Hay una lección para todos los miembros de las Naciones Unidas de la disputa entre el secretario general Antonio Guterres y Guatemala: puede sucederle a cualquier país. La corrupta organización global actúa ilegalmente, y si le das la mano te toma hasta el codo.
Guterres ha exigido que Guatemala continúe cooperando con la CICIG, la comisión antiimpunidad de la ONU culpable de serios delitos. El 7 de enero el presidente guatemalteco Jimmy Morales canceló el mandato de la CICIG con fundamentos legales.
Puesto que los globalistas califican al nacionalismo del presidente Donald Trump como tribal y racista, la disputa con Guatemala es el ejemplo perfecto de por qué Trump tiene razón. Él apoya la soberanía política y la libertad, mientras que la alternativa es un orden internacional antidemocrático.
La CICIG fue creada mediante un acuerdo entre la ONU y Guatemala en 2007. Su misión era asistir al Ministerio Público en la identificación y desmantelamiento de aparatos clandestinos de seguridad que estaban fuera del alcance de la ley.
Sin embargo, la CICIG se convirtió en exactamente lo que debía eliminar. Protegió a grupos violentos descendientes del conflicto interno armado de Guatemala (1960-1996) y persiguió a autoridades legítimas. Ahora las zonas fronterizas de Guatemala con México no tienen presencia estatal, lo cual permite el libre flujo de migrantes y drogas ilegales a México y a Estados Unidos.
El peculiar acuerdo de la CICIG establece que no es un órgano de la ONU. No responde a nadie y goza de inmunidad diplomática, una combinación peligrosa para cualquier institución. Todos los tres comisionados de la CICIG han abusado de sus poderes para cooptar el Poder Judicial y el Ministerio Público de Guatemala. Su objetivo ha sido implantar una dictadura colectivista en Guatemala, similar a la de Venezuela y Nicaragua.
La Asociación Liga Pro Patria de Guatemala emitió un comunicado el 7 de enero listando los crímenes de la CICIG: “Agresiones, homicidio, asesinato, secuestro, extorsión, falsificación de documentos públicos, coerción, amenazas, violaciones constitucionales, uso de testigos falsos, abuso de autoridad y violación del debido proceso, entre muchos otros”. La Liga y tres otras organizaciones de la sociedad civil publicaron un informe en 2018 desenmascarando a la CICIG.
En agosto de 2017 Morales entregó a Guterres una lista de las violaciones de la CICIG y expulsó al comisionado Iván Velásquez del país como persona non grata. El acuerdo entre la ONU y Guatemala colocaba al comisionado bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y por lo tanto sujeto a expulsión por parte del Poder Ejecutivo del país anfitrión.
La cooptada Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad judicial, ilegalmente revocó la orden de expulsión.
El 4 de septiembre de 2018 Guatemala notificó formalmente a Guterres que Velásquez era inaceptable y no le sería permitido reingresar a Guatemala. La nota solicitaba al secretario general que nombre un nuevo comisionado.
La forma en que Velásquez se convirtió en comisionado en primer lugar requiere una explicación. La organización de análisis legal Judicial Watch, con sede en Washington D.C., informó que “como abogado en Colombia, Velásquez se alineó con las FARC, la violenta guerrilla marxista”.
Guterres reiteró su apoyo a Velásquez como comisionado de la CICIG, quien continuó operando desde el exterior, violando el acuerdo y la legislación internacional.
Guterres se rehusó a nombrar un nuevo comisionado por miedo a producir un efecto adverso para la ONU. El nombrado hubiera tenido que aceptar los crímenes de la CICIG y convertirse en cómplice o bien denunciarlos y cerrar la CICIG. El objetivo globalista de tomar el poder absoluto se acabaría sin la CICIG.
La disputa continuó hasta el 5 de enero, cuando un funcionario de la CICIG con prohibición de ingresar al país llegó al aeropuerto. Los oficiales de migración le negaron la entrada, como era su deber hacerlo.
Mientras estaban escoltando al funcionario de la CICIG a un vuelo hacia fuera del país, los oficiales de migración fueron ilegalmente arrestados por personal del Ministerio Público que actuaban bajo órdenes ilegales de la fiscal general. El domingo 6 de enero la CC emitió un orden ilegal contra los oficiales de migración.
Aparentemente, los crímenes que cometieron la CC y la fiscal general buscaban probar al presidente para el eventual regreso de Velásquez a Guatemala. La CC había ilegalmente autorizado su regreso, pero el presidente los sorprendió y dio por terminada la CICIG por completo.
El rechazo de Guterres de la terminación de la CICIG por parte de Morales era una invitación a sus aliados y a los de Velásquez en la CC para revocar la orden y reinstalar la CICIG. Dicho y hecho, el 9 de enero la CC emitió un amparo que suspendía la orden presidencial de poner fin al acuerdo sobre la CICIG con la ONU.
La presidenta de la CC fue la única disidente y señaló que la corte no tiene jurisdicción sobre un desacuerdo entre el Estado y la ONU, y que no tiene autoridad sobre decisiones de relaciones exteriores del Poder Ejecutivo. Ella también señaló que solo un recurso de inconstitucionalidad puede utilizarse para revocar un acuerdo presidencial, no un amparo.
El experto en derecho constitucional José Luis González Dubón afirma que “el fallo de la CC es manifiestamente ilegal y los cuatro magistrados que lo firmaron han cometido crímenes por los cuales deberían ser juzgados”.
La criminalidad bien documentada de la CICIG revela la naturaleza partidista y la falta de principios éticos de quienes pretenden tener una base legal para su continuación. Ninguna nación soberana debería ser obligada a sufrir la destrucción de su orden público por un acuerdo que la ONU ha violado. La ley internacional y la Constitución de Guatemala respaldan totalmente las acciones de Morales.
Afortunadamente, al menos algunos representantes electos en EE. UU. entienden lo que esta confrontación significa y quieren forjar una nueva alianza saludable con Guatemala. El senador Roger Wicker de Mississippi dijo: “La decisión de cuándo [la CICIG] se marcha es únicamente del Gobierno de Guatemala”. El senador Mike Lee de Utah añadió: “La soberanía de una nación es la esencia de su libertad. Guatemala tiene todo derecho de […] defenderse de violaciones de soberanía y abusos cometidos por la CICIG”.
Every nation has a right to sovereignty! Guatemala has a right to decide if it wants the UN to interfere in its internal affairs. CICIG was never supposed to last all these years. Additionally, the United States has funded CICIG for far too long. Time to stop that too! ?? ??
— Senator Rand Paul (@RandPaul) January 8, 2019
“¡Cada nación tiene derecho a la soberanía! Guatemala tiene derecho a decidir si quiere que la ONU interfiera en sus asuntos internos. Nunca se supuso que la CICIG debía durar tantos años. Además, Estados Unidos ha financiado a la CICIG por demasiado tiempo. ¡Es hora de parar eso también!”
Todas las naciones de la ONU deberían actuar en contra del flagrante desprecio de Guterres por la ley internacional y la soberanía de Guatemala. Deberían tomar conciencia de su agenda política de imponer a globalistas criminales, colectivistas y extremistas en un Estado miembro.
El argumento globalista de equiparar el libre comercio con el control central mundial es una trampa colectivista. Países libres e independientes pueden comerciar de manera más eficiente y con mayores beneficios para sus ciudadanos.
Guterres está equivocado. Trump y Morales están en lo cierto. La soberanía y el nacionalismo son esenciales para la libertad y la independencia.
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