El mayor gremio empresarial de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que fue un aliado clave de Daniel Ortega, se ha convertido ahora en otro de los muchos objetivos políticos del régimen. Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han dado la espalda a los dirigentes del COSEP, asfixiando a sus empresas con la aplicación de leyes arbitrarias y detenciones.
El modelo COSEP
En 2007, el entonces recién elegido Ortega invitó a los líderes del COSEP a una coalición nacional de gobierno. Los empresarios tuvieron voz y voto en la elaboración de la política económica, ocuparon puestos en el gobierno y sugirieron reformas. Sin embargo, el acuerdo se limitó a los asuntos económicos, y los empresarios guardaron silencio sobre temas espinosos como la democracia y la institucionalidad.
Durante la vigencia del acuerdo, el COSEP fue el principal impulsor de las políticas económicas. Entre 2008 y 2017, el gremio consiguió que se aprobaran 124 leyes y obtuvo 40 nombramientos en puestos gubernamentales.
Cuando fue criticado por los medios independientes, el presidente del COSEP, José Arregui, escribió artículos de opinión defendiendo los logros del corporativista “modelo COSEP“. Organizaciones hermanas, como la AmCham, presionaron a favor de Ortega en Washington, DC.
En apariencia, la economía nicaragüense y la inversión extranjera directa se dispararon. Ortega firmó acuerdos comerciales con varios países, incluido Estados Unidos. Durante esa década, la tasa de pobreza se redujo a la mitad, los servicios públicos mejoraron y las oportunidades de trabajo elevaron la calidad de vida en todo el país.
El origen oculto de la bonanza, sin embargo, fue la financiación de $600 millones anuales procedente de Venezuela. Al igual que hicieron con sus hermanos ideológicos en toda América Latina y el Caribe, Hugo Chávez y Nicolás Maduro financiaron el ascenso de Ortega. Cuando la economía venezolana se hundió, Ortega recurrió a otra fuente de fondos extranjeros: China.
Estos fondos permitieron a su régimen poner en marcha proyectos de infraestructura y mantener contentos a los contratistas del COSEP, al tiempo que construía su propia red de empresas amigas.
Sin embargo, la búsqueda de Ortega por el control total de Nicaragua significó que la relación eventualmente se debilitó. El punto de inflexión se remonta a abril de 2018, cuando Ortega hizo caso omiso de la oposición del COSEP a cuatro leyes que buscaban (1) aumentar el salario mínimo, (2) regular las redes sociales, (3) aumentar las regulaciones contra el lavado de dinero y (4) reformar el sistema de seguridad social.
La aprobación de estas leyes provocó una agitación social y una crisis política. El 19 de abril, el COSEP exigió a la policía nicaragüense que dejara de reprimir y torturar a los manifestantes. Dado que el abuso de poder no cesaba, el COSEP convocó una marcha pacífica una semana después, rompiendo así públicamente con el régimen.
La familia interviene
Ortega había creado empresas para su familia en varios sectores, abriendo canales para desviar fondos para el enriquecimiento personal. Entre 2008 y 2017, Albanisa –una empresa conjunta entre la petrolera estatal venezolana PDVSA y su homóloga en Nicaragua, Petronic– canalizó $4.000 millones al régimen de Ortega. Además de financiar programas sociales y proyectos de infraestructura, el dinero financió el crecimiento de Albanisa.
En menos de una década, Albanisa se convirtió en un conglomerado con presencia en las finanzas, la construcción, la energía y el turismo, entre otros. Rafael Ortega, hijo del presidente nicaragüense, dirige estos negocios junto con familiares y amigos cercanos. Una vez que la familia Ortega se aseguró sus propias empresas para hacer negocios con el Estado nicaragüense, el régimen estaba listo para descartar el COSEP.
De hecho, la mayoría de los hijos de Ortega son asesores presidenciales, gestionan el suministro de petróleo del país y dirigen los mayores canales de televisión y empresas de publicidad. Según una investigación de la red de periodistas Connectas, solo en 2018 y 2019 ganaron $936.000 por varios contratos con el Estado nicaragüense.
El imperio mediático de la familia Ortega
- Canal 2
- Canal 4
- Canal 8
- Canal 13
- Comunicaciones internacionales digitales
- In & Out Publicidad
- Lumicentro
- Negocios publicitarios internacionales
- Difuso
- Radio Ya
Otros sectores
- Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP)
- Inversiones Zanzibar
- Fundación Somos TN8
Sin embargo, existe una delgada línea entre las empresas que pertenecen a la familia Ortega, al partido gobernante sandinista y al gobierno.
Por ejemplo, la familia Ortega estuvo detrás de la adquisición de DNP en 2009 con fondos de Albanisa y la cooperativa rural nacional Cajaruna. Hasta 2016, Venezuela proporcionó a DNP petróleo barato por valor de $3.700 millones.
En diciembre de 2019, el gobierno estadounidense impuso sanciones a DNP por sus vínculos corruptos con la familia Ortega. DNP transfirió entonces sus beneficios a Inversiones Zanzíbar, otra empresa controlada por el hijo de Ortega.
Para evadir aún más las sanciones estadounidenses, el régimen nicaragüense aprobó una ley para nacionalizar DNP.
La represión
En junio y julio de 2021, el régimen de Ortega lanzó su ataque más descarado. Comenzó a encarcelar a cualquier candidato presidencial que supusiera una seria amenaza para su continuidad. El ex presidente del COSEP, José Aguerri, y el banquero Luis Rivas fueron algunos de los detenidos arbitrariamente. Al encarcelar a respetados líderes empresariales e intimidar a otros, Ortega ha emprendido una guerra abierta contra sus antiguos aliados.
La comunidad empresarial, sin embargo, se encuentra en una situación mucho más precaria para resistir que cuando comenzó la crisis política. Las leyes destinadas a paralizar a las empresas privadas han pasado factura.
En marzo de 2019, el Congreso aprobó una reforma tributaria con el objetivo de recaudar $300 millones que aceleró la descapitalización de las empresas privadas, la pérdida de competitividad en el agro y el estancamiento productivo.
La fuga de capitales es continua; en 2018, más de $1.900 millones salieron del país, minando las reservas bancarias y, por tanto, la capacidad de inversión.
De marzo de 2018 a marzo de 2021, los bancos tuvieron que cerrar 194 sucursales, y sus beneficios en 2020 fueron un 60% inferiores a los de hace tres años. En el primer trimestre de 2021, más de 300 empleados de la banca perdieron sus puestos de trabajo.
En una línea similar, el Congreso aprobó en febrero de 2021 la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. El COSEP argumentó que provocaría que los bancos internacionales cortaran los lazos con Nicaragua y aislara su sector financiero. La ley ha afectado a industrias como el comercio, el turismo, las importaciones y la agricultura.
El PIB nicaragüense lleva tres años consecutivos decreciendo, y la economía sumergida se está comiendo a la formal, pues el 70% de la población activa ocupa empleos informales actualmente. Más de 3.000 empresas han cerrado y alrededor de 200.000 empleos formales han desaparecido desde 2018.
Indicador |
2020 |
2017 |
| PIB | $12.6 mil millones | $13.7 mil millones |
| PIB per capita | $1,721 | $ 1,957 |
| Crecimiento anual del PIB | -2% | 4.65% |
| Inversión Extranjera Directa | $142.8 millones | $970.9 millones |
| Tasa de desempleo | 5.1% | 3.7% |
| Tasa de pobreza | 31.9% | 20.1% |
| Solicitantes de asilo (en todo el mundo) | 67,229 Nicaragüenses | 2,772 Nicaragüenses |
| Remesas | $1.8 mil millones | $1.3 mil millones |
En Estados Unidos crece la presión política para que la administración Biden suspenda el acuerdo de libre comercio con Nicaragua, una medida que devastaría la economía centroamericana.
IO-Memo-Nicaragua-COSEP-esp
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