Hallazgos
- En junio de 2021, el entonces presidente Iván Duque sancionó la Ley de Transición Energética. Esta legislación establece 1) una reducción gradual y estructurada de la producción de combustibles, 2) un fondo proveniente de regalías petroleras y mineras para financiar la transición, e 3) incentivos tributarios para estimular el desarrollo de renovables no convencionales —eólica, solar, geotérmica e hidrógeno.
- Durante el COP 28, llevada a cabo en Dubai en noviembre de 2023, Petro lanzó un portafolio de inversión por la “acción climática” de $34 mil millones para acelerar la transición. También anunció que el gobierno colombiano no otorgará más licencias de exploración de petróleo o carbón.
- En diciembre de 2023, sin embargo, Petro conversó con el dictador Nicolás Maduro para explotar petróleo y gas en Venezuela mediante una alianza entre la compañía petrolera colombiana Ecopetrol y la venezolana Pdvsa. El acuerdo incluye la potencial importación de combustibles desde Venezuela a partir de 2025, si Colombia carece de suficiencia energética.
- El Gobierno de Petro, el cual asumió el poder en agosto de 2022, está preparando una hoja de ruta para la implementación de su plan de transición. La primera versión presentada en abril de 2023 no contempló suficientes reservas para garantizar la seguridad energética del país. A finales de año presentaron una nueva hoja de ruta para recibir aportes de la sociedad civil. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas incorpora dichos aportes, pese a que su lanzamiento estaba programado para febrero de 2024.
Introducción
El presidente colombiano Gustavo Petro hizo de la transición energética una de sus banderas en la campaña presidencial de 2022. Ofreció reemplazar los combustibles con fuentes renovables y convertir a Ecopetrol, la cuarta empresa petrolera más grande en América Latina, en la compañía de energía verde más influyente de la región. No obstante, hasta ahora, la falta de certeza legal han hecho de esta política una típica promesa populista, de esas que acostumbran los caudillos latinoamericanos.
En 2023, Ecopetrol registró 43% menos de utilidades que el año anterior, y los niveles de producción de petróleo, gas y carbón en 2023 fueron tan bajos como los de 2020. No obstante, los combustibles representan al menos 30% de las exportaciones colombianas y el petróleo contribuye cerca del 13% de los ingresos nacionales. Por eso, irónicamente, la Ley de Transición Energética (Ley 2099) prevé financiar la transición con las regalías del petróleo y el carbón.
Sin embargo, Petro ha sofocado estas industrias al anunciar que el gobierno no otorgará más licencias de exploración de petróleo y carbón. Para él, el turismo y la agricultura industrializada pueden reemplazar los ingresos derivados de los combustibles. Esto requeriría un escalamiento ambicioso y desafiante en el corto plazo.
La Cámara de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) ha estimado que la suspensión de nueva producción petrolera y gasífera reduciría las contribuciones del presupuesto público por $4,8 mil millones hasta 2026 y por $24,5 mil millones hasta 2032. Campetrol también indicó que cambiar 45% de la producción energética a renovables no convencionales hasta 2050 costaría $532 mil millones.
Esta investigación examina el estado actual e impacto de la transición energética en Colombia, así como la viabilidad del plan propuesto por el gobierno para reemplazar las fuentes de energía y los ingresos provenientes de las industrias del petróleo y el carbón. El Gobierno de Petro ha convertido una política económica estratégica —para enfrentar desafíos económicos globales— en una táctica para expandir la intervención gubernamental y financiar a la dictadura venezolana.
La transición energética implica un fuerte componente de reconversión laboral y empresarial. El plan de desarrollo lo contempla pero su aplicación debe comenzar ya.
Pasar a energías limpias va de la mano de los trabajadores y empresarios hoy ubicados en las energías fósiles.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 16, 2023
La transición energética avanza a paso de tortuga
En junio de 2023, el Foro Económico Mundial publicó el último Índice de Transición Energética. Con 10 puestos atrás en comparación al año pasado, Colombia se ubicó en la posición 39 entre 120 países evaluados, y estuvo sexta en el ranking de América Latina.
Las fuentes renovables no convencionales —solar, eólica, geotérmica e hidrógeno— son insignificantes en Colombia. En 2022, el último año con datos disponibles, las mayores fuentes de energía para el consumo nacional fueron la hidroeléctrica (67%), gas natural, carbón y biogás (31,5%). La energía solar y eólica representan solamente 1,4% y 0,1%, respectivamente. Además, alrededor del 80% de la energía que se exporta desde Colombia proviene de combustibles.
Matriz energética de Colombia
Germán Corredor, ex director de la asociación de energía renovable SER Colombia, explicó que algunos proyectos estaban desarrollándose cuando Petro asumió la Presidencia. Se espera que empiecen a operar a finales de 2024 y cuenten con una capacidad instalada de 3.000 megavatios. Para noviembre de 2022, la capacidad instalada en Colombia de energía solar y eólica era 1.365 megavatios, mientras que la capacidad instalada general a nivel nacional era de 17.326 megavatios.
De acuerdo con Corredor, la transición energética necesitaría al menos 15 años, no solo un par. “Depende de la aceleración que venga del Gobierno, de las señales que dé y de los incentivos para que esto se pueda desarrollar”, dijo a Bloomberg Línea.
El Gobierno de Petro, no obstante, ha disuadido la inversión. Corredor indicó: “Calculamos que hay por lo menos $3 mil millones por invertir en energías renovables, pero la incertidumbre hace que los inversionistas prefieran parar y revisar los escenarios.” Para él, las compañías no solo deben invertir en infraestructura para las fuentes renovables sino también en transmisión, distribución, medidores inteligentes, vehículos eléctricos, estaciones de carga y capacitación técnica.
Igualmente, el director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas, Ricardo Triana, dijo a Forbes Colombia que “es fundamental plantear una transición energética responsable y bien estructurada que aporte a la economía sin poner en riesgo la seguridad energética del país”. Para Triana, el gobierno debe ofrecer seguridad jurídica, mejorar la infraestructura y aplicar incentivos tributarios para atraer más inversión extranjera.
El medio digital Cambio Colombia informó, en febrero de 2024, que Colombia tiene 66 proyectos de paneles solares en construcción, los cuales esperan iniciar operaciones este año. Sin embargo, 44 de ellos están suspendidos debido a trámites gubernamentales de permisos. SER Colombia explica que los permisos y licencias pueden tomar entre tres y seis años, mientras que la instalación de los paneles solares toma alrededor de nueve meses.
Para simplificar los trámites y brindar lineamientos en la implementación de la transición energética, el Gobierno de Petro ha ofrecido publicar una hoja de ruta. La primera versión presentada en abril de 2023 no consideraba suficientes reservas de combustibles para garantizar la seguridad energética, por lo que el gobierno presentó una nueva propuesta a finales de 2023, solicitando aportes de participación ciudadana. El Ministerio de Energía y Minas trabaja en la versión final, aunque esta estaba programada para febrero de 2024.
Por lo pronto, durante la Conferencia de las Partes por el Cambio Climático (COP 28), llevada a cabo en noviembre de 2023 en Dubai, Petro anunció la creación de un portafolio de inversión de $34 mil millones para acelerar la transición y promover la acción climática en Colombia hasta 2026. El portafolio contempla 14 proyectos para combatir el cambio climático, y $14,5 mil millones estarían destinados a la descarbonización del sistema eléctrico.
No obstante, este monto solo da un impulso inicial. El Banco Mundial estima que para la descarbonización Colombia requiere invertir 1,5% del PIB hasta 2030 y 1,1% del PIB hasta 2050. En contraste, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dijo al medio colombiano La República que esta política en realidad costaría alrededor de 7% del PIB hasta 2050. Para 2022, el PIB de Colombia fue de $343,6 mil millones.
La transición energética como una cortina de humo
Durante la COP 28, Petro también anunció que dejaría de otorgar licitaciones para la exploración de petróleo y carbón. “La transición hacia la energía limpia no es una simple opción, es una necesidad urgente a la que Colombia busca responder”, dijo en su discurso.
“La llegada [de la transición energética] en este grupo pionero de naciones fortalece nuestra posición colectiva y demuestra un creciente apoyo diplomático para negociar un tratado de combustibles. Con Colombia, hemos dado un paso más hacia el futuro libre de petróleo, gas y carbón”.
No obstante, un mes después, Petro se reunió con el dictador venezolano Nicolás Maduro y acordó explotar gas y petróleo en el país vecino mediante una alianza entre Ecopetrol y la compañía venezolana Pdvsa. El acuerdo incluye importar petróleo y gas de Venezuela desde 2025 si Colombia no cuenta con suficiencia energética. En marzo de 2024, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa anunció que Colombia podría enfrentar una escasez del 17% en combustibles para 2025.
El acuerdo con Venezuela es válido hasta 2027, y fue firmado durante la ventana de tiempo de seis meses en la que Estados Unidos levantó algunas sanciones económicas a Pdvsa, con la premisa de que las autoridades estadounidenses podrían extender este periodo que termina en mayo. “Esta decisión se enmarca en el levantamiento que hay hoy de esas restricciones. En la medida en que ellas vuelvan a existir, pues nos abstendremos de hacer las transferencias y transacciones”, comentó Roa.
Para justificar la decisión, Petro publicó:
Este es el tipo de desinformación que se irradia a la sociedad y que merece ser rebatida.
Colombia importa hace años gas y lo hace a precios alitísimos. Ese gas importado determina en parte sustancial el alto costo de la energía eléctrica vendida en bolsa.
La importación la… https://t.co/NG5b3xSPdi
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 6, 2024
El presidente colombiano ha tomado ventaja del alivio de sanciones al régimen venezolano para justificar transferencias de dinero hacia la dictadura, incluso cuando esto implica recurrir a una fuente incierta para la provisión de combustibles frente a un posible desabastecimiento de energía en 2025.
¿Podrán los combustibles financiar su extinción?
La transición energética en Colombia originalmente buscaba responder a los cambios en la demanda global. Mientras el mundo está explorando fuentes alternativas a los combustibles, estos siguen siendo fundamentales para la economía colombiana.
Colombia es el quinto mayor exportador de carbón en el mundo. China, Japón, Brasil y Turquía son los principales destinos del carbón colombiano. En 2017, 2018 y 2019, Colombia exportó alrededor de 80 millones de toneladas por año a un precio promedio de $90 por tonelada. El sector carbonífero representó 2% del PIB.
Debido a las limitaciones en la producción y comercio ocasionadas por la pandemia, este sector solamente representó 0,7% del PIB en 2020. La producción fue de 49 millones de toneladas y el precio por tonelada cayó a $50.
Mientras que la economía global regresaba a la normalidad en 2021, la demanda de carbón y su precio incrementaron —llegando a $298 por tonelada en octubre. Sin embargo, las compañías colombianas aún no estaban en su capacidad total de producción, por lo que no podían satisfacer esta demanda. Su participación de mercado declinó, perdiendo casi todas las exportaciones hacia Europa.
Cuando Rusia invadió Ucrania a inicios de 2022, el precio del carbón aumentó hasta $440 por tonelada, y los países europeos reemplazaron parte del carbón que importaban desde Rusia con carbón colombiano. Ese año las exportaciones de carbón a Europa aumentaron en 54%.
Las exportaciones de carbón fueron de $12,3 mil millones en 2022, un incremento de 117% respecto del año pasado. Ese año, el sector carbonífero contribuyó con más de $3 mil millones a las arcas del Estado mediante impuestos y regalías. Después del boom, Colombia exportó 56 millones de toneladas de carbón a un precio promedio de $200 por tonelada en 2023, lo que representó 1% del PIB.
La producción petrolera representa alrededor del 3% del PIB, pero también está declinando. De 2022 a 2023, tanto las exportaciones como la inversión extranjera directa cayeron en 15% en el sector petrolero.
Debido a que las compañías que operan en Colombia ya no pueden perforar más pozos de exploración, más de 19.000 empleos se perdieron en 2023. Sin más exploración, la Agencia Internacional de Energía estima que la producción en Colombia podría caer de 777.016 barriles diarios—reportados en 2023—a 620.000 barriles por día en 2028.
Ecopetrol ya está tambaleando
Ecopetrol es una compañía mixta, con 88.5% de tenencia por parte del Estado colombiano, 5% por fondos de pensión y 6.5% por inversores privados. Como la compañía petrolera más grande del país, la incertidumbre sobre el futuro de los combustibles y la transición energética han perjudicado a su desempeño.
Petro ha propuesto que Ecopetrol se convierta en una gigante de energía verde, pero la compañía no ha logrado mantener su nivel de rentabilidad. Para Rafael Nieto, ex ministro de Justicia en Colombia, es simple: “Una compañía petrolera que no busca aumentar sus reservas pierde su valor”.
Precio de las acciones de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York (2019–2024)
Ecopetrol, la cual cotiza en las bolsas de Bogotá y Nueva York, ha perdido casi la mitad de su valor en dos años. Sus acciones se vendían en Wall Street en $19,60 para mayo de 2022, y para abril de 2024 su precio rondaba los $12,23.
Ecopetrol también atraviesa una crisis de gobernanza, debido a la interferencia del Gobierno de Petro. En octubre de 2022, Ecopetrol mantuvo una asamblea extraordinaria para cambiar su junta directiva. En marzo de 2023, la nueva junta expulsó a Felipe Bayón, presidente de la compañía desde 2017, y un mes después escogió a Ricardo Roa —quien tiene una carrera de más de 25 años en el sector energético pero nula experiencia en petróleos.
A inicios de 2024, un grupo de accionistas envió una carta a Roa solicitando su renuncia: “Usted nunca tuvo los méritos empresariales para ser presidente de Ecopetrol”. La carta respondía a los resultados de una auditoría realizada por la consultora internacional Control Risks con el propósito de “impedir que los administradores de las empresas actúen contra los intereses de los accionistas, en este caso de todos los colombianos, de los 260 mil accionistas privados y de los más de 12 millones de afiliados a los fondos de pensiones”.
En consecuencia, el 22 de marzo, en una Asamblea General de Ecopetrol, se escogió una nueva junta directiva con cinco nuevos integrantes y cuatro antiguos, aunque el disgusto de la idoneidad de los perfiles postulados por el gobierno se mantiene. Ante esto, Bayón comentó con Financial Times que Ecopetrol “se ha politizado. La independencia debe ser respetada, y [Ecopetrol] debe ser manejada como una empresa”.
En lugar de intervenir las EPS deberían intervenir @ECOPETROL_SA:
1-La junta directiva es ilegítima.
2-Cambiaron el objeto social sin control Constitucional de Integración Vertical.
3-La Empresa perdería su participación en la bolsa de Nueva York por venderle a Venezuela
🧵 https://t.co/N3mV7WtY49— Luis Carlos Orejarena (@lorejarena) April 11, 2024
La transición es un nuevo vocablo de nacionalización
En febrero de 2024, el Ministerio de Energía y Minas publicó en su sitio web un borrador del proyecto de ley para prohibir proyectos de exploración y explotación de carbón. La entidad solicitó a los ciudadanos sus aportes antes de enviar el proyecto de ley al Congreso.
Adicional a oficializar lo que Petro ya ha anunciado en espacios internacionales, el borrador del proyecto de ley busca habilitar la expropiación de activos mineros con la condición de reorientar su uso hacia la transformación energética e industrial.
Si la transición energética fuera un objetivo sincero para el Gobierno de Petro, podría colaborar con Chile, Costa Rica y Uruguay, los cuales están mucho más avanzados que Colombia.
Uruguay, por ejemplo, logró completar la descarbonización de su matriz energética en 2023. Mediante una producción energética relativamente libre, Uruguay destinó 3% del PIB al año en la transición energética y atrajo más de $8 mil millones en capital privado durante la última década.
Recurrir a la dictadura venezolana, la cual destruyó una pujante industria petrolera, sugiere que otros motivos ideológicos están en juego, sobre todo una búsqueda de nacionalización.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.