¿Qué representa el Consejo Nacional de Empresarios de Guatemala?

Una coalición improvisada carece de respaldo y tergiversa a la comunidad empresarial

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El Consejo Nacional de Empresarios (CNE) es una nueva agrupación empresarial de Guatemala que pretende renovar la cara del sector privado. (CNE)

Por Carmen Mendoza

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El Consejo Nacional de Empresarios (CNE) es una nueva agrupación empresarial de Guatemala que pretende renovar la cara del sector privado. Si bien manifiesta no sentirse representado por el sector empresarial tradicional, no ofrece la transparencia que pregona y deja en el aire varias dudas acerca de su funcionamiento y vínculos políticos.

Impunity Observer contactó al CNE para trasladar preguntas, pero luego de un contacto inicial cordial, al enviarlas dejaron de responder a nuestros mensajes sin ninguna explicación.

El CNE tiene apenas un mes de antigüedad y treinta y cinco asociados. En su página web enumera una serie de principios generales que lo rigen, como la libertad de expresión, el libre mercado, una economía moderna y productiva, el capitalismo a través de una nueva gobernanza económica, la reforma de las instituciones democráticas, la ayuda a los desfavorecidos, la lucha contra la corrupción, un empresariado que participe en debates políticos, políticas públicas claras y una representación empresarial basada en la ética.

Declara que el modelo guatemalteco de gobernanza económica “ha fracasado” y que se debe “lograr dinamizar, ampliar y diversificar el acceso a crédito, reformar la SAT en particular y la burocracia que padecemos los empresarios en general, separar las decisiones privadas de las públicas eliminando el corporativismo y combatir de manera integral la corrupción impulsando una agenda reformista”.

En el documento titulado “Hacia una agenda de modernización de la gobernanza económica guatemalteca”, creado y difundido por el CNE, manifiestan en su inicio que “La estructura económica de Guatemala tiene su origen en una muy dispar distribución de la tenencia de la tierra, algo propio de sistemas coloniales”.

A lo largo de 21 páginas cuestionan al empresariado como motores del desarrollo y que “el sector privado tradicional se ha consolidado en conglomerados empresariales familiares que están en el núcleo de redes de poder económico y político.”

En el documento hablan de temas ampliamente discutidos en el ambiente nacional, hacen una crítica al sistema bancario nacional, a la baja recaudación fiscal con relación al PIB y abogan por una ley de competencia.

Le dedican un espacio especial a la corrupción y a la CICIG, de lo cual llama poderosamente la atención siguiente declaración:

“Antes de las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) las verdades que han salido a luz pública se contaban en espacios cerrados y discutían abiertamente en pocos foros. Hoy, la evidencia nos habla de un país con corrupción sistémica y estructural, donde tanto pequeñas decisiones como grandes políticas están permeadas por este fenómeno”.

También han manifestado que las remesas enviadas por los migrantes guatemaltecos no impulsan la economía sino que subsidian el consumo:

“No es que estemos creando más riqueza aquí y que se esté ampliando la base de personas que están entrando a ese tipo de economía. Se está quedando siempre en los mismos sectores. Está bien que funcione pero para poder dinamizar la economía tenemos que irnos también a productividad y poner el dinero ahí. Los créditos tienen que estar ahí”.

Sin embargo, según el economista e historiador José Molina Calderón, las remesas sí dinamizan la economía, “principalmente por medio del consumo y construcción de viviendas”. Y según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, el “37,9 % de las familias receptoras de remesas que usan estos fondos para inversión los destinan para la construcción de vivienda; 32,2 % para la compra de inmuebles; 24,2 % para la reparación de la casa; 5,5 % para ahorro y 0,1 % lo invierte en seguros”.

El documento no plantea ninguna solución ni hacen propuestas concretas para lograr la “Nueva Gobernanza Económica” que proponen.

¿Asociados o comandados?

Hay nombres de asociados que saltan a la vista como Luis Von Ahn o Jayro Bustamante por su reconocimiento internacional. El común denominador de los asociados que aparecen en el listado, con pocas excepciones, es su presencia en redes sociales como activistas pro-CICIG, con tendencia ideológica de izquierda y opositores manifiestos del sector empresarial organizado tradicional representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Raúl Figueroa Sarti, asociado del CNE, es el principal promotor del movimiento “Un futuro sin CACIF”, que rechaza a dicho gremio. El movimiento no tuvo mayor resonancia ni impacto. Figueroa Sarti fue presidente de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (FILGUA) y trabajó durante años de la mano del sector privado. Posteriormente, se separó en no buenos términos de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), que es miembro de CACIF, y al día de hoy mantiene una disputa legal por el registro de marca de FILGUA.

Philippe Hunziker, asociado del CNE y actual presidente de FILGUA, firmó un convenio con el Ministerio de Cultura de Guatemala para la realización de la FILGUA virtual 2021.

Logramos constatar que María Fernanda Rivera, presidenta del CNE, cuenta con un contrato vigente por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por 158 mil quetzales, unos US$20 mil.

Otro asociado es la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (FEDECOCAGUA), representada en el CNE a través de Italo Antoniotti. Esta federación reúne a más de veinte mil pequeños productores de café y recibe fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En 2013, FEDECOCAGUA hizo una fuerte crítica a la CICIG en un medio mexicano como respuesta al excomisionado de la CICIG Carlos Castresana:

“Causan estupor las opiniones de Castresana, tras fungir aquí como máximo responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) —un experimento que creó Naciones Unidas con recursos de países donantes para investigar y desarticular grupos paralelos al Estado que violasen los derechos humanos y simultáneamente fortalecer el sistema de justicia—. Castresana fue su primer comisionado y por el colapso del sistema judicial, la CICIG se convirtió en un cuarto poder que arbitró con supremacía la justicia en el país. Castresana se tornó en un verdadero procónsul y a aquellos que señaló muchas veces sin pruebas, fueron perseguidos implacablemente por el Ministerio Público. Inocentes sufrimos onerosos daños como lesiones a la dignidad, vituperios, prisión y rechazo comercial”.

Una de las preguntas de Impunity Observer fue motivada por esta inconsistencia de criterios sobre la CICIG entre el documento del CNE y lo expresado por FEDECOCAGUA. La pregunta fue la siguiente: ¿Cómo fue el proceso de FEDECOCAGUA para tomar la decisión de afiliarse al CNE? ¿Fueron consultadas sus bases o fue una decisión administrativa?

Presencia de empresarios en el Estado

Otro de los puntos álgidos es la representación empresarial en las entidades públicas.

La presidenta del CNE María Fernanda Rivera manifestó a un medio local en una entrevista que líderes del empresariado tradicional tienen cargos de decisión en al menos 58 entidades, donde tienen acceso a información privilegiada, lo cual repercute en conflictos de intereses y bloquea el ingreso de nuevos competidores.

Esto responde a otra pregunta que habíamos enviamos con fecha anterior a la entrevista citada: ¿Aspira el CNE a ocupar algunas de las sillas que actualmente ocupa el sector privado en entidades públicas para influir con sus ideas en la toma de decisiones?

En la misma entrevista, el CNE puntualizó que está a favor de la regulación legal de la competencia y apoya la Ley de Competencia actualmente en lectura en el Congreso.

En otra entrevista al diario La Hora, del cual es accionista Luis Von Ahn, Rivera dijo:

“Puntualmente tenemos un problema: somos el único país de la región y de los pocos del mundo que no tenemos una ley de competencia. ¿Qué significa eso? Que aquí cualquiera puede poner monopolios y aquí cualquiera puede si son oligopolios ponerse de acuerdo y eso resulta en detrimento de los consumidores y de la población en general”.

Llama la atención la presencia del CNE en medio de la reciente visita que hizo a Guatemala la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris. Harris anunció que la empresa Nespresso hará negocios de café por un mínimo de US$150 millones con productores de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ítalo Antoniotti indicó a un medio que Nespresso ya le compra 45 mil sacos de café a pequeños productores de FEDECOCAGUA.

Tan solo una semana después de que se hiciera pública la creación del CNE, su presidenta fue invitada a una reunión de líderes empresariales guatemaltecos con Ricardo Zúñiga y Juan González, funcionarios del Gobierno estadounidense, y acompañantes en la comitiva de Harris en su visita a Guatemala.

Quisimos conocer, además: ¿Ya tiene el CNE personería jurídica y bajo qué régimen tributario operan? ¿Cómo van a financiar sus operaciones, estructura administrativa y sus proyectos? ¿Reciben o recibirán fondos provenientes del extranjero para tales efectos?

Así como indicamos anteriormente, no respondieron a nuestras preguntas y tampoco nos indicaron la razón por la cual no deseaban responder.