El sufrimiento de los nicaragüenses cada vez se parece más al de los venezolanos: ¿Un tirano socialista ego maniático? Visto. ¿Censura y presos políticos? Visto. ¿Recesión económica e industrias estatales con bajo rendimiento? Adivine… Así como la nación petrolera de Venezuela ahora depende del combustible extranjero, Nicaragua –una vez pregonada como un “paraíso” energético– está importando energía de sus vecinos.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos han afectado las operaciones de Albanisa, el gigante consorcio creado por los gobiernos corruptos de Venezuela y Nicaragua en 2007 que acapara la mitad de capacidad de producción energética del país. Sin embargo, el verdadero problema está en que el régimen totalitario de Daniel Ortega –como el de Nicolás Maduro– ha permitido que las industrias nacionales se deterioren durante años mediante la negligencia y la corrupción.
A pesar de que la tarifa de energía para los consumidores finales aumentó un 18,3% solamente en 2019, la producción disminuye. En enero, las plantas energéticas de Albanisa generaron 70% menos electricidad que en el mismo mes del año pasado. En parte, esto se debe a que no pueden recibir pagos y comprar repuestos en el exterior, debido a las sanciones de EE.UU.
La situación obligó al régimen a importar energía desde Guatemala y Panamá y subir el precio de la energía una vez más en febrero de 2020. De acuerdo a informes oficiales, la energía importada en 2019 representó el 14% del consumo nacional. En lo que va de 2020, la compañía nacional de distribución de energía, Disnorte-Dissur, ha importado 20% de la energía consumida.
El que paga, manda
El destino de Albanisa estaba acordado desde el inicio: los autócratas nicaragüenses y venezolanos unieron fuerzas para apoyar el cumplimiento de sus agendas radicales. Nombraron a las plantas térmicas y eólica en honor a otros socialistas: Hugo Chávez Frías, Che Guevara y Camilo Ortega Saavedra. Siguiendo la tradición de los populistas latinoamericanos, Ortega y su familia se embolsaron más de $345 millones de la empresa energética, desde la construcción de las plantas.
MAN, una de las plantas térmicas, terminó costando $450 millones, es decir, $150 millones más de lo presupuestado. Bajo la excusa de gastos imprevistos, el régimen encubrió negligencia y clientelismo. Por ejemplo, los constructores no previeron que los puentes del camino entre el puerto y la ubicación de MAN no eran lo suficientemente fuertes para resistir el peso de los motores de la planta. Por lo tanto, primero tuvieron que reforzar los puentes.
Un informe del medio digital independiente El Confidencial reveló que el régimen sabía que MAN, finalizada en 2016, no tenía la capacidad de operación prometida. También sabía que no era necesario, pues las plantas ya existentes tenían la capacidad de satisfacer la demanda. De todas formas, los secuaces de Ortega siguieron con el proyecto. Para asegurar el ingreso de Albanisa, forzaron a los distribuidores de energía a pagar una tarifa fija, independientemente de su producción energética.
Las sanciones de EE.UU. han cambiado el juego. En febrero de 2019, la distribuidora Disnorte-Dissur, de la cual el gobierno de Nicaragua posee una parte minoritaria de acciones, dejó de pagar a Albanisa por su energía. Para prevenir posibles confiscaciones de bienes, el régimen retiene los pagos a la distribuidora.
Pese a que teóricamente Disnorte-Dissur es privada, el gobierno de Ortega empezó a utilizar públicamente los fondos de la compañía para financiar programas sociales. Por ejemplo, dio $235,000 a un programa de entrega de terrenos en Managua.
El accionista mayor desde 2013 hasta hace poco era una misteriosa multinacional llamada TSK, que supuestamente vendió su participación del 84% a una compañía desconocida el año pasado. César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua (CEN), dijo a El Confidencial que nadie sabe en realidad quién está a cargo de Disnorte-Dissur. La empresa no entregará información de los nuevos dueños ni a CEN ni a la prensa.
Los consumidores asumen la diferencia
Mientras que las tarifas de energía aumentan y la economía se desploma, el número de consumidores en mora ha crecido a más de 16,000. Argumentando que Disnorte-Dissur estaba pasando por una situación complicada debido a esta reducción de ingresos, el Congreso nicaragüense aprobó una ley propuesta por Ortega que permite a la compañía demandar a los deudores.
La ley también autoriza a la empresa a compartir la lista de consumidores en mora con las centrales de riesgos y confiscar sus bienes. Disnorte-Dissur espera recaudar $106 millones mediante este proceso.
Pese a que la distribuidora asegura que está extremadamente endeudada, Zamora explica que su situación debe haber mejorado en el último año, gracias a los precios del petróleo más bajos y el aumento en las tarifas de energía. Para prevenir que el ingreso adicional generado no termine en los bolsillos de Ortega, CEN está solicitando los informes financieros de la compañía.
La destrucción socialista
Pese a la retórica sandinista que proclama al régimen como el gobierno de los pobres, Nicaragua tiene el precio de energía más alto de toda Centroamérica. En 2017, fue de $17.88 por kWh, mientras que en Guatemala fue $15.47, en Honduras fue $14.52 y en Costa Rica $14.11. Adicionalmente, una gran mayoría de la población rural no tiene acceso a la red eléctrica.
El think tank nicaragüense enfocado en política económica, Funides, ha revelado tres principales problemas del sector energético de Nicaragua: (1) el reducido tamaño del mercado que impide economías de escala, (2) su alta dependencia en el petróleo, cuyo precio es volátil, y (3) las fallas del sistema que generan pérdidas significativas.
Con respecto a este último, por ejemplo, los fallos imprevistos del sistema y las fugas de energía consumieron el 24.7% del total de energía producida en 2017. Aunque la legislación exige al gobierno invertir en mantenimiento y nuevas subestaciones eléctricas, las pérdidas y los fallos han incrementado desde 2014.
De hecho, Ortega se ha valido de las obras públicas para financiar las dádivas sandinistas y su lujoso estilo de vida, a expensas de la productividad y la responsabilidad pública. En 2018, el World Ultra-Wealth Report indicó que la riqueza de Ortega llegaba a los $3.8 mil millones.
Así como en varios experimentos socialistas a lo largo de América Latina, la falta de transparencia, escrutinio y una justicia independiente ha abierto las puertas de par en par para la corrupción y el autoritarismo en Nicaragua.
La historia se repite con conclusiones predecibles. En Venezuela, el régimen chavista destruyó la una vez próspera industria petrolera. Bajo el mandato de los Kirchners, la suficiencia energética se desvaneció en Argentina. Ahora podemos añadir a Nicaragua a la lista. Al contrario de las trivialidades que atraviesan aquellos que están en el poder, el ciudadano común es quien más padece.
