El gobierno de Trump planea dar un giro a la política de Obama y deportar a 150.000 menores de edad que llegaron solos y de forma ilegal a los Estados Unidos. Su llegada es el síntoma de un problema que necesita tratamiento al sur de la frontera, donde “el estado profundo” implanta sus alianzas.
De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección de Estados Unidos, el número de menores de edad sin compañía que llegan desde el Triángulo del Norte — Guatemala, El Salvador y Honduras — ha incrementado exponencialmente de 3,304 en el 2009 a 46,893 en el 2016. Solamente del 2013 al 2014, el aumento fue de 20,805 a 51,705. Esto se debe a que a mediados del 2014 el gobierno de Obama emitió una especie de invitación al liberar a menores provenientes de otros países antes de sus audiencias judiciales.
Los medios de comunicación y las agencias federales erróneamente describen a los menores como “sin compañía”. Ellos se quedan solos una vez que son detenidos, pero la mayoría están acompañados antes de eso.
En Agosto del 2014, dos periodistas estadounidenses y yo entrevistamos a un coyote (contrabandista de personas) en el noroeste de Guatemala. Usando un seudónimo, Juan nos explicó su negocio: sus clientes viajan en buses con aire acondicionado, se alimentan regularmente, y duermen en hoteles decentes. Él pasa dinero a agencias mexicanas y a carteles criminales a medida que avanza el viaje. El viaje es seguro y dura cuatro días.
Una vez que llegan a Estados Unidos, Juan dirige a los niños hacia un lugar donde hacen ruido hasta que las autoridades estadounidenses los llevan a custodia. Luego llama a sus patrocinadores y recibe el resto de su tarifa.
Juan explicaba que “Obama nos ha ayudado con los niños porque ellos tienen la posibilidad de quedarse en Estados Unidos. Es por eso que muchos van para allá.” Si el presidente Trump quiere desincentivar el flujo de menores, es tan simple como no liberarlos antes de sus audiencias. Deportar a quienes la ley lo permita también disuadirá la migración ilegal.
Un problema parecido, pero más relevante para el gobierno de Trump, es el narcotráfico. Además de ser más lucrativas, las drogas no respiran, no comen, no duermen ni usan el baño, por lo que son más fáciles de contrabandear. Puesto que Estados Unidos domina el aire y el mar, las rutas por tierra son las menos riesgosas para los contrabandistas.
La única ruta por tierra desde Sudamérica y Centroamérica es por Guatemala. La frontera de 965 kilómetros con México es muy porosa. Juan ni siquiera consideró que valga la pena mencionarlo.
El ex director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, William Brownfield indicó que “al menos 94 por ciento de la heroína que entra a Estados Unidos proviene de México.” Tomando en cuenta que México controla sus puertos marítimos y aéreos, y que mantiene un programa bastante agresivo para la erradicación del cultivo de amapola, la mayoría de la heroína que atraviesa por México va desde Guatemala.
Entrar a México, como lo describió Juan, es equivalente a entrar a Estados Unidos.
Las autoridades de Guatemala tienen poca presencia en las zonas fronterizas debido a la política de Obama que cedió el control a los sucesores de las guerrillas apoyadas por Castro durante en conflicto armado en Guatemala (1960 – 1996). El gobierno de Obama ubicó a sus aliados en cargos claves del estado, especialmente el poder judicial, en donde pueden proteger a estas pandillas.
Hasta hace poco tiempo, parecía que el gobierno de Trump había cedido la política de América Latina a los remanentes del Departamento de Estado, liderados por el Secretario de Asuntos Políticos, Tom Shannon. Shannon reflejó una postura débil sobre Venezuela que fue relevada por una acción del gabinete de Trump, una señal de que esta política podría estar cambiando.
Antes de que Trump actúe con la misma fuerza en Guatemala, los grupos favorecidos por Obama están haciendo todo lo posible para consolidar sus triunfos, posiblemente como resultado de la reprimenda de Shannon. Su arma para tomar el control de Guatemala es la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), creada por la ONU.
La CICIG amedrenta al presidente y a los congresistas utilizando su facultad de persecución penal. Utiliza evidencia poco fiable y falsos testigos, y no tiene ninguna consideración por la ley porque sus aliados controlan el poder judicial. Junto con ellos, usurpan a los otros poderes del gobierno con acciones y fallos ilegales.
Por medio de una falsa reputación, la CICIG ha logrado posicionarse como el campeón en contra de la corrupción y la impunidad, apoyada por sus seguidores y varios medios de comunicación. George Soros de Open Society ha dicho que la CICIG es “un modelo potencial potente” para los países que combaten la corrupción.
El nuevo embajador de Trump, Luis Arreaga llegó a Guatemala el 3 de octubre y parece que continúa implementando la política de Obama. Durante sus primeras reuniones, el antiguo segundo al mando del INL envió un mensaje a las víctimas de la política de Obama: ignorará la corrupción en el sistema judicial y el nefasto rol de la CICIG.
El gobierno de Trump puede reducir significativamente el tráfico de migrantes y drogas ilegales hacia Estados Unidos desde Centro y Sudamérica. Debe deshacer el tremendo daño creado por los aliados de Castro y Maduro, que fueron acogidos por la administración de Obama, y por la consecuente ausencia de la ley.
La CICIG y sus aliados están trabajando frenéticamente en la dirección opuesta, tratando de remover al Presidente de Guatemala Jimmy Morales de su cargo. Si logran reemplazarlo con uno de los suyos, la oportunidad de solucionar el problema de la efectiva frontera sur del país estará perdida para Trump.
La versión en inglés de este artículo fue publicada en Daily Caller.
Traducido por Paz Gómez.
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