Cinco factores que desatan la violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela

Recesión económica, contrabando, producción de cocaína, guerrilla e ilegalidad

Frotera Colombia Venezuela

La vasta frontera de 2.219 kilómetros que Colombia comparte con Venezuela siempre ha sido vulnerable a las guerrillas. (CIDH)

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El 6 de julio, negocios ubicados en la frontera entre Colombia y Venezuela publicaron una carta abierta pidiendo a ambos países que permitan el reinicio de las actividades económicas. Un impacto doble de confinamiento y relaciones diplomáticas deterioradas ha golpeado fuertemente a la zona, convirtiéndola en una tierra de nadie e incrementando la pobreza y criminalidad.

La extorsión, el secuestro y el tráfico de personas se han vuelto parte de la vida diaria al tiempo que grupos armados organizados, como los Rastrojos y Pelusos, luchan con las guerrillas marxistas por el control del territorio.

Mientras que el presidente de Colombia Iván Duque intenta reafirmar su dominio a través de operaciones militares, el dictador venezolano Nicolás Maduro echa más leña al fuego apoyando a los grupos vigilantes de izquierda, llamados colectivos. El enfrentamiento entre los dos gobiernos llegó a su punto álgido en febrero de 2019, cuando Maduro rompió relaciones con Colombia y expulsó a sus diplomáticos. La frontera ha permanecido cerrada desde mediados de marzo.

Desafortunadamente, no se divisa un final para la violencia, debido a cinco factores que se alimentan entre ellos: migración masiva, guerras de posiciones, contrabando, producción de cocaína y falta de aplicación de la ley.

Migrantes venezolanos entre la espada y la pared

Las disposiciones de confinamiento para detener la pandemia Covid-19 y el resultante desplome económico en los países vecinos ha dejado a miles de migrantes venezolanos desempleados. Dos millones han huido hacia Colombia a lo largo de los años tratando de ganarse la vida. Miles ahora están regresando a la pobreza garantizada en su país de origen.

Incapaces de pagar los pocos vuelos disponibles, los migrantes regresan con sus familias por tierra. Sin embargo, cruzar hacia Venezuela se ha convertido en una pesadilla: los controles de seguridad oficiales permanecen cerrados y dejan pasar solo a unos pocos por día.

Aquellos que no pueden esperar prueban su suerte en las trochas, cruces fronterizos ilegales que son campo de batalla entre guerrillas y grupos criminales. Los migrantes pueden, como consecuencia, quedar atrapados en el fuego cruzado o ser víctimas de robo y secuestro.

La disminución de la actividad económica en las ciudades fronterizas no dan cabida a empleos seguros. En Cúcuta, Colombia, 73% de la economía es informal o abiertamente ilícita. Las tasas de pobreza en Guainía y Guajira, dos regiones colindantes a Venezuela, son de 65% y 51.4%, respectivamente.

Alrededor de Colombia, la tasa de empleo crecerá a 20% para finales de este año, de acuerdo con el centro de investigación independiente Fedesarrollo. Se estima que las remesas, una parte importante del ingreso de las familias pobres, caigan entre 30% y 45%.

La economía venezolana es incluso más frágil, arruinada por años de socialismo y desorden. Los precios de los alimentos se han elevado en 150% desde que la Covid-19 llegó; nueve de cada 10 venezolanos no pueden costear sus necesidades básicas. La escasez de agua, electricidad, gas y gasolina son habituales.

Los grupos armados organizados se encuentran con las guerrillas

Desde que las órdenes de confinamiento iniciaron en Colombia, el crimen organizado ha matado a nueve líderes sociales y expandido sus operaciones para eludir a los grupos rivales. Por años, los grupos contrabandistas y narcotraficantes tradicionales han tenido que contenerse con la creciente presencia de grupos ideológicos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las ahora desintegradas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los disparos a lo largo de la frontera han aumentado, exponiendo a los civiles a balas perdidas. Las ejecuciones han escalado. En marzo, la policía colombiana encontró ocho cadáveres con heridas de bala y quemaduras en Cúcuta. El mismo día, cinco cuerpos aparecieron en Ureña, Venezuela.

Debido a la pandemia, el ELN se ha replegado para imponer cuarentena. La guerrilla de izquierda radical ha declarado un cese al fuego y ha amenazado con matar a los residentes que violen el confinamiento. No obstante, el gobierno colombiano continúa con incursiones militares. El 4 de julio, el presidente Duque anunció la captura de dos líderes del ELN.

En agosto de 2019, Human Rights Watch (HRW) visitó a las ciudades fronterizas de Arauca en Colombia y Apure en Venezuela. Entrevistaron a 105 personas, incluyendo miembros de la comunidad, oficiales de justicia, periodistas y activistas.

HRW confirmó que “los grupos armados no estatales usan la violencia para controlar la vida diaria de las personas”. De acuerdo con testimonios, “Ellos… amenazan a los civiles de los dos lados de la frontera, sometiendo a aquellos que no cumplen a castigos, que van desde multas hasta trabajo forzado de asesinato”.

Los contrabandistas sienten el impacto

Cuando la crisis económica de Venezuela se agravó en 2013, las trochas se convirtieron en un flujo de ingreso de los grupos criminales. Cobraban de $1 a $25 a las hordas de venezolanos que salían de su país y también comerciaban gas, minerales y drogas.

El cierre de la frontera ha triplicado las tarifas de paso en los cruces más transitados. El combustible, una vez abundante en Venezuela y contrabandeado incluso por oficiales, está cada vez más escaso. El tráfico de personas y narcóticos ahora constituye el grueso del comercio ilegal.

Javier Tarazona, el director de Fundaredes, un grupo de activismo por los derechos humanos, ha reportado que las bandas contrabandistas están pasando por apuros, puesto que el confinamiento ha generado más enfrentamientos, desapariciones, asesinatos, tortura y extorsión.

La decreciente actividad también ha golpeado a aproximadamente 400 familias venezolanas refugiadas en asentamientos precarios en Guainía, Colombia, quienes suelen ganarse la vida contrabandeando lo que sea necesario a través de la frontera.

Tránsito de cocaína por Venezuela

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE.UU., la mayoría de la cocaína que cruza por Guatemala hacia Estados Unidos proviene de Venezuela, Colombia y Ecuador.

“Las organizaciones narcotraficantes colombianas y venezolanas suelen aliarse con carteles mexicanos para embarcaciones de cocaína importantes,” dijo un vocero de la DEA al Washington Post.

Las embarcaciones han incrementado en 57% desde 2012 a 2017. Durante la pandemia, los carteles de Sinaloa y Jalisco han expandido su presencia en Colombia y han inyectado capital para asegurar la producción estable de cocaína.

La droga ingresa a Venezuela a través de las trochas y luego encuentra su camino hacia Centroamérica con la ayuda de militares y funcionarios corruptos. Solamente en 2018, 265 toneladas de cocaína cruzaron Venezuela desde Colombia. La práctica es tan insolente que el gobierno estadounidense ha acusado a Maduro y una docena de oficiales venezolanos de alto mando de delito de narcoterrorismo por inundar al país de droga,

La falta de aplicación de leyes venezolana

La vasta frontera de 2.219 kilómetros que Colombia comparte con Venezuela siempre ha sido particularmente vulnerable a la toma de las guerrillas. Sin embargo, la situación empeoró cuando Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela, desplegando su agenda socialista dentro y fuera de casa.

Chávez otorgó armas y pase seguro a las guerrillas colombianas cada vez que necesitaban. Con el régimen de Maduro, Venezuela es ahora el hogar de los exintegrantes de las FARC que permanecen fugitivos de la justicia colombiana, como Iván Márquez que anunció la creación de una nueva guerrilla en agosto de 2019.

Dada la presión de Estados Unidos, Colombia y el resto de la comunidad internacional para que Maduro abandone el poder, el partido socialista gobernante de Venezuela promueve abiertamente una guerra indirecta apoyando al ELN y a las FARC. Los grupos armados no estatales apoyados por Maduro se han unido a las confrontaciones por territorio y extorsionan a los migrantes venezolanos que viven en las ciudades del noreste colombiano.

La frontera entre Colombia y Venezuela es una bomba de tiempo en las manos de grupos insurgentes y narcotraficantes. Representa una grave amenaza para la seguridad nacional de ambos países, de las naciones centroamericanas y de Estados Unidos. El gobierno colombiano no puede hacer mucho: sin la capacidad de cambiar el régimen en Venezuela, la violencia seguirá creciendo incontrolablemente.

Paz Gómez

Paz Gómez

Paz Gómez of Quito, Ecuador, is a policy analyst with Econ Americas and the cofounder and academic coordinator of Libre Razón, a liberal think tank. Follow @PazenLibertad.

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