.jpg){kind=link}
Al escoger Ucrania como su vehículo de impugnación, los demócratas están exponiendo a sus aliados del estado profundo que han estado trabajando en contra de su comandante en jefe y de la Constitución.
La cobertura mediática de sus aliados conlleva una conjetura implícita y errónea: el personal del Departamento de Estado de EE.UU. son burócratas imparciales que sirven a su país desinteresadamente. En Ucrania y Guatemala, se mantiene el patrón de la intervención corrupta en el exterior, contraria a los intereses de los votantes estadounidenses y los deseos del gobierno de Trump.
Ante el tribunal de impugnación de la Cámara, hablando sobre su servicio en Ucrania, la embajadora Marie Yovanovitch negó haber dado al fiscal general de ese país una lista de personas para que evite investigar. Pero el fiscal afirmó lo contrario, antes de la declaración del embajador y después también.
Yovanovitch también mencionó que los embajadores no deben interferir en los asuntos internos de los países anfitriones. Sin embargo, una lista de impunidad es exactamente ese tipo de interferencia.
Un informe del periodista de investigación John Solomon confirmó la declaración del fiscal de Ucrania de que la Embajada de EE.UU. le ha presionado para que abandone ciertos casos, incluyendo aquellos de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley y un legislador, cuyo procesamiento —dijo la Embajada— puede “descifrar un componente clave de nuestra cooperación anticorrupción”.
Dos personas, a las cuales la embajadora Yovanovitch aparentemente protegió, luego fueron recriminadas por una corte ucraniana por interferir en la elección de EE.UU. de 2016 en contra del candidato Trump.
En Ucrania, parece que combatir a la corrupción era la máscara del Departamento de Estado para la interferencia ilegal en los asuntos internos del país anfitrión. También parece que el Departamento de Estado estaba tratando de ocultar información sobre ciertas personas ucranianas que trataron de intervenir en las elecciones de EE.UU. El personal del Departamento de Estado envuelto en estos asuntos ahora son testigos para los demócratas en su tribunal de impugnación.
Tan apremiante como resulta esta historia, otra bastante relacionada ha sido ignorada. Con una importante ayuda del vicepresidente Joe Biden, el Departamento de Estado de EE.UU. cometió subversión en contra de Guatemala.
En un idéntico pretexto de combatir a la corrupción, el gobierno de Obama entregó gran parte de Guatemala al control de las milicias marxistas. Biden fue el principal autor de esta política, que llevó a la ruina a varias comunidades guatemaltecas y contribuyó directamente a la migración masiva hacia Estados Unidos.
En 2014 y 2015, Biden hizo tres viajes a Guatemala para presionar al presidente Otto Pérez Molina que extendiera el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Esta agencia creada por la ONU decía que combatía a la corrupción, pero en realidad se convirtió en el ariete de la Embajada de EE.UU. La Cicig no rendía cuentas a nadie y la inmunidad de su personal diplomático les dio licencia para cometer cualquier crimen que impulse la agenda socialista de la Embajada.
Muchos guatemaltecos estaban hartos de la Comisión y querían que se la removiera. Sin importar aquello, Biden forzó la voluntad de Guatemala. Su as bajo la manga en esta situación era la asistencia financiera de Estados Unidos para Guatemala y otros países de Centroamérica.
Pérez imploró a Biden que no haga ninguna declaración pública acerca de la Cicig. Sin embargo, Biden ignoró al líder de un Estado soberano y anunció a la prensa: “La Cicig se queda, punto”.
Con su mandato prorrogado, la Cicig consolidó su control del Ministerio Público, y el embajador de EE.UU. amedrentó a los legisladores guatemaltecos para que designaran un magistrado con vínculos en la guerrilla a la más alta corte del país. De este modo, se aseguraba que la facción guerrillera pueda decidir unilateralmente qué es ley en Guatemala y qué no lo es.
Ese resultado fue provocado por el mismo funcionario, Biden, que denuncia a Trump por ejercer influencia sobre el Presidente de Ucrania.
En 2015, la ex primera dama de Guatemala Sandra Torres —ex guerrillera y vicepresidenta de la Internacional Socialista— fue favorecida para ganar la elección presidencial. Robinson y la Cicig la apoyaron.
Pero los electores guatemaltecos no dejaron que se les ignore. Ellos dieron la victoria a un candidato inesperado, quien antes era comediante de televisión, Jimmy Morales.
Luego de una larga disputa, Morales encontró los medios para asegurar la remoción de la Cicig de Guatemala. La Cicig tomó la posición de una agencia en exilio y esperó por el resultado de la elección de 2019, el segundo intento de Sandra Torres para llegar a la Presidencia. Torres se comprometió a traer de regreso a la Cicig, y el embajador de EE.UU. Luis Arreaga hizo mucho para amañar la elección a su favor.
Tres días antes de la segunda vuelta electoral, la presidente de la Cámara de EE.UU. Nancy Pelosi visitó Guatemala con una delegación de congresistas demócratas. En una clara declaración de apoyo a Torres arreglada por Arreaga, la delegación demócrata se tomó fotografías con dos de las jueces vinculadas a la guerrilla más conocidas.
Pero de nuevo, los votantes guatemaltecos frustraron las mejores estrategias de Pelosi, los demócratas, la Cicig y la burocracia del Departamento de Estado. El nuevo presidente será Alejandro Giammattei, un exfuncionario que una vez fue perseguido por la Cicig.
La moraleja de las recientes intervenciones políticas de EE.UU. en Guatemala y Ucrania es que los burócratas del Departamento de Estado actúan frecuentemente como si supieran lo que es mejor para los países en los que están asignados —como si su conocimiento y propósito justificaran el irrespeto al derecho internacional y las soluciones que ellos prefieren—.
Aquellos burócratas, junto con sus compañeros del alma en los medios y en el Partido Demócrata, se comportan como si debieran controlar la política exterior en lugar del presidente legítimamente electo. Esta indiferencia a la Constitución de EE.UU. y a la soberanía popular está al descubierto en los procedimientos de impugnación en contra de Trump.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.