Al anunciar su candidatura presidencial, Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, mencionó: “Estamos en una batalla por el alma de esta nación”. Hay una batalla, sí, pero su causa representa el fin de la nación como la conocemos.
Biden seguiría el control progresista que sofoca con su corrección política e identitarismo polarizante. Ambas herramientas no son compatibles con los derechos individuales constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso. El expresidente Barack Obama, con su promesa de transformar Estados Unidos, precisamente ignoró estas tres instituciones.
Biden afirma que otro periodo presidencial de Donald Trump “alterará fundamental y permanentemente el carácter de esta nación”. Lo que realmente ocurriría es que el programa del Partido Demócrata —que no tiene nada de democrático—, implementado bajo el mandato de Obama, quedará expuesto y retrasado por generaciones. El nivel de hostilidad, odio y desesperación por parte de los demócratas se debe a que Trump es una amenaza existencial para sus objetivos.
El sentido común dice que Biden tiene las mejores chances de vencer a Trump si logra atraer a las enardecidas bases políticas del Partido Demócrata. Como exjefe del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de EE. UU., se supone que una de las fortalezas de Biden es la política exterior. Sin embargo, sus antecedentes incluyen el apoyo a enemigos de la nación. Respaldó el irrespeto a la ley en el país clave para el tránsito de migrantes y narcóticos ilegales.
La incapacidad de México para detener la migración y el contrabando en su territorio hace que Guatemala, y la frontera de 965 kilómetros entre ellos, sea la ruta principal desde Sur y Centro América hacia Estados Unidos. Biden jugó un rol crucial en la implementación de la política de Obama, imponiendo en Guatemala la participación de los sucesores de las guerrillas que, apoyadas por Fidel Castro, generaron el conflicto armado interno de 1960 a 1996.
Durante su vicepresidencia, Biden viajó a Guatemala tres veces en 12 meses para insistir con la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU, creada en 2007. Utilizando el dinero de la Alianza para la Prosperidad como cebo, en 2015 Biden dejó claro al presidente de Guatemala tanto en público como en privado que “solo había un camino para Guatemala, y era que la CICIG se quede”.
El Departamento de Estado, al igual que las oenegés y los medios izquierdistas, promocionaron a la CICIG como una entidad que luchaba contra la corrupción. En realidad, era una organización criminal y la herramienta de Obama para colocar a los sucesores de la guerrilla dentro del Gobierno guatemalteco.
La verdad acerca de la CICIG salió a la luz en Estados Unidos en marzo de 2018. Judicial Watch informó que el comisionado colombiano de la CICIG “infringió la soberanía guatemalteca mientras convenientemente ignoraba los crímenes cometidos por aliados de izquierda” y lo identificaron como “alineado a las FARC, la violenta guerrilla marxista”. El Wall Street Journal expuso confabulaciones entre la CICIG y los bancos estatales rusos, cuyos más altos funcionarios están sujetos a sanciones de EE. UU. por violaciones a los derechos humanos.
El caso de complicidad con actores rusos desembocó en una audiencia de la Comisión de Helsinki de EE. UU. el 27 de abril de 2018. Sus registros incluyen un informe elaborado por cuatro organizaciones de la sociedad civil de Guatemala detallando las acciones e inacciones de la CICIG.
La comisión de la ONU, abusando de su poder, ha torcido la voluntad de congresistas guatemaltecos, ha obligado a dar testimonios falsos en contra de enemigos políticos y a emitir fallos judiciales ilegales. Estas graves revelaciones también ocasionaron una denuncia contra la CICIG en el pleno del Senado por el legislador republicano de Mississippi Roger Wicker.
Judicial Watch ha presentado una acción judicial de acceso a la información pública para obtener del Departamento de Estado las comunicaciones de su personal con la CICIG y el Gobierno de Guatemala. El Departamento de Estado continuó su fuerte respaldo a la CICIG incluso después de que su naturaleza criminal quedara expuesta. Este vínculo puede generar cargos penales para algunos funcionarios del Gobierno estadounidense anterior e incluso para Obama.
Pese a que la solicitud de información pública cubre solamente de enero de 2016 hasta la actualidad, el comportamiento aberrante que debería revelar puede llevar a una investigación judicial completa del rol de la administración de Obama en Guatemala. Eso, a su vez, mostraría el hábito constante de intervenir ilegalmente y violar los derechos humanos de los guatemaltecos, especialmente de los más pobres y vulnerables. Esta intervención aceleró el tránsito de migrantes y narcóticos ilegales a Estados Unidos.
La actitud de superioridad moral y el desprecio por los opositores que estaba detrás del abuso doméstico de poder del Gobierno Obama produjo un resultado incluso más atemorizante para Guatemala. Debido a la falta de interés de los medios estadounidenses y a las instituciones débiles guatemaltecas, el equipo de Obama tenía rienda suelta y no se molestaba en ocultar su abuso criminal.
El interés de Biden por Guatemala sigue. En marzo, se autoincluyó en las elecciones que se llevarán a cabo en junio en Guatemala al escribir un tuit dirigido a la autoridad electoral de ese país. Fue un intento torpe, apenas disfrazado, para apoyar la candidatura de la exfiscal general corrupta de Guatemala que permitió a la CICIG seguir implementando su agenda criminal.
Si Biden es capaz de sobrevivir al ala socialista del Partido Demócrata, ganar la nominación y ser presidente, posiblemente se encuentre atrapado por la acción judicial de Judicial Watch. El abuso de poder por parte de Biden para mantener a la CICIG en Guatemala por la fuerza es una muestra de su intención y de la de su partido de continuar con su agenda política a toda costa.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el Washington Times.
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