El 4 de septiembre los chilenos acudirán obligatoriamente a las urnas para aprobar o rechazar una nueva carta magna. Dado que las más recientes encuestas otorgan la victoria al rechazo, el presidente Gabriel Boric ha anticipado que no aceptará esa decisión. La nueva propuesta de constitución es un requisito fundamental para ejecutar su ambicioso programa de Gobierno.
Evidenciando su talante antidemocrático y prolongando la incertidumbre jurídica en el que ha sido el país más próspero de la región por cuatro décadas, Boric ha amenazado con un nuevo proceso constituyente, similar a cuando el expresidente colombiano Juan Manuel Santos se impuso a la opinión de los ciudadanos que daban la negativa en el referéndum por el acuerdo con las FARC. La Carta Magna vigente pone obstáculos al accionar intervencionista y arbitrario del poder político por su naturaleza garantista con las libertades individuales.
Ante esta postura de Boric, la oposición ha acusado al Presidente y su gabinete de promover públicamente el apruebo, una intromisión que violaría la prescindencia del proceso. Así mismo, señalan que el Palacio de La Moneda ha servido como centro de coordinación de campaña tras las mismas declaraciones del diputado Leonardo Soto del Partido Socialista en sus redes sociales, las cuales luego eliminó y se desdijo.
El hermano de uno de los jefes de campaña del Apruebo es el Director Jurídico de la Contraloria. Con razón la Contraloria no hace nada para frenar la intervención masiva y desatada del Presidente Boric con las platas de todos los chilenos
— José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) July 21, 2022
Lo que propone la nueva constitución
Tras las violentas protestas que suscitaron en Chile en octubre de 2019, el entonces presidente Sebastián Piñera cedió ante la muchedumbre e impulsó el proceso para dar paso a una nueva constitución. Esta se refrendó en el referéndum de entrada de 2020 con el 78% de los votos. No obstante, cerca del 50% del padrón electoral se abstuvo.
El argumento central para cambiar la actual constitución es que esta fue impuesta bajo la dictadura del General Augusto Pinochet, por lo que estaría deslegitimada de partida. Sin embargo, esta ha tenido 257 modificaciones mediante la incorporación de 52 leyes en cuatro décadas. Incluso, se cambió en 2005 la firma del dictador por la del entonces presidente centroizquierdista Ricardo Lagos.
La adopción de la nueva propuesta constitucional supondría un giro de tuerca al Chile actual y su modelo, empezando por el hecho de que ya no sería un Estado Republicano de derecho moderno, sino que transitaría hacia una “República plurinacional, intercultural, regional y ecológica”. A las poblaciones indígenas —11 en total— se les otorgaría autonomía sin fiscalización plena del Estado para impartir su propio gobierno, justicia, territorialidad, entre otras. Esto disgregaría al país en más de once naciones o jurisdicciones sin delineamiento territorial.
Por otra parte, las resoluciones del Congreso pasarán solo por mayoría simple y se eliminará el Senado (Cámara Alta), un contrapeso político vigente en el país desde 1812. Este será reemplazado por una Cámara de las Regiones. Álvaro Elizalde, presidente del Senado y miembro del Partido Socialista, dijo que esta norma “no cumple con el estándar mínimo de ser una regulación coherente”.
Así mismo, se pone en tela de juicio la autonomía del Banco Central al habilitar la destitución de sus miembros por razones políticas; se quebranta el derecho de propiedad al habilitar las expropiaciones de tierras con indemnizaciones arbitrarias causadas en un “precio justo”; se desconoce la propiedad intelectual industrial y se termina con el régimen de propiedad de uso de agua y concesiones mineras.
Una campaña de trampas para el apruebo
El nuevo texto constitucional denota tan mala calidad, de forma y fondo, que los mismos partidos políticos que la promovieron han ofrecido reformarlo con el fin de que los electores se animen a aprobarlo en las urnas.
La alianza izquierdista entre el Frente Amplio, el Partido Comunista de Chile y las agrupaciones del Socialismo Democrático se han comprometido a modificar aspectos centrales de la constitución propuesta referentes a la plurinacionalidad, los derechos sociales, seguridad, sistema político y Poder Judicial, esto una vez que sea aprobada. Sin embargo, no han mencionado cambios en lo referente a la eliminación del senado.
Esta estrategia consiste en ofrecer cambios profundos a un texto que no convence ni a sus mismos promotores, para que de esta manera el electorado se incline por el apruebo. Sin embargo, esta burda manipulación no termina de convencer ya que nada garantiza que, una vez refrendado el nuevo texto, cumplan con su compromiso de realizar dichos cambios.
La nueva constitución magnificaría las facultades del poder político para intervenir en la vida social y económica de los ciudadanos, prometiendo a estos una larga lista de derechos, eximiéndolos a su vez de todas las responsabilidades. La vía del rechazo sería la más idónea si se quiere evitar entrar innecesariamente en una comparsa de profunda demagogia.
Chile ve una luz al final del túnel
Bajo el paraguas de la constitución vigente, Chile ha alcanzado los mayores estándares de progreso económico y bienestar social de su historia. De ser uno de los países más pobres de la región en los años 80, se convirtió en líder en todos los rankings de desarrollo.
Chile se posiciona primero en los Índices de Desarrollo Humano, Libertad Humana, Libertad Económica y Competitividad Global; segundo en Prosperidad Global y Percepción de la Corrupción y tercero en el de Calidad Democrática. Pese a ello, desde 2014 el país ha ralentizado su crecimiento económico al tiempo que se han agudizado las disputas sociales, en especial las referentes al conflicto mapuche y la polarización política.
Desde el estallido social, Chile se mantiene en una situación de perplejidad, causando un continuo deterioro de su economía. En 2022, se posicionó como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más se han empobrecido los ciudadanos. En el primer trimestre de este año, los ingresos reales de las familias cayeron un 10,4% por la confluencia de la inflación y la desaceleración económica.
El experimento revolucionario de la extrema izquierda chilena, el cual ha logrado poner contra las cuerdas a la institucionalidad y la estabilidad del país, hoy encuentra una barrera que no creía posible hace solo un año cuando se hicieron con la presidencia del país: el rechazo ciudadano a su nueva constitución de tintes bolivarianos.
Volver a entrar en una aventura constituyente supone una enorme irresponsabilidad. Esto prolongará, tanto para individuos como para sociedades empresariales, hacer prospecciones en el mediano y largo plazo si se carece de un marco legal estable.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.