Represalias contra la educación superior en Nicaragua

El régimen dictatorial de Ortega se mete en el bolsillo la libertad educativa

El régimen de Ortega busca centralizar el poder en las universidades para acabar con todo reducto de pensamiento crítico. (Flickr)

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El matrimonio presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado su jugada final para perpetuarse en el poder: acabar con las universidades privadas. Al despojar de autonomía a la cátedra nicaragüense, la dictadura puede instalar un sistema educativo de adoctrinamiento que reprima el pensamiento crítico y silencie a los líderes juveniles.

El 2 de febrero de 2022, la Asamblea Nacional —por orden directa del Ejecutivo— confiscó de manera arbitraria las licencias de funcionamiento a cinco universidades privadas que pasaron a manos del régimen. Entre ellas se encuentra la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la cual fue el epicentro estudiantil de las manifestaciones de 2018.

Acto seguido, el 3 de febrero, el Ministerio de Gobernación decretó retirar la personería jurídica a siete centros de educación superior extranjeros. Los funcionarios del régimen han recurrido a sus usuales argumentos prefabricados que van desde el incumplimiento de leyes en contra del lavado de activos hasta la financiación del terrorismo.

¿Qué implica el retiro de licencias?

Tres leyes han destacado para sustentar la remoción de la personería jurídica de las universidades. La Asamblea Nacional las aprobó en diciembre de 2020 para perseguir a empresarios, oenegés y políticos opositores. Estas son: la Ley 147, para controlar exceso a las organizaciones sin fines de lucro; la Ley 606, que otorga mayor poder al Legislativo; y la Ley 977, que abre la puerta a la arbitraria sanción bajo el nombre de financiamiento del terrorismo y lavado de activos.

El régimen Ortega-Murillo busca centralizar el poder en las universidades del país para acabar con todo reducto de pensamiento crítico. Con el fin de instaurar un modelo destinado al adoctrinamiento, el régimen ha asignado al Consejo Nacional de Universidades (CNU) la gestión de las instituciones despojadas de su personería jurídica.

El CNU, sin embargo, no tiene atribuciones de ley para administrar universidades. Además, la misma Constitución prohíbe la intervención y las expropiaciones a centros de educación superior.

Pese a dicha normativa, la dictadura ha asumido el control total de estos espacios. Con la remoción de sus licencias, las autoridades han tenido vía libre para ocupar sus instalaciones, equipos y documentación, sustituir sus nombres y operarlas como instituciones públicas.

En el caso de la Upoli, ahora es la nueva Universidad Nacional Politécnica (UPN). La Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) ahora es la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda. Las instituciones de educación superior: Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Hispanoamericana (Uhispam), y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH) ahora forman la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.

Ernesto Medina, ex rector del campus de León de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), la más antigua del país, teme por el destino de las universidades privadas restantes. “La señal es que si quieren mantener su personería jurídica tienen que portarse bien, tienen que estar callados, no hay que criticar nada, no hay que analizar nada; eso es matar a la universidad”, señala Medina.

Sin lugar para la oposición

Ortega lleva en el poder quince años de forma ininterrumpida, aunque fue también presidente entre 1985 y 1990. Puesto que su popularidad ha decaído notoriamente, el jefe de Estado ha redoblado los esfuerzos para reprimir a todo signo de oposición y disidencia.

Cuando el pueblo se levantó en su contra en 2018, el régimen prohibió toda protesta civil. En aquel entonces, los manifestantes fueron encarcelados y abatidos por las fuerzas de control. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 355 personas fueron asesinadas a manos del Estado, incluidos niños y adolescentes.

El régimen ha avanzado sistemáticamente en la pendiente autoritaria. En 2021, previo a las elecciones presidenciales de noviembre, se desmarcó de toda apariencia democrática al ordenar la detención de sus principales opositores.

Las decenas de víctimas de este reciente ataque incluyeron líderes estudiantiles, periodistas y políticos, tales como María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán o el exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz. El régimen los acusó de “menoscabar la soberanía de Nicaragua” y, ante la ola de críticas de la comunidad internacional, el régimen pidió que no se inmiscuya en los asuntos internos del país.

El caso más relevante ha sido el de la principal líder opositora, Cristiana Chamorro —hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro—. Chamorro, quien tenía posibilidades reales de alcanzar la presidencia en los últimos comicios, fue inhabilitada, allanada y sometida a arresto domiciliario. Hoy, está condenada a ocho años de prisión por los delitos de “lavado de activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica”.

Barrer con el pensamiento

Lesther Alemán engrosa la lista de damnificados. El valiente líder estudiantil que emplazó de tú a tú a Ortega en la mesa de diálogo nacional de 2018 para que renunciara por los atroces actos de violencia cometidos en contra la comunidad universitaria, fue declarado culpable y condenado a trece años de prisión el pasado 10 de febrero.

La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) denunció que el juicio de Alemán se dio a puerta cerrada. A Alemán no se le permitió el derecho a la defensa, dado que sus abogados fueron inhabilitados para hablar y despojados del acceso al acta judicial.

Los estudiantes nicaragüenses representan el último bastión de libertad. Tras la purga de la oposición política en 2021, ahora es el turno del sistema educativo, refugio de la disidencia. Con esto, el régimen busca impedir que emerjan nuevas voces capaces de desafiar su poder despótico y así, tejer un sistema educativo del que los estudiantes dependan en su totalidad.

La CIDH ha recibido más de un centenar de denuncias de estudiantes universitarios expulsados de sus centros de estudio por razones políticas. Muchos de ellos podrían quedar a la deriva nuevamente después de las últimas clausuras a sus centros de estudio. Se espera que las pocas universidades que aún no han sido engullidas por el régimen ahora sean el nuevo blanco.

No hay contrapeso a la vista

Con la oposición en jaque, la última ficha por tomar, claramente era la educación superior privada. La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), cuerpo vinculado a las Fuerzas Sandinistas de Liberación Nacional (FSLN), y el CNU se han tomado la academia.

La autonomía y la libertad de cátedra no tienen espacio en Nicaragua. Sin un sistema educativo que ejercerza libertad, la generación del pensamiento crítico se extingue, al igual que cualquier articulación civil que aglomere esfuerzos para plantar cara al poder autoritario.

Ninguna tiranía puede consolidarse sin el control absoluto de la educación. La batalla contra la academia recién empieza, y los más afectados serán los estudiantes universitarios y las futuras generaciones que se quedarán a expensas de un completo estatismo educativo.

Andrés Sebastián Díaz Ponce

Andrés Sebastián holds a bachelor’s degree in political science and international relations from the University of the Americas, Ecuador. He founded Libertario, a Spanish-speaking community that promotes the ideas of liberty in Latin America, and he collaborates with the Ecuadorian liberal think tank Libre Razón. Follow @asdp250.

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