El próximo 11 de enero, a menos de tres semanas de haber celebrado el nacimiento de Cristo, el más famoso de la historia, el Gobierno de Guatemala tomará la dirección opuesta. Bajo la presión del Gobierno de Barack Obama, el expresidente Efraín Ríos Montt será enjuiciado nuevamente, y así se intentará responsabilizar al país por los infortunios de un genocidio que nunca existió.
El juicio por genocidio y la Inmaculada Concepción no pueden ser comparados bajo ningún concepto, pero las dos historias comparten algunos elementos claves. Dependen del poder del dogma. Ambas son celebradas por verdaderos creyentes. Surgen del poder de la fe, más allá de cualquier hecho objetivo.
Desde su inicio en 2011, el juicio por genocidio ha sido sumamente problemático. En mayo de 2013, un panel de jueces encontró a Ríos Montt culpable y lo sentenció a 80 años en prisión. Pero unos días más tarde, el máximo tribunal del país concluyó que el presidente del panel había atropellado los derechos constitucionales del acusado. El fallo fue revocado.
El mismo tribunal que permitió el comienzo de un nuevo juicio declaró, tras varios inconvenientes, que el acusado de 89 años no contaba con las condiciones de salud necesarias para enfrentar un juicio. El Ministerio Público, de todas maneras, continúa avanzando con el proceso, incluso en ausencia del acusado. Además procede sin la existencia de un cargo legítimo.
[adrotate group=”7″]Ríos Montt fue el jefe de Estado de Guatemala durante apenas 17 meses, de marzo de 1982 a agosto de 1983. La acusación contra él se fundamenta en la muerte de 1.771 personas de la etnia Ixil. Sin embargo, genocidio no es lo mismo que asesinato, aún si son muchos asesinatos. Genocidio —un término acuñado durante la Segunda Guerra Mundial— es “la destrucción de una nación o grupo étnico”.
Ríos Montt nunca intentó eliminar a los ixiles, y los ixiles lo sabían. Durante el mandato de Ríos Montt, los ixiles sirvieron en las Fuerzas Armadas de Guatemala. También pelearon junto con las Patrullas de Autodefensa Civil, armadas y entrenadas por el Ejército. Tras los combates, los ixiles estaban entre los más cercanos aliados políticos de Ríos Montt.
Durante el transcurso del conflicto, la palabra “genocidio” nunca fue mencionada. Como jefe de Estado, Ríos Montt invitó a observadores al enfrentamiento. Las Naciones Unidas elaboraron informes anuales entre 1983 y 1997. De estos reportes, en ningún momento se desprende que haya habido un genocidio.
La resolución del conflicto incluyó una amnistía para todos los actos de guerra cometidos por todos los bandos. La intención era evitar que el enfrentamiento continuara por otros medios. La amnistía incluyó una excepción para los crímenes enmarcados en una categoría especial, como el genocidio, aunque en 1996 el genocidio no era un asunto que se discutiera.
Los acuerdos de paz de 1996 sí incluyeron la necesidad de establecer la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, con el mandato de elaborar un informe acerca del conflicto. En 1999, la comisión afirmó que habían ocurrido “actos de genocidio”.
La frase es dudosa. Es como decir que una mujer ha tenido “incidentes de embarazo”. El genocidio no admite grises. Al igual que con el embarazo, ocurre o no ocurre. Pero gracias a estos engaños y otros similares “el genocidio guatemalteco” se ha convertido en la práctica en un sinónimo de “el Ejército de Guatemala”.
El partido de la guerrilla ha ubicado entre sus prioridades más urgentes codificar en la estructura legal del país la existencia del genocidio. Sería una magnífica herramienta para reescribir las leyes del país y permitirle a la guerrilla tomar el poder.
Esta acción viola el espíritu del acuerdo que puso un punto final al conflicto. Es, para la guerrilla, la manera de continuar el enfrentamiento por otros medios.
En 2009 la guerrilla encontró un camino para avanzar en sus objetivos, con la asunción de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. Trabajando directamente y mediante la complicidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la “comisión anti-corrupción” de la ONU, Estados Unidos pudo imponer la remoción de un fiscal general independiente, Conrado Reyes, y se encargó de que fuera reemplazado por Claudia Paz y Paz, una vieja adherente al partido de la guerrilla y fervorosa defensora del argumento del genocidio.
La entonces secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, brindó un respaldo total a Paz y Paz. Durante el juicio contra Ríos Montt, el embajador estadounidense Arnold Chacón sermoneó a la población sobre la necesidad de “respetar la legitimidad y la integridad” del proceso judicial por genocidio.
Pese a la anulación del veredicto que indicaba la culpabilidad, el Departamento de Estado de EE.UU. concedió uno de sus premios “Mujeres de Coraje” a la jueza que presidía el tribunal, Yassmin Barrios. En una ceremonia en el Departamento de Estado, encabezada por Michelle Obama, el Gobierno de EE.UU. mencionó el trabajo de Barrios en el juicio como una “importante precedente legal para los casos de genocidio en todo el mundo”.
Cables diplomáticos, ahora desclasificados, escritos por personal de la embajada de EE.UU., muestran que el Departamento de Estado, en la presidencia de Obama, ha estado perpetrando un fraude con su diplomacia en Guatemala. Ya en 1982 el Departamento de Estado había informado a través de sus propios observadores de campo que la historia del genocidio era un invento. El 4 de agosto de ese año la embajada de Estados Unidos envío a Washington el siguiente análisis:
“El mejoramiento en cuanto a los derechos humanos puede ser atribuido al presidente José Efraín Ríos Montt (…) Tras asumir el poder con otros dos miembros de la junta, Ríos dejó en claro su intención de acabar con las matanzas indiscriminadas por parte del Gobierno…”
“Ríos Montt ha decidido que es hora de mejorar el estatus de los indios [sic] en la sociedad guatemalteca, y ha asumido el desafío de los insurgentes de forma directa (…) La medida más importante tomada por el Gobierno de Ríos frente a los indios ha sido armarlos, una acción impensable hace un año”.
Y la dura verdad es que la guerrilla y el presidente Obama están colaborando para sofocarlos:
“Patrullas de Autodefensa Civil han sido organizadas en pueblos remotos y se les provee gradualmente armamento. Mientras que uno de los dogmas centrales de la teología guerrillera es que los indios se vuelvan en contra del Gobierno, este no ha sido el caso (…) Previo al golpe, la izquierda estaba tomando impulso a medida de que los indios se unían lentamente a sus filas. Este crecimiento, sin embargo, fue detenido cuando Ríos llegó al poder y redujo los abusos del Gobierno”.
Otro cable de la embajada fecha 22 de octubre de 1982 informaba: “Si [el Gobierno de Guatemala] estuviere involucrado en ejecuciones extrajudiciales masivas — una campaña ‘demente, genocida’— en el altiplano guatemalteco, uno debe preguntarse por qué los indios se están uniendo en grandes números a las Patrullas de Autodefensa Civil, y por qué miles de indios están acudiendo al Ejército en busca de refugio…”
Estos cables son un comentario poderoso sobre la política revisionista de Obama, y sobre los peligros de reiniciar un juicio por genocidio.
Un juicio sin acusado y sin delito es una situación peculiar. Es el “inmaculado genocidio”, una matanza perpetrada de la nada, un holocausto cuyos agentes son invisibles, pero sus víctimas totalmente humanas.
Una condena por genocidio tendrá un impacto catastrófico. La sociedad toda será condenada por su supuesta complicidad. Resultará en grandes indemnizaciones, expropiaciones masivas, castigos arbitrarios y, en última instancia, una recompensa para aquellos que impongan la condena: el poder político total.
Obama es coherente. En Cuba ha recompensado a una tiranía que lleva 60 años en el poder, mientras en Guatemala castiga a aquellos que derrotaron a la guerrilla, militarmente y en las urnas.
Conocemos el plan de Obama en su versión estadounidense. Promete “esperanza y cambio” mientras fomenta la división, corrupción y desesperación. Guatemala sería inteligente si lo evita.
Este artículo fue publicado antes por el PanAm Post.
Steven Hecht contribuyó a este artículo.
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