El secretario de Estado Antony Blinken ha admitido en el Congreso de Estados Unidos que el Departamento de Estado cometió un crimen en Guatemala. Blinken trató de justificarlo alegando falsamente que la Fiscal General de Guatemala Consuelo Porras era corrupta, pero él tan solo estaba proyectando la corrupción del Departamento de Estado en ella.
El representante republicano de Ohio, Warren Davidson, dijo a Blinken en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, llevada a cabo el 22 de mayo, que la Embajada de EE. UU. ha amenazado a miembros del Congreso de Guatemala. Ellos debían apoyar a la remoción de Porras o sufrir consecuencias.
El mensaje de amenaza fue transmitido el 5 de mayo en la residencia del embajador de EE. UU. Davidson dijo que la consecuencia consistía en cancelar visas, incluidas las de los hijos de congresistas estudiando en Estados Unidos.
Davidson consultó a Blinken si “Estados Unidos debía manipular a miembros de congresos extranjeros de esa manera”. Blinken respondió, “no se trata de manipular a miembros de un Congreso extranjero, es el hecho de que en las recientes elecciones en Guatemala, hubo un intento muy fuerte de evitar que el presidente democráticamente elegido en Guatemala asumiera el cargo”.
La fraudulenta justificación
Esa declaración no es certera. Incluso si lo fuera, aquello no justificaría la extorsión de Estados Unidos a los congresistas de otro país. Blinken mintió al Congreso diciendo que el presidente Bernardo Arévalo fue democráticamente elegido. Sin el fraude electoral dirigido por el Departamento de Estado, su títere Arévalo no podría haber sido presidente.
Más de mil denuncias de fraude electoral han sido presentadas luego de que Arévalo obtuvo sorpresivamente el segundo lugar en la elección del 25 de junio. El Ministerio Público estaba en obligación legal de investigar.
El Departamento de Estado dice que el Ministerio Público no tiene ningún rol en las elecciones, pero sus propios abogados saben que esto no es cierto. La Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala aclara que los crímenes electorales están sujetos al Código Penal. Asimismo, la Constitución de Guatemala asigna al fiscal general (quien lidera el Ministerio Público) el procesamiento penal y la supervisión de la implementación legislativa.
Pese a la resistencia agresiva del régimen de Biden, un juez ordenó la incautación de las papeletas de votación originales por parte del Ministerio Público. Las papeletas no se encontraban en el centro electoral de operaciones donde debían estar. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) son responsables de los crímenes relacionados. Cuando el Ministerio Público eventualmente encontró los documentos originales, descubrió –entre otras anomalías– que 2 millones de 5.6 millones de votos no tenían fundamento legal.
El 11 de diciembre, el Ministerio Público entregó los resultados de su investigación al TSE, en cumplimiento con la orden de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, el TSE no pudo reunirse porque cuatro de sus magistrados dejaron ilegalmente el país con una excusa inventada. Ellos huyeron puesto que la Contraloría de Cuentas había presentado una denuncia de malversación de fondos en su contra.
Por ley, la Corte Suprema envió la denuncia al Congreso de Guatemala. De los 160 congresistas, 108 votaron a favor de levantar la inmunidad de los magistrados, para que puedan ser sujetos a proceso penal. El Departamento de Estado canceló las visas de los 108 legisladores y de sus cónyuges.
Mario Duarte, exsecretario de Inteligencia de Guatemala (2016-2020), dijo a Tucker Carlson que el régimen de Biden “trató de bloquear las investigaciones del fraude electoral”. Duarte añadió que el Departamento de Estado convocó a guatemaltecos a la Embajada de EE. UU. y los amenazó a ellos y a sus negocios si no presionaban porque se suspendieran las investigaciones. Aquello es un crimen.
El Departamento de Estado está cubriendo sus huellas
El congresista estadounidense Davidson preguntó a Blinken si su oposición hacia Porras estaba relacionada con sus “investigaciones para determinar si el gobierno de Biden era cómplice en el tráfico de menores”. Blinken dijo que eso era absurdo. Robby Starbuck ha reportado que la Embajada de EE. UU. advirtió al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, “que él estaba jugando con fuego” cuando aceptó dar una entrevista a Starbuck sobre el tema. Como mínimo, los crímenes del Departamento de Estado en Guatemala han facilitado el tráfico de menores.
Pineda dijo a Starbuck que el Ministerio Público ha estado investigando el financiamiento de las protestas violentas de octubre a enero. La asociación Liga Pro-Patria (una sociedad que defiende el imperio de la ley) vinculó las protestas violentas con el Departamento de Estado.
La Liga también declaró: “El Departamento de Estado debe aplastar a las investigaciones de Porras para ocultar los crímenes de su personal y sus agentes, y poder cometer nuevos crímenes que promuevan su agenda”. El régimen de Biden promueve deliberadamente la migración ilegal, engañando a Estados Unidos. Fiel a su juramento, Porras lucha contra el tráfico ilegal de personas y drogas, pese a la campaña pública que el régimen de Biden mantiene en su contra.
Consuelo Porras en la cuerda floja
El 5 de mayo, Porras solicitó a la alta corte de Guatemala un amparo en contra de Arévalo por tratar de removerla inconstitucionalmente del cargo. Ella dijo a la corte que existía una “amenaza inminente, certera y real” de que las medidas ilícitas de Arévalo pudiesen resultar en ataques a su integridad física y a su vida. La corte otorgó el amparo el 7 de mayo.
El 6 de mayo, Arévalo presentó la legislación que permitiera remover a Porras. Los nuevos criterios para remover a un fiscal general no podrían aplicar retroactivamente para Porras. Ella estaría fuera solamente si el régimen de Biden lograra intimidar al personal judicial para validar un acto ilegal, como ya lo ha hecho en otras instancias.
La traición del Departamento de Estado hacia Estados Unidos en Guatemala ocurrió porque la entidad estadounidense creyó que allí no habría supervisión del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara. Desafortunadamente, este último ha facilitado el fraude, y las preguntas de Davidson han sido una excepción a lo usual. El Comité de Supervisión de la Cámara también tiene competencia y debería realizar investigaciones a la traición del régimen de Biden y del Departamento de Estado en Guatemala.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.