Departamento de Estado amenaza con la seguridad nacional de EE. UU.

Guatemala reduciría la violencia y migración ilegal con sus fuerzas de élite y el mismo presupuesto

Morales y Trump pueden trabajar en conjunto para envíar fuerzas de seguridad de élite a las zonas fronterizas. (Elías Oxom)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha enviado una delegación a Guatemala para detener el tráfico de personas y entender mejor las causas principales de la migración ilegal. Con solo un viaje en auto de 15 minutos hasta el Departamento de Estado el DHS estaría al tanto de la raíz del problema.

Kevin McAleenan, secretario interino del DHS, recientemente mencionó un estudio que estima que cerca de un cuarto de la población guatemalteca, alrededor de 4 millones de personas, planean migrar a EE.UU. El secretario visitó Guatemala la semana del 27 de mayo y concretó un memorándum de cooperación con su Gobierno. El acuerdo establece que el DHS proveerá “capacitación en la aplicación de la ley y colaboración” e instalará agentes de seguridad a lo largo de la frontera entre Guatemala y México.

McAleenan también reconoció que Guatemala “es un punto geográfico crítico en el tránsito migratorio del sur hasta el norte, pasando por México”. Yo he sido testigo de esto durante los 46 años que resido en Guatemala, en una localidad cercana a la vía por la que pasan las caravanas migratorias.

Es probable que los agentes del DHS no logren su cometido, puesto que la poítica exterior del Gobierno Obama-Biden —continuada bajo el mandato de Donald Trump por los funcionarios permanentes del Departamento de Estado— degradó a la policía y la milicia guatemaltecas. Estos burócratas estadounidenses han exacerbado la falta de presencia del Estado en las zonas fronterizas con México, asegurando el libre tránsito de migrantes y drogas ilegales hacia Estados Unidos.

El congresista Vicente González, representante demócrata de Texas, escribió a Trump persuadiéndolo de considerar la oferta del presidente de Guatemala Jimmy Morales de desplegar tropas estadounidenses en la frontera norte. Envíar tropas desde EE.UU. es innecesario. Los guatemaltecos son capaces de hacer esto por su cuenta, con el apoyo político de Trump y la liberación de asistencia extrajera que ya está designada.

Guatemala utiliza fuerzas de seguridad de élite entrenadas por Estados Unidos —policía, militares y fiscales— para las operaciones anti-narcotráfico. Ahora que el DHS ha reconocido el rol fundamental de Guatemala en la migración ilegal, el Gobierno de Trump debe trabajar con Morales para utilizar aquellas fuerzas de élite en las regiones fronterizas sin orden público.

Obama ayudó a los sucesores de las guerrillas respaldadas por Fidel Castro que participaron en el conflicto interno armado de Guatemala (1960 – 1996) en su intento de controlar el país. Mediante presión y acuerdos corruptos, el Departamento de Estado colocó a sus aliados en el gobierno de Guatemala, estratégicamente en la oficina del fiscal general y dentro del sistema judicial. Ellos blindaron a los grupos sucesores de las guerrillas ante potenciales investigaciones penales e iniciaron acciones judiciales en contra de autoridades legítimas que intentaron aplicar la ley en contra de ellos.

El ex vicepresidente Joe Biden viajó a Guatemala tres ocasiones en 12 meses para convencer al gobierno de este país que extienda la operación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU. La presión de EE.UU., como el contribuyente más grande para el financiamiento de la comisión, convirtió a la CICIG en el ariete del embajador estadounidense. Judicial Watch y el Wall Street Journal revelaron la criminalidad de la CICIG. Debido a su gran injerencia en la Justicia y el proceso penal, el embajador pudo arrestar a los opositores sin necesidad de mostrar evidencia ni atenerse a la ley.

Los sucesores de la guerrilla, denominados grupos de derechos humanos por el Departamento de Estado y protegidos por la embajada y sus aliados, forzaron a los moradores a involucrarse en actividades criminales. Entre otras, participaron en la destrucción de negocios y la invación de propiedad privada, que resultaron en menos oportunidades económicas y un notorio aumento de la violencia y la emigracion.

De acuerdo con una solicitud de cesación por una persona asociada al grupo sucesor de la guerrilla, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala suspendió las operacones de dos plantas hidroeléctricas por no haber realizado consulta previa a las comunidades locales. La Cámara de Comercio Americana (AmCham) en Guatemala emitió un comunicado: “Como consecuencia directa de los fallos de la CC, más de 445.000 empleos directos y más de 780 millones de dólares en impuestos anuales estarán en riesgo”. Estas cifras son enormes para un país de 18 millones de habitantes y un PIB que rodea los $75.000 millones.

Los residentes de las comunidades testificaron que no conocían al demandante, que sí fueron consultados y que apoyaban la operación de las plantas. Amcham dijo, “Estamos en un período de movimientos ideológicos radicales de grupos a favor del conflicto social, así como de tergiversación y abierta oposición a cualquier proyecto de inversión, sin demostrar realmente tener una representación legítima o democrática de las comunidades”.

A diferencia de condenar la ilegitimidad de acciones similares en otros lugares, como Venezuela, el Departamento de Estado permanece en silencio ante esta afectación a Guatemala y a los intereses de EE.UU.

Los moradores rurales que viven bajo las crueles y arbitrarias reglas de los sucesores de la guerrila añoran ser libres. Han realizado cientos de solicitudes para la presencia de la milicia que han sido desatendidas.

El presidente Morales debe aplicar la ley en estas áreas, para lo cual puede utilizar sus fuerzas de seguridad de élite con el respaldo de Trump. Morales también debe actuar, con el apoyo de Trump, en contra de los criminales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con el fin de alentar al resto de funcionarios de la justicia a aplicar la ley adecuadamente. Trump y el Secretario de Estado Mike Pompeo, al mismo tiempo, tienen que neutralizar a los burócratas permanentes del Departamento de Estado.

Una población rural agradecida, con seguridad física y legal, no solo tendría menos incentivo para emigrar, sino que también estaría dispuesta a asociarse con las fuerzas de seguridad para identificar actividades sospechosas. Esto podría reducir el flujo de migrantes y drogas ilegales significativamente desde y a través de Guatemala sin la necesidad de tropas estadounidenses ni gastos adicionales.

Este artículo se publicó originalmente en Washington Times.

Steven Hecht

Steven Hecht

Editor at Large

Steve Hecht is a businessman, writer, and film producer, born and raised in New York. He has lived and worked in Guatemala since 1972. He holds a Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration in Banking and Finance, both from Columbia University. He has worked on development projects in Guatemala to help the country leave its underdeveloped state and reach its great potential. Realizing the misconceptions prevalent about Guatemala and Latin America in the outside world, he has written for the Washington Times, Daily Caller, Fox News, Washington Examiner, Frontpage Mag, New English Review, PanAm Post, Epoch Times, and PJ Media and appeared as a guest on national American media programs including the Lars Larson Show. Steve’s reporting has included meeting with coyotes, the human smugglers who have ferried millions of illegal immigrants into the United States via Guatemala’s 595-mile border with Mexico.

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