La llegada de un millón de personas a un país pone a cualquier sistema de migración en serios apuros. Esta es la cifra de migrantes que han sido arrestados en la frontera sur de EE.UU. durante los últimos 12 meses. Construir un muro más alto no es suficiente: la ayuda financiera de EE.UU. puede y debe ayudar a las naciones de origen y tránsito a detener el flujo.
Dada la extensión de esta crisis, el gobierno de Trump naturalmente ha unido esfuerzos con las naciones centroamericanas desde donde la mayoría de migrantes vienen y por donde atraviesan. Los acuerdos de asilo logrados con Guatemala, El Salvador y Honduras —conocidos como los países del Triángulo Norte— son un gran primer paso a ser celebrado. Estos tratados reducirán el número de migrantes al eliminar el abuso en el uso de la figura de asilo por los refugiados económicos. La cooperación ahora debe seguir, con el fin de crear las condiciones necesarias para que menos centroamericanos requieran migrar.
Ahora que el presidente Donald Trump está restaurando la ayuda a la región, los países del Triángulo del Norte deben proponer programas que fortalezcan el imperio de la ley y atraigan la inversión. Este es el momento de reorientar el financiamiento para el desarrollo que EE.UU. otorga lejos de las organizaciones colectivistas que históricamente han alimentado la criminalidad.
Qué empuja a los migrantes hacia el norte
En la primera mitad de 2019, los oficiales estadounidenses y mexicanos arrestaron alrededor de 534.000 y 106.000 migrantes, respectivamente. Las cifras son 40% más altas que 2018 durante el mismo periodo. Los menores de edad que llegan a la frontera del sur aumentaron en un 55%. Mientras que la región siga atrapada en pobreza, violencia e inestabilidad legal, el problema simplemente crecerá.
De acuerdo con el Estudio Global de Homicidios de las Naciones Unidas, El Salvador, Honduras y Guatemala registró 62, 42 y 17 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017. La tasa mundial promedio en ese entonces era seis. Al menos 60% de la población en estos tres países viven bajo la línea de pobreza. El ingreso per cápita en Estados Unidos es 25 veces más alto que en Honduras, lo que explica porque tantas personas se arriesgan a emprender tan peligroso viaje.
Ninguno deja todo detrás si no siente que ya no hay esperanza en el futuro de su país. Desafortunadamente, a lo largo de los años, las autoridades en el Triángulo del Norte han demostrado la incapacidad de crear instituciones confiables, de proveer servicios públicos y de defender la ley. En un indicador del Banco Mundial que mide el gasto gubernamental en una escala del uno al siete, El Salvador obtuvo un puntaje de 3.23, Honduras de 2.28 y Guatemala de 2.26. De igual forma, el Índice de Percepción de la Corrupción de 2018 coloca a El Salvador en la posición 105, Honduras en la 132 y Guatemala en la 144 entre 180 países.
La migración masiva es el reflejo más claro de la falla política y legal. Los ciudadanos están votando constantemente con sus pies en contra de la violencia y a favor de más oportunidades económicas. Los gobiernos a lo largo de todo el continente americano deben tomar nota al respecto.
Trump no puede hacerlo solo
Estados Unidos no puede esperar resolver todos los problemas en el Triángulo del Norte. Debe apoyarse en los gobiernos de estos países para identificar las necesidades más urgentes. Sin embargo, hay áreas evidentes de preocupación para todas las partes: migración. seguridad y empleo.
En octubre, Trump firmó acuerdos iniciales de “tercer país seguro” con Guatemala, El Salvador y Honduras. Esto significa que los refugiados deben primero buscar asilo en los países por los que pasan en lugar de hacerlo en Estados Unidos directamente. Sin embargo. Esto requiere sistemas de migración que funcionen bien en el Triángulo del Norte. Actualmente, este no es el caso. El primer objetivo debe ser brindar entrenamiento, infraestructura y desarrollo de capacidad para procesar migrantes.
Vale la pena mencionar que la mayoría de quienes llegan a la frontera sur de EE.UU. no son refugiados, sino migrantes económicos cuyas vidas no están en peligro inmediato, como el ex secretario interino de seguridad nacional Kevin A. McAleenan lo explicó en julio.
Por lo tanto, abordar la falta de oportunidades laborales es una importante parte de la ecuación. El gobierno de Trump ha acordado extender visas temporales para agricultores por este motivo. No obstante, como David Bier del Instituto Cato lo ha evidenciado, eso no es suficiente, puesto que las empresas estadounidenses prefieren contratar mexicanos que están más cerca de su hogar. Las visas deben ser anuales para que exista mayor incentivo a contratar centroamericanos que provienen de mayores distancias.
Así como la ayuda para la sociedad civil, el gobierno de Trump debe vetar aquellas organizaciones que trabajan en contra del progreso económico y sirven como frentes para los insurgentes sociales. En Guatemala, por ejemplo, los sucesores de las guerrillas que operaron en el conflicto armado (1960-1996) han prevenido que las empresas prosigan con el desarrollo de proyectos y han socavado el imperio de la ley.
Guatemala, El Salvador y Honduras no tienen elección: deben trabajar con Trump para frenar la inmigración por su propio bien. Es un ganar-ganar evidente. Al promover la ayuda a programas efectivos, ellos elevarán los estándares de vida y sembrarán las semillas para una sociedad más próspera. A su vez, Estados Unidos apacigua una crisis migratoria en la frontera y vuelve a ganar un punto de apoyo sólido con naciones amigas en el sur.
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