Una visión y estrategia común une a manifestantes antiliberales en Washington D. C. y en Ciudad de Guatemala: todo el poder para el Estado —bajo su control— y el fin justifica los medios.
El proceso de confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de EE. UU. reveló la división entre defensores y detractores de la libertad. Estos últimos prefieren descartar los derechos individuales para seguir con su agenda política: un camino hacia la tiranía.
Las pancartas de “Creemos a los sobrevivientes” evidenciaron una naturaleza antidemocrática y contra el Estado de derecho. Todos los acusadores y acusados merecen el debido proceso, caso por caso. Esto no se limita a los tribunales; debe ser un valor social para que la libertad y la prosperidad triunfen.
Un ejemplo de a dónde puede llevarnos anteponer la política a los principios, liderada por la turba socialista, se puede ver en un país clave para el flujo de migrantes, drogas y pandillas hacia Estados Unidos. En nombre de una agenda política, legisladores demócratas y funcionarios del Departamento de Estado están encubriendo serios crímenes y promoviendo un comportamiento totalitario en Guatemala.
La punta del iceberg es la Comisión International Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, una herramienta para que los globalistas tomen el poder en Guatemala. La comisión fue creada para ayudar a identificar y desmantelar aparatos clandestinos de seguridad, pero se ha convertido en lo que fue enviada a combatir.
Los medios de comunicación en Guatemala ocultan la información negativa sobre la CICIG, pero los guatemaltecos a través de las redes sociales y en organizaciones de la sociedad civil han expuesto su descarada criminalidad. Trabajando con un sistema judicial cooptado por el Departamento de Estado bajo el expresidente Barack Obama y el exembajador estadounidense Todd Robinson, la CICIG ha encarcelado ilegalmente a muchas personas, ha coaccionado a testigos para que brinden falsos testimonios y ha eludido la responsabilidad criminal gracias a su inmunidad diplomática.
En agosto de 2017, el presidente Jimmy Morales denunció al secretario general de la ONU, António Guterres, las violaciones de la ley de la CICIG y del acuerdo con Guatemala que la creó. La ONU no hizo nada.
En agosto de este año, Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG, que vence en septiembre de 2019. Luego negó el reingreso al país de Iván Velásquez, el comisionado de la CICIG. Durante su discurso ante la asamblea general de la ONU el mes pasado, Morales denunció con firmeza la criminalidad de la CICIG y la inacción de la ONU.
Morales ha insistido en que Guterres nombre a un nuevo comisionado. Sin embargo, el secretario general desea nombrar a un comisionado adjunto, un cargo inexistente, mientras Velásquez continúa dirigiendo la CICIG desde el exterior. Guterres, Velásquez y sus simpatizantes, incluyendo George Soros, saben que cualquier nuevo comisionado podría rehusarse a ser un cómplice de los crímenes de la CICIG. El acuerdo le exigiría revelar lo que la CICIG ha hecho.
No solo terminarían así las esperanzas de los globalistas de conquistar Guatemala, sino también la exposición de los crímenes de la CICIG socavaría a sus defensores, especialmente a los funcionarios del Departamento de Estado. La agenda globalista de imponer dichas comisiones en otros países terminaría también. Los globalistas deben ocultar esta información, así como las investigaciones a altos funcionarios de Obama durante las elecciones de 2016, incluyendo tender una trampa al entonces candidato Trump.
Veintitrés legisladores demócratas liderados por defensores férreos de la CICIG —Norma Torres (D-CA), quien nació en Guatemala, y el senator Patrik Leahy (D-VT)— enviaron una carta el 27 de septiembre al secretario de Estado Mike Pompeo, en la cual condenaron las acciones de Morales concernientes a la CICIG. Calificaron el rechazo de Velásquez y de la CICIG como el desmantelamiento de “años de progreso contra la anticorrupción (sic) en Guatemala”.
Varios días después, Torres y otros dos legisladores visitaron Guatemala. Junto al embajador estadounidense Luis Arrega, se reunieron con la fiscal general para discutir cómo Estados Unidos puede “colaborar para combatir pandillas, la corrupción y la impunidad”. También visitaron al ministro de Defensa para discutir “cómo [Estados Unidos] y Guatemala pueden trabajar juntos para proteger las fronteras guatemaltecas”.
Esto parece salido de una novela de George Orwell. Robinson presionó al Congreso guatemalteco para que nombrara a un simpatizante de la guerrilla en la máxima corte del país. Utilizando el poder de Estados Unidos, Gloria Porras intimida a otros magistrados para que voten con ella y protejan a grupos sucesores de la guerrilla que dominan zonas rurales, especialmente fronterizas. Esta protección incluye la persecución de autoridades legítimas que están haciendo sus trabajos.
La interdependencia de la CICIG y la Corte de Constitucionalidad, con el apoyo del Departamento de Estado, garantiza el flujo de pandilleros, drogas, y migrantes desde y a través de Guatemala hacia Estados Unidos. Incluso sin Velásquez, la CICIG y la máxima corte intentarán robarse las elecciones de 2019, y su victoria continuaría el flujo ilegal.
Defensores de la CICIG han utilizado la carta a Pompeo y la visita de Torres como prueba para los guatemaltecos que la política de Obama triunfa bajo el Gobierno Trump. En un reciente mitín, al hablar sobre la confirmación de Kavanaugh, Trump calificó a los demócratas como “malvados”. Los guatemaltecos deben saber que Trump no apoya a Torres, Leahy, ni a sus pares demócratas. Con seguridad ellos no representan a su Gobierno.
Torres no fue a Guatemala a buscar hechos ni a supervisar. Ella tomó un rol activo en la política exterior estadounidense con ayuda del Departamento de Estado para promover una agenda globalista contra Morales y Trump.
Trump, Pompeo y la embajadora Nikki Haley han recientemente declarado su apoyo a Morales. Ellos deberían corregir el mensaje confuso enviado por los demócratas y los globalistas del Departamento de Estado. Trump dijo recientemente en un mitín en Kansas: “Los demócratas de hoy han adherido al socialismo radical y a las fronteras abiertas”. Guatemala es prueba de ello.
Trump puede reducir significativamente el poder de pandillas y el flujo de inmigrantes y drogas ilegales a Estados Unidos. Solo necesita dejar claro que si Morales acepta actuar, el apoyo estadounidense incluirá equipamiento, entrenamiento y asesores en el terreno para ayudar en la eliminación de pandillas, especialmente en zonas fronterizas. Trump también debería ayudar a Morales a lidiar con la rebelde Corte de Constitucionalidad, la CICIG y el Departamento de Estado, quienes juntos protegen a las pandillas.
Los demócratas y sus aliados en la clase burócrata permanente, más conocidos como el “Estado profundo”, han demostrado en Guatemala su inescrupulosa voluntad de hacer cualquier cosa, así como lo han hecho en casa de manera menos evidente. Los estadounidenses no deberían dudar que si no reconocen y no derrotan a esta amenaza doméstica a la libertad y la Constitución, no parará de crecer y volverse más fuerte.
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