Ciudadano estadounidense es rehén en Guatemala

Carta abierta al secretario de Estado Mike Pompeo de Anthony Segura

anthony segura guatemala

Anthony Segura Franco denunció corrupción en la agencia tributaria de Guatemala. Como recompensa, fue enjuiciado. (Fuente: @JusticiaAnthony)

Honorable Michael R. Pompeo
Secretario de Estado
Departamento de Estado de EE. UU.
2201 C Street NW
Washington, DC 2020

2 de enero de 2019

Estimado Secretario Pompeo:

Usted me inspiró a escribir con su tuit del 10 de diciembre en celebración del Día de los Derechos Humanos. Usted exigió la “liberación de Bob Levinson y cualquier otro rehén estadounidense inmediatamente”.

Yo soy un ciudadano estadounidense detenido ilegalmente en prisión preventiva en Guatemala hace casi cuatro años por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su sumisa justicia.

La CICIG no estaría en Guatemala sin la presión del Gobierno de Estados Unidos para extender su mandato. Estados Unidos también ha sido el principal financista y apoyo político de la CICIG. Nuestro Gobierno estadounidense, por lo tanto, tiene un alto grado de responsabilidad en mi grave situación.

Por favor lea el resto de esta carta para conocer un resumen de mi caso y mi pedido a usted.

Nacido en Nueva Jersey, tengo la ciudadanía guatemalteca a través de mis padres. Era funcionario de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el equivalente al IRS de Guatemala. Era secretario general del sindicato de funcionarios de la SAT. En virtud de dicho cargo, en 2014 publicamos dos anuncios pagados en la prensa guatemalteca denunciando irregularidades en la SAT y solicitando una investigación del Ministerio Público y la CICIG. Dijimos que la falta de controles permitía la corrupción que contribuía al contrabando hacia Estados Unidos.

En 2015 la CICIG empezó a investigar el caso conocido como “La Línea”, un fraude aduanal. La CICIG y nuestra embajada en Guatemala utilizó este caso para derrocar a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y al expresidente Otto Pérez Molina. Aunque yo había denunciado esta corrupción justamente, fui arrestado el 16 de abril de 2015 e imputado por fraude tributario, recepción de sobornos y asociación criminal con “La Línea”.

Sorprendentemente, la CICIG afirmó que mi rol en la conspiración era sacar del cargo al superintendente de la SAT. La CICIG le acusó en el mismo caso. No tiene sentido alguno que yo esté en una estructura criminal que yo denunciaba y quería eliminar.

Estuve encerrado sin fianza en el Centro de Detención Preventiva para Hombres, una instalación con capacidad para 1.500 individuos que aloja a 5.000, junto a miembros de la pandilla MS-13. Sin citar su razonamiento, como es requerido por ley, el juez Miguel Ángel Gálvez me negó la fianza con la afirmación de que yo podía obstaculizar la investigación.

Gálvez nuevamente me negó la fianza en octubre de 2016 por el mismo motivo. Su actuar esta vez fue incluso más ilegal que cuando decidió enjuiciarme a causa de eventos que habían ocurrido desde entonces. Lo más flagrante fue que los fiscales habían concluido su investigación y presentado sus hallazgos a la corte. No podía yo obstaculizar algo que había concluido.

En octubre de 2017 Gálvez desestimó el caso de fraude aduanal en mi contra y aceptó los cargos de recepción de sobornos y asociación ilícita. La Fiscalía hasta esta fecha no ha presentado evidencia alguna de que yo recibí dinero ilegal. No ha especificado cuándo, dónde ni con quién yo conspiré, ni la actividad ilegal pactada. En casi cuatro años de detención ilegal los fiscales no han presentado evidencia alguna en mi caso.

De nuevo, en junio de 2018, Gálvez me negó la fianza alegando que yo podía interferir en la investigación. El juez ha otorgado fianza a 12 otros individuos en el caso. He apelado y he hecho todo esfuerzo para que la justicia me liberara para aguardar el juicio, y sin embargo sigo detenido ilegalmente.

Naturalmente, informé al consulado estadounidense de mi situación poco luego de mi arresto. Todd Robinson, ahora asesor principal del Departamento de Estado para Centroamérica, era entonces embajador. Su equipo me ofreció pasta dental y un cepillo de dientes, nada más.

Robinson es infame en Guatemala por haber públicamente e ilegalmente intervenido en el nombramiento de magistrados en la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Ellos han emitido varias sentencias ilegales y han apoyado a jueces, como Gálvez, que ilegalmente siguen las órdenes de la CICIG.

Juan Francisco Solórzano Foppa, un favorito de Robinson, participó en la investigación de mi caso. Bajo presión de Robinson, el presidente Jimmy Morales nombró a Solórzano Foppa como superintendente de la SAT, pese a que no cumplía con los requisitos para el cargo y no tenía ninguna experiencia laboral. Personas entendidas me han dicho que mi manifiesta disposición a denunciar la corrupción es la razón por la que fui destituido. Mis colegas del sindicato me han dicho que Solórzano Foppa continúa dirigiendo la organización criminal que la CICIG supuestamente desmanteló.

Gente en nuestra embajada organizó una reunión entre mi padre y el colombiano Luis Fernándo Orozco de la CICIG. Orozco, recientemente expulsado del país por Morales, dijo a mi padre que él podía ayudarme si yo le ayudaba. Mi padre respondió que yo había denunciado esta corrupción desde el principio y que no sabía nada más. Orozco le dijo que eso no era suficiente. Claramente quería que yo testificara falsamente así como lo había pactado con otros testigos en otros casos, lo cual es ahora de público conocimiento.

En repetidas ocasiones he informado a nuestros diplomáticos sobre mi situación. En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes el 11 de julio de 2018, el exembajador Kenneth Merten testificó en nombre del Departamento de Estado. En su respuesta al congresista Chris Smith (R-NJ), Merten evadió la pregunta sobre mi caso pese a que nuestra misión en Guatemala tenía la información. El Departamento de Estado ha sido el vehemente e indispensable defensor de la CICIG.

Soy un rehén de la CICIG.. El Gobierno federal estadounidense, el Departamento de Estado y Robinson comparten la responsabilidad por mi situación. Solicito una investigación completa del rol del Departamento de Estado, específicamente Todd Robinson, en la promoción de actividad criminal en Guatemala, dañina para dicho país y para Estados Unidos. Estoy seguro de que los resultados me darán la razón y ayudarán a ambos países.

Sinceramente,

Anthony Segura

 

Read in English.

Anthony Segura Letter

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