Guatemala: la última defensa ante la interferencia electoral de EE. UU.

Para evitar el socialismo hay que neutralizar la burocracia criminal del Departamento de Estado

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La fiscal general Consuelo Porras está bajo el control del embajador estadounidense Luis Arreaga. (US Embassy Guatemala)

Las elecciones generales de Guatemala que se realizarán el 16 de junio son determinantes para que el país no se convierta en otra Cuba, Venezuela o Nicaragua, revierta su pasado reciente y prospere. Estados Unidos, a pesar de su enorme interés en el resultado, ha estado luchando por el lado equivocado.

El Gobierno de Obama perjudicó a Guatemala al dar cabida a los descendientes de las guerrillas guatemaltecas que recibieron apoyo de Fidel Castro durante el conflicto armado interno. De la misma forma en que antepusieron la política a la ley en su país, Obama y Biden corrompieron al Poder Judicial y al Ministerio Público (MP) en Guatemala a tal punto que la ley ha perdido su significado. Incluso remover a los líderes criminales de estas instituciones no sería suficiente para erradicar la cultura de ilegalidad vigente.

Los deficientes acuerdos de paz de 1996 dieron paso a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) creada por Guatemala y las Naciones Unidas en 2007. Bajo el mandato de Barack Obama, la CICIG era el ariete de la embajada estadounidense para someter a Guatemala al dominio de los colectivistas radicales. El exvicepresidente Joe Biden viajó a Guatemala tres veces en 12 meses e impuso exitosamente una extensión del periodo de la CICIG al entonces presidente Otto Pérez Molina.

En deuda por la interferencia de Biden y con Estados Unidos como su mayor financista, la CICIG se volvió la herramienta preferida del embajador para imponer al socialismo en Guatemala. Luego de la derrota de Sandra Torres en 2015 —la candidata presidencial favorita del embajador estadounidense— empezó a trabajar para amañar las elecciones de 2019 a su favor.

La CICIG, técnicamente un organismo que asesora al MP, usó su inmunidad diplomática para tomar control de esta entidad y de los tribunales. Los informes de Judicial Watch y Wall Street Journal publicados en 2018 describieron a la CICIG como una organización criminal que ha encarcelado a opositores políticos sin evidencia ni debido proceso. En 2016, el entonces embajador Todd Robinson aseguró el poder de la CICIG al intimidar a instituciones para que designaran a sus aliados en la Corte de Constitucionalidad (CC), la última palabra en los asuntos judiciales del país.

De forma similar, Robinson presionó al Congreso de Guatemala para cambiar la ley electoral a favor de su confidente Sandra Torres, vicepresidenta de la Internacional Socialista, ex primera dama y exguerrillera. Su esposo, el presidente Álvaro Colom, incluso otorgó el mayor premio de Guatemala a Fidel Castro en 2009.

El poder de Robinson se extendió al Tribunal Supremo Electoral (TSE). En 2016, la autoridad electoral violó la ley al rotar su presidencia en función de los objetivos de Obama-Biden. La CC, ideológicamente corrupta, protege dichas acciones ilegales para favorecer a un programa socialista que viola los derechos humanos de los guatemaltecos, particularmente de los más pobres e indefensos.  

La CICIG y el TSE firmaron un acuerdo ilegal para dar a la CICIG un rol en las próximas elecciones. El TSE continúa reconociendo la autoridad de la CICIG, incluso luego de que el presidente Jimmy Morales expulsara legalmente a la comisión de Guatemala.

El Ministerio Público creó en 2008 lo que se convirtió en la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad), el cómplice fiscal de la embajada de EE. UU. y de la CICIG para llevar a cabo sus actividades políticas e ilegales. Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, puede desafiar a su superior, la fiscal general, porque tiene el respaldo del embajador estadounidense Luis Arreaga. La fiscal general Consuelo Porras también está bajo el control de Arreaga.

La burocracia permanente del Departamento de Estado debe mantener a Sandoval protegido y en sus manos. Si él se vuelve testigo en una acción judicial en Guatemala o en Estados Unidos, la conspiración Obama-Biden podría quedar expuesta.

El MP, la FECI y el TSE han violado la ley en varias ocasiones para llevar a cabo el plan de la embajada. La entidad clave que hace posible esta conspiración liberticida en contra de Guatemala, la cooptada CC, los protege constantemente emitiendo fallos ilegales.

Esta nefasta conspiración ha convertido a las actuales elecciones en las más caóticas y corruptas desde que la actual Constitución entró en vigencia en 1985. Muchos candidatos no han participado, y el TSE ha eliminado a otros sin fundamentos legales.

Con su poder de facto para encarcelar por medio de la FECI y el sistema judicial, Arreaga ha intimidado a la élite adinerada para que se abstenga de dar donaciones políticas. Ningún partido, excepto la UNE de Torres, tiene dinero suficiente para la corta campaña de tres meses. La UNE no está sujeta a las reglas limitantes que el TSE aplica a los otros partidos.

Los guatemaltecos necesitan comprender que la embajada y el Departamento de Estado deben seguir la ley estadounidense y no pueden actuar a su voluntad. El Gobierno de Guatemala puede contrarrestar las acciones ilegales del Departamento de Estado solicitando al Gobierno de EE. UU. que aplique su propia ley.

El atributo clave de cualquier candidato a la presidencia guatemalteca hoy es su capacidad para asegurar la soberanía y neutralizar la injerencia de los funcionarios permanentes del Departamento de Estado. Así, existe la posibilidad de evadir el abismo socialista si se trabaja en conjunto con el Gobierno de Trump.

Los guatemaltecos deben preguntar a cada candidatos si se ha reunido con Arreaga y descartar a cualquiera que se haya inclinado ante el altar de la embajada. Luego los electores deben observar muy de cerca a aquellos candidatos que no han buscado la aprobación de Arreaga.

Todos los guatemaltecos facultados a votar deben hacerlo el 16 de junio, incluso si no tienen un favorita. Mientras más alta sea la participación, es menos probable que la interferencia de la burocracia permanente del Departamento de Estado dé a Torres una mayoría absoluta en la primera vuelta. Con suerte, por el bien del desarrollo de Guatemala y los intereses de EE. UU., habrá una segunda vuelta en agosto y triunfará un candidato que no esté bajo la sombra de Arreaga.

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Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, Epoch Times, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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