad de Boric a la hora de enfrentar la crisis de inseguridad. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la percepción de inseguridad aumentó un 4% entre 2021 y 2022. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos en cuanto a la generación de políticas públicas, y con razón: la tasa de homicidios pasó de 4,5 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 6,7 en 2022. Para poner las cifras en perspectiva, la tasa de homicidios de Argentina en 2022 fue de 4,3. Chile está dejando atrás su estatus de país más seguro de la región.
Cuando la ideología triunfa sobre el sentido común
El persistente y envidiable crecimiento económico que llevó a Chile a convertirse en una potencia regional ya no existe. En su informe de diciembre de 2023, el Banco Central señaló que el PIB del país no había crecido aquel año, incluso antes de un ajuste per cápita. En consecuencia, el desempleo ha aumentado del 7,3% en 2019 al 8,7% en 2023. La recuperación tras las severas medidas de la pandemia del COVID-19 no se ha materializado.
Entre 2010 y 2013, Chile experimentó un crecimiento promedio del PIB per cápita del 4%. No obstante, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018) se realizaron reformas intervencionistas y mayores cargas impositivas. Esto condujo a una reducción del crecimiento promedio per cápita del 0,5% entre 2014 y 2017. Sumado a ello, los disturbios de 2019 y los confinamientos del COVID-19 entorpecieron aún más el nivel de actividad económica, por lo que entre 2019 y 2023 el PIB per cápita de los chilenos creció tan solo un raquítico 1% .
Chile también atraviesa una crisis institucional. En 2014, el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, que tiene en cuenta la calidad institucional, situó a Chile en el séptimo lugar de 177 países. En 2023, cayó hasta la posición 22. Del mismo modo, en el ránking Doing Business del Banco Mundial, Chile ocupaba el puesto 34 de 190 países en 2014. En 2020, último año de publicación del índice, el país había descendido hasta la posición 59.
La decreciente prosperidad relativa de Chile está empujando a los ciudadanos a marcharse, un fenómeno sin precedentes en el país durante el siglo XXI. Según un reportaje de El Líbero, entre enero de 2021 y mayo de 2022, más de 80.000 chilenos abandonaron el país. Mientras tanto, el Banco Central de Chile estima que los ciudadanos han sacado del país al menos $30.000 millones entre 2020 y septiembre de 2023, un genuino desangre de capitales.
Una aventura constitucional hacia ninguna parte
El denominado estallido social de 2019 en Chile conmocionó al mundo dado que, hasta entonces, el país parecía ser inmune a la inestabilidad política característica de la región. Buscando acabar con el llamado modelo político y económico neoliberal de Chile, las revueltas instaron al gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) a iniciar una revisión constitucional.
Espero que con esta segunda derrota del “octubrismo” que abogó, desde un inicio, por cambiar nuestra Constitución y la segunda ratificación de la actual, los partidos q se dicen de derecha NO VUELVAN NUNCA A CAER EN EL CHANTAJE y la defiendan como es debido.
MAS VALENTÍA SEÑORES!— Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) December 18, 2023
En 2020, el 78% de los chilenos votó a favor de una nueva constitución. Debido a las multitudinarias protestas y a la agresiva retórica de la izquierda, una mayoría de ciudadanos había comprado la idea de que era necesaria la refundación de la República para hacer frente a los retos sociales, políticos y económicos. Sin embargo, el discurso panfletario de la izquierda era puro humo. Aunque la dictadura de Augusto Pinochet estableció la actual Constitución en 1980, el gobierno del centroizquierdista Ricardo Lagos eliminó cualquier rastro autoritario en 2005.
En 2022, con una histórica participación del 86% del padrón electoral y el 62% de los votos, los chilenos rechazaron el primer proyecto constitucional debido a su fuerte sesgo izquierdista. El nuevo texto entorpecía el Estado de derecho al crear múltiples sistemas de justicia dentro del territorio y ampliaba el alcance de las expropiaciones de tierras por parte del Estado. Básicamente era un calco posmoderno de las constituciones implantadas en la región por los socialistas del siglo XXI.
Nuevamente en diciembre de 2023, el 55% de los chilenos rechazó el nuevo texto constitucional, esta vez redactado en su mayoría por partidos de derechas. Para la izquierda, el texto —caricaturizado como kastitución— era “profundamente neoliberal”, mientras que para parte de la derecha, este habilitaba el intervencionismo. Ante el evidente hastío ciudadano, Boric afirmó que este era el último intento de reescribir la Constitución durante su mandato. Incluso reconoció que “Chile tiene otras preocupaciones” en este momento.
Este video es de julio. No era tan difícil de prever. El tema estaba cerrado con el 62% del rechazo del año pasado con victoria sobre la izquierda. La derrota actual es responsabilidad de Chile vamos y luego de la centro izquierda y el partido republicano. En todo caso el fondo… pic.twitter.com/qH2AQyYIfL
— AXEL KAISER (@AXELKAISER) December 17, 2023
Paradójicamente, las mismas agrupaciones izquierdistas que apoyaron la destrucción de Chile en 2019 han preferido mantener la “Constitución de Pinochet” en lugar de aprobar una redactada por la oposición. Esto desvela sus ambiciones totalitarias, no buscaba un consenso entre la sociedad, sino una Constitución a la medida de sus parámetros ideológicos. Confundieron sus deseos con las necesidades de la sociedad.
Con la vigencia indefinida de la actual Carta Magna de 1980, lo previsible es que en poco tiempo la izquierda terminará por amotinarse nuevamente en un intento por provocar un quiebre político en el país. Los chilenos tendrán que ser lo suficientemente maduros para detener cualquier revolución violenta y autoritaria que pueda allanar el camino hacia una nueva dictadura en el país.
Chile ha ganado, quizás sin percatarse, al concluir este bochornoso episodio constitucional. Ha prevalecido el marco legal que le ha permitido convertirse en uno de los países más prósperos y desarrollados de la región. Sin embargo, la Constitución por sí sola no es garantía de éxito y tampoco hace milagros. Los políticos deben centrarse en establecer un entorno seguro para los ciudadanos y la inversión. De lo contrario, Chile podría caer en un abismo, como ha ocurrido con tantos otros países de la región.
Este artículo refleja únicamente la opinión del autor, mas no necesariamente la opinión del Impunity Observer.
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