Daniel Ortega de Nicaragua se sacó la máscara: el presidente, ahora dictador, utiliza públicamente el aparato estatal represivo para robar la próxima elección.
En junio y julio de 2021, Ortega arrestó a más de veinte personas y congeló sus cuentas bancarias. Seis de ellos planeaban competir con él por la presidencia de Nicaragua en noviembre y otros son parte de movimientos de oposición.
De igual forma, el régimen de Ortega está librando una batalla abierta con la élite empresarial del país, quien alguna vez fue su aliado.
¿Qué causó la reciente ola de arrestos?
El instinto de autopreservación del régimen mercantilista de Ortega aumentó luego del malestar social y las protestas de 2018. En ese entonces, la policía nicaragüense arrestó a más de ochocientas personas y empezó a perseguir a líderes de oposición y jóvenes activistas.
Pronto surgió una maquinaria gigante de vigilancia, no sólo con funcionarios de gobierno sino con ciudadanos de todo el país que delataban a otros. El régimen de Ortega acabó con el periodismo independiente e impuso barreras a medios de comunicación hasta que muchos de ellos cerraron.
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional controlada por el partido sandinista aprobó tres leyes que otorgan poder absoluto a Ortega bajo la excusa de combatir las noticias falsas, el terrorismo y el lavado de activos. Ortega estaba preparando el terreno para imponer todo el peso del Estado en contra de los disidentes.
Este año, cuando la autoridad electoral anunció que la elección presidencial se llevará a cabo el 7 de noviembre, Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007, lanzó su ataque. Los fiscales y jueces leales a Ortega empezaron a aplicar estas leyes y otros pretextos para arrestar a candidatos y asegurar su cuarta reelección.
¿Quién está actualmente en prisión?
- Cristiana Chamorro: Arrestada el 2 de junio, ella era la contrincante más desafiante para la candidatura de Ortega. Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario, acusada de lavado de activos a través de su fundación Violeta Barrios de Chamorro, nombrada por su madre, quien fue presidente de Nicaragua entre 1990 y 1997.
- Arturo Cruz: Arrestado el 5 de junio, Cruz fue acusado de violar la Ley de defensa de los derechos del pueblo o a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, lo que impide que ocupe cargos públicos. Cruz, un ex embajador, es analista político y profesor en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas.
- Félix Mariadaga: El académico y precandidato presidencial fue acusado de haber infringido la soberanía popular y solicitar apoyo militar. Fue arrestado el 8 de junio como parte de la represión a la Unidad Nacional Azul y Blanco.
- José Aguerri: El ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el gremio de empresarios más grande del país, permanece en prisión preventiva desde el 8 de junio por supuestamente incitar a la intervención extranjera.
- Juan Chamorro: Arrestado el 8 de junio, él fue acusado de promover la intervención extranjera en los asuntos públicos y por lavado de activos. Él es primo de Cristiana Chamorro.
- Violeta Granera: Ella fue arrestada el 8 de junio supuestamente por promover la intervención de agentes extranjeros y de militares en asuntos nacionales. Granera, quien es integrante del frente de oposición Unidad Nacional Azul y Blanco, permanece bajo arresto domiciliario.
- José Pallais: Arrestado el 9 de junio, Pallais fue acusado de financiar actividades terroristas y esfuerzos de desestabilización con fondos internacionales. Pallais es líder de la opositora Coalición Nacional y ex canciller.
- Ana Vijil, Dora Telléz, Hugo Torres y Suyen Barahona: Estos líderes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) fueron arrestados el 13 de junio por supuestamente promover la participación de agentes extranjeros.
- Víctor Tinoco: Acusado de pedir apoyo a agentes internacionales y militares, entró a prisión el 13 de junio. Su hija publicó un video declarando que su padre fue secuestrado por civiles.
- Luis Rivas: Capturado el 15 de junio, es el gerente del Banco de la Producción en Nicaragua (Banpro). El mismo día, países vecinos pidieron a Ortega que libere prisioneros políticos durante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
- Pedro Vásquez: El chofer de Cristiana Chamorro desapareció el 15 de junio por la noche y luego apareció en la cárcel con una orden de prisión preventiva por tres meses. Ni su abogado ni sus familiares han podido verlo desde entonces.
- Miguel Mora: El exdirector del medio digital 100% Noticias no pudo hacer realidad su candidatura presidencial, puesto que fue arrestado el 20 de junio. También fue acusado de promover la intervención internacional y pedir ayuda militar. El régimen de Ortega ya había arrestado a Mora en 2018.
- María Fernanda Flores and Miguel Mendoza: Flores, la ex primera dama durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1997–2002) y ex asambleísta de oposición por el Partido Liberal Constitucional, y Mendoza, un periodista deportivo, fueron capturados el 21 de junio por supuestos actos que ponen en riesgo a la soberanía nacional.
- Lésther Alemán y Max Jérez: Igualmente, los líderes universitarios y miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense fueron arrestados el 5 de julio por vulnerar la ley de soberanía.
- Freddy Navas, Medardo Mairena, Pablo Morales y Pedro Mena: Estos líderes campesinos fueron tomados prisioneros el 5 de julio. Mairena, quien fue condenado a 216 años de prisión luego de las protestas de 2018 por supuesto terrorismo y amnestiado después, también buscaba la presidencia.
- María Asunción Moreno: Los fiscales citaron a Moreno, quien aspira a ser la candidata presidencial por el partido Alianza Ciudadanos por la Libertad, a un interrogatorio inesperado el 11 de julio. Previendo su arresto, Moreno no asistió y se ocultó. La policía mantiene su casa bajo vigilancia.
En muchos de los casos, el régimen de Ortega no ha hecho pública la ubicación de los prisioneros políticos, y ni siquiera sus familias tienen acceso a ellos. Hay certeza solamente de los casos más prominentes de Cristiana Chamorro y Violeta Granera que permanecen en arresto domiciliario.
¿La represión política ha impactado la economía?
Entre 2007 y 2017, Ortega gozó del apoyo de la élite empresarial del país desde el Cosep. Para ganar su respaldo, Ortega permitió que los líderes empresariales decidan en los asuntos de economía nacional.
El régimen promocionó a Nicaragua como un destino de inversión, y compañías extranjeras llegaron a construir fábricas. Durante una década, la economía creció en promedio 5% anual.
La relación con el COSEP se deterioró cuando este pidió al régimen detener la represión a los manifestantes en 2018. La reciente detención de José Aguerri y Luis Rivas, dos empresarios respetados, fue la gota que derramó el vaso.
Para entonces, sin embargo, Ortega y su familia habían construido su propia élite empresarial. Nicaragua canalizó US$4 mil millones desde el régimen venezolano por medio de Albanisa, una compañía conjunta entre la petrolera estatal venezolana Pdvsa y Petronic, su par nicaragüense controlada por la familia Ortega.
Ortega convirtió a Albanisa en un conglomerado con presencia en las industrias financiera, energética, constructora, aérea y más. Puso a sus familiares y aliados más cercanos a cargo de estos negocios para beneficiarse de los privilegios del régimen y expandir su poder de mercado.
Desde las protestas de 2018 y la consecuente agitación política, 3.000 negocios han cerrado y más de 142.000 empleos formales han desaparecido.
El PIB de Nicaragua cayó 3,4% en 2018 y 3,7% en 2019. La tasa de pobreza pasó de 13,5% en 2019 a 14,7% en 2020 —en un año, el número de personas cuyo ingreso diario es menor a US$3,20 aumentó en 90.000.
La pandemia, al igual que los huracanes Iota y Eta, empeoraron el malestar económico en 2020: el PIB cayó en 2,5%. Además, el autoritarismo y la corrupción han socavado la empresarialidad y han permitido la consolidación de los negocios de la familia Ortega.
El economista nicaragüense Abelardo Medina cree que Ortega mantendrá el mando en el país. “Salvo que haya algún nuevo detonante de alto nivel, no vemos que en el corto plazo vaya a cambiar, en esencia, nada. Esta inestabilidad también imposibilita que el crecimiento económico vuelva a tener la misma dinámica de los años previos porque los empresarios dejan de llegar.”
¿Será Nicaragua el siguiente origen de la migración masiva en América Latina?
El régimen de Ortega ha convertido a Nicaragua en un país con vanas oportunidades económicas y menos derechos para los ciudadanos. Por lo tanto, los incentivos para migrar son más.
De hecho, los nicaragüenses han llenado las oficinas de migración este año. En la primera semana de junio, el gobierno emitió 2.080 pasaportes. Este número saltó a 3.074 en la segunda semana, y otros 3.136 se emitieron la siguiente semana.
La tendencia ha estado al alza. De acuerdo con Acnur, más nicaragüenses están solicitando asilo cada año. De 2.722 en 2017, el número de solicitantes aumentó a 32.265 en 2018. La cifra se duplicó en 2019 con 67.150 aplicantes y se mantuvo estable en 2020 con 67.229.
Una encuesta de febrero de 2020 realizada por Cid Gallup reveló que dos tercios de nicaragüenses, la mayoría jóvenes, se mudarían a Estados Unidos, Canadá o España si tuvieran oportunidad.
IO-Memo-Nicaraguan-Revolution-ESP
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.