Los burócratas de EE. UU. contra la democracia en Guatemala

La sombra de la CICIG está detrás de la manipulación electoral

democracia en Guatemala

Sandra Torres ha estado realizando campaña por cuatro años y gastando grandes sumas de dinero. (Sandra Torres)

El domingo pasado, el secretario de Estado Mike Pompeo compartió el deseo de EE. UU. de que Venezuela sea una nación independiente y soberana, con representantes elegidos democráticamente. No obsante, sus subordinados han estado promoviendo lo contrario en Guatemala, aliándose con la gente que llevó a Venezuela a la miseria.

Guatemala es un país conservador con personas sensatas, en particular su población indígena. Siempre han rechazado el colectivismo en las urnas. Un candidato colectivista, por lo tanto, tiene amplia desventaja en las elecciones de segunda vuelta ante alguien considerado de centro derecha.

Esto lo saben los burócratas permanentes del servicio de asuntos exteriores en EE. UU., quienes tienen una inclinación estatista propia, y han manipulado el proceso electoral guatemalteco para favorecer a los colectivistas. Su herramienta clave, financiada por los contribuyentes estadounidenses, ha sido la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU. El presidente Jimmy Morales expulsó a esta nefasta organización a inicios de este año por su interferencia y abuso de poder, contrarios a su misión declarada.

Incluso desde fuera del país, la CICIG continúa influyendo en Guatemala y sus efectos sobre el sistema judicial persisten. Los colectivistas aún reconocen la autoridad de la CICIG y siguen implementado su agenda.

La CICIG, una entidad extranjera hostil, ha firmado un acuerdo ilegal con el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este acuerdo permite a la CICIG supervisar las campañas, la votación y la regulación de medios de comunicación. Ninguna de estas actividades calza dentro del mandato original de la CICIG, y el TSE no tiene autoridad legal para firmar o formular un acuerdo con esta comisión.

El exembajador estadounidense para Guatemala, Todd Robinson, presionó para la aprobación de la ley electoral en 2016, amenazando a los legisladores con investigaciones judiciales lideradas por la CICIG. Esta ley establece penalidades severas por hacer campaña antes de la convocatoria oficial, reduce el periodo de campaña a tres meses y limita el gasto de publicidad.

Esto suena razonable si se aplicara de forma imparcial, lo cual no sucede. Un poder arbitrario mayor de las autoridades judiciales y electorales sobre las campañas favorece al partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), el favorito de los funcionarios del Departamento de Estado. UNE es el partido más grande en Guatemala, su nombre es el más reconocido y tiene un amplio abanico de recursos disponibles.

El embajador estadounidense Luis Arreaga, quien asumió el cargo en 2017, ha echado más sal en la herida silenciosamente. Ha intimidado a las empresas más grandes de Guatemala y a otros actores interesados en los resultados políticos para que no contribuyan económicamente a los partidos políticos.

Torres visitó el Departamento de Estado en 2018 para hablar de la situación política de Guatemala. (Sandra Torres)

Esto significa menos dinero disponible para las elecciones, excepto para Sandra Torres de la UNE. Torres ha estado haciendo campaña por cuatro años, además posee y gasta grandes sumas de dinero. El TSE solamente aplica los límites presupuestarios a sus oponentes.

Torres también es una exguerrillera, vicepresidenta de la Internacional Socialista y fue primera dama entre 2008 y 2012. Su esposo y entonces presidente incluso otorgó el reconocimiento civil más importante a Fidel Castro.

Los rebeldes burócratas estadounidenses quieren vencer el fuerte rechazo hacia Torres por parte de los guatemaltecos. Para que Torres gane la elección presidencial, ella debe tener un contrincante colectivista al que pueda vencer o eliminar a su peligrosa competencia. El Departamento de Estado ha trabajado por ambos fines para favorecer a Torres.

El poder ejecutivo es fundamental para el movimiento colectivista radical. La política de Obama cooptó tanto a la Corte de Constitucionalidad (CC), que tiene la última palabra en temas judiciales, y al TSE para tomar decisiones políticas alineadas a su agenda sin importar las disposiciones de la ley.

Incluso cuando el TSE actúa en contra de la Constitución de Guatemala, la CC lo ignora y hace de la Constitución un instrumento legal irrelevante. Además de afirmar que el acuerdo con la CICIG para supervisar las elecciones es válido, el TSE ha usado sus reglas y otros actos arbitrarios para excluir a oponentes que resulten una amenaza, como Zury Ríos y Ricardo Méndez Ruiz.

En algunos lugares de Guatemala, la única candidata que conoce la gente es Torres. Pese a esta ventaja, ella todavía puede perder las elecciones en la segunda ronda. Para asegurar las elecciones, entra la exfiscal general Thelma Aldana. Como una pieza clave de Estados Unidos que siguió la agenda criminal de la CICIG, Aldana también goza del apoyo del Departamento de Estado. Nada puede ser mejor para la embajada que se enfrenten Torres y Aldana en segunda vuelta. Ellos ganarían con ambas.

Aunque han trabajado juntas en la agenda colectivista radical del Departamento de Estado, ahora se están peleando entre elllas. Las dos usan su control sobre distintas partes del Gobierno para perjudicar a la otra. Es así como el Ministerio Público presentó una acusación penal en contra de Torres un día luego de registrar su candidataura. Luego, el día posterior a que se cierren los registros de candidatos, se dictó una orden de arresto contra Aldana.

Al contrario de Torres, a quien le respalda la plataforma política más grande luego de que el TSE cancelara la participación de dos partidos rivales, Aldana tuvo que encontrar una. Ya tiene el apoyo del nuevo partido izquierdista Semilla que no pudo cumplir con los requisitos legales, pero eso no ha sido un problema. El TSE, bajo el control colectivista, registró a Aldana el día después de la fecha final. Incluso el exvicepresidente de EE. UU. Joe Biden se involucró, en medio del caos, con un tuit. Como defensor importante de la CICIG, solicitó al TSE que publicara la lista oficial de candidatos, asumiendo que Aldana aparecería allí.

Aldana no podía retirar su registro e inmunidad sin primero ser arrestada. Entonces, huyó a El Salvador. Sus colaboradores aún están tratando de validar su registro en su ausencia. Aldana no tiene el mismo reconocimiento popular y se promociona con un falso discurso de ser una firme luchadora contra la corrupción. Pese a que se enfrenta a un desafío legal, ella puede llegar a segunda vuelta con Torres si la CC lo permite.

La CC tiene asuntos legales pendientes con los tres candidatos que lideran las encuestas: Torres, Aldana y Ríos. El ganador será escogido con motivos políticos, y no conforme a las leyes, por la corte corrupta amañada por la embajada estadounidense. Los votantes guatemaltecos deben decidir en consonancia con su Constitución.

Estados Unidos y muchos otros países condenaron a Nicolás Maduro por violar la Constitución de Venezuela cuando él convocó a una asamblea constituyente. Pero en Guatemala, UNE bloqueó una declaración de rechazo hacia Maduro al votar en contra de manera unánime. Irónicamente, Maduro y el Departamento de Estado apoyan a Sandra Torres.

Trump y Pompeo han prestado muy poca atención y aparentemente están esperando a ver quién es el nuevo presidente de Guatemala. Quizá creen que tienen tanto peso económico, como en México, para obtener lo que ellos prefieren. Eso puede ser un error. El peso económico es la única herramienta efectiva de Trump en Guatemala, pero utilizarla puede ayudar a la agenda colectivista radical a destruir la economía, que ya está en marcha. Los aliados millonarios de Torres o los de Aldana pueden comprar el país incluso a un costo más bajo.

Además de la reacción popular contra la evidente fragmentación, la victoria de cualqueira de estas dos mujeres podría empeorar la economía, ocasionar más violencia, tráfico de drogas y migración ilegal desde y a través de Guatemala, país clave en la ruta terrestre de Centro y Sur América hacia Estados Unidos.

A menos de seis semanas de las elecciones, las únicas medidas efectivas que Trump puede tomar son la inmediata remoción de Arreaga y un comunicado que indique que cualquier individuo relacionado a una acción ilegal con respecto al proceso electoral de Guatemala será investigado por la Justicia. Aparte de eso, puede rezar para que los guatemaltecos sean lo suficientemente sensatos para resistir los esfuerzos del Departamento de Estado que buscan someter a su país bajo el colectivismo radical.

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Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, Epoch Times, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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