Daniel Ortega expulsa a la OEA y cimienta una dictadura

Observadores pusilánimes abandonan Nicaragua

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Con dos camiones y camionetas, agentes de policía se tomaron el edificio y sacaron los equipos de la OEA de la oficina. (Flickr)

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El 24 de abril de 2022, la dictadura nicaragüense invadió las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país. El ataque del dictador Daniel Ortega — otro paso para consolidar su estancia en el poder— demostró la incapacidad de la OEA para preservar la democracia y el estado de derecho.

En noviembre de 2021, Nicaragua anunció su salida irrevocable de la OEA. Su acuerdo de cooperación menciona que la salida de la ONU recién se hace efectiva después de dos años de haber hecho el anuncio. De tal forma, la OEA tendría planificado su cese de operaciones en el país para noviembre de 2023.

Nicaragua sale de la OEA

Después de las elecciones de noviembre de 2021, el ministro de asuntos exteriores, Denis Moncada, dio el anuncio en el que hizo pública la decisión del país de salir de la OEA. El régimen decidió salir de la organización después de la resolución aprobada por la Asamblea General 51 de la OEA, que denunciaba el irregular proceso electoral de Nicaragua.

La resolución decía: “Las elecciones del 7 de noviembre no fueron libres, ni transparentes, ni justas. El proceso electoral no tiene legitimidad democrática”. También mencionaba que “el régimen ha socavado las instituciones democráticas”. La OEA, sin embargo, no tomó ninguna acción al respecto.

El 23 de marzo, en un inesperado giro de eventos, el embajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields — nombrado por el régimen— se rebeló contra la dictadura. Desde Washington, D.C., condenó el cierre arbitrario de 137 oenegés en meses previos y la represión a sus ciudadanos.

Después de disculparse con más de 170,000 personas que tuvieron que abandonar el país desde 2018, McFields renunció. Aunque esté directamente involucrada, la OEA se quedó con los brazos cruzados.

Un mes después, Moncada reafirmó la salida de Nicaragua de la OEA después de la invasión a las oficinas de la organización. Aunque el edificio era propiedad de las civiles Luz y María Navarrete, quienes lo rentaban a la organización, la policía tomó posesión del edificio.

Con dos camiones y dos camionetas, agentes de policía se tomaron el edificio y movieron los equipos de la OEA fuera de la oficina. Decenas de agentes monitorearon el proceso de desalojo y se quedaron a supervisar el edificio, el cual ahora el régimen reclama como su propiedad.

Por años, la OEA se sentó y no hizo nada para impedir al dictador, Ortega, que se tome el país. Este abuso específico continúa socavando la autoridad de la OEA y muestra que los derechos de propiedad y la democracia son irrelevantes para el régimen nicaragüense.

La dictadura amenaza la comunidad internacional

La comunidad internacional ha demostrado su desaprobación. En un comunicado de prensa, países miembro de la OEA declararon que esta invasión es ilegítima y una violación al derecho internacional. La declaración menciona que la salida de Nicaragua solo podría hacerse efectiva a finales de 2023 y el artículo 33 del acuerdo de cooperación garantiza inmunidad para la OEA dentro de países miembro.

En el mismo sentido, la portavoz de la Unión Europea, Nabila Massrali, condenó la invasión de las oficinas de la OEA. Ella dijo que “se están violando normas de la Convención de VIena de 1961”.

El exabrupto de Nicaragua contra la OEA envía señales amenazantes hacia el exterior. Al puro estilo cubano, el régimen sandinista está quebrando a la comunidad internacional y está estableciendo una maquinaria represiva.

Ya que Ortega aseguró su continuidad con las elecciones fraudulentas de 2021, la dictadura ha avanzado en el control de educación, clérigos y oenegés. Estos abusos nacen desde el dominio de Ortega sobre el poder legislativo, que lo ha apoyado al aprobar leyes represivas.

En mayo de 2022, alegando violaciones de estas leyes, la dictadura cerró 50 observadores locales e internacionales de democracia y derechos humanos. Estas incluyeron la Fundación del Río, la Fundación Humboldt, Oxfam y Popol Na.

Para acumular poder, Ortega no ha dejado espacio libre para medios independientes, ni oposición política, ni sociedad civil. La comunidad internacional es el nuevo objetivo. Ortega está utilizando su aparato criminal para asustar a las organizaciones internacionales y tener reino libre para oprimir a los nicaragüenses.

Elecciones fraudulentas son un punto de inflexión

En noviembre de 2021, Nicaragua celebró unas elecciones presidenciales inusuales y llenas de irregularidades. Durante el proceso electoral, el régimen secuestró y encarceló a líderes opositores. Estos incluyen a Cristiana Chamorro — la opositora con más chances de vencer al régimen—, Félix Maradiaga, Lesther Alemán, José Pallais, Juan Chamorro, José Arregui, Violeta Granera, Arturo Cruz y Hugo Torres.

Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien se candidatizó como vicepresidenta, obtuvieron más del 75% de los votos. Su competidor más cercano obtuvo 14%. En la carrera electoral por el Congreso, el partido de Ortega, el Frente de Liberación Nacional Sandinista, obtuvo 75 curules de 90.

La tasa de absentismo, sin embargo, fue alta. De acuerdo con la organización independiente, Urnas Abiertas, alrededor de 80% de los votantes no participaron. Sin sorpresa alguna, el Consejo Electoral, controlado por la dictadura, presentó datos muy diferentes. Como es usual en regímenes socialistas y totalitarios en la región, se manipularon los números para que muestren una participación electoral de 65%.

Ortega está siguiendo el guion aplicado en Cuba y Venezuela para apropiarse de estos países. Tácticas como silenciar oponentes y manipular datos para mantener una fachada de democracia son comunes en los líderes socialistas de la región.

El régimen ahora tiene poder irrestricto en el ejecutivo, legislativo y judicial, y control absoluto en los medios. El más reciente paso de Ortega para establecer una dictadura a largo plazo es deshacerse de los observadores internacionales prominentes.

La invasión a las oficinas de la OEA muestra destellos de incertidumbre para cualquier organización internacional activa en Nicaragua. Aquellas que busquen restaurar la democracia pensarán dos veces antes de aparecerse en Nicaragua. Este último evento ha dejado claro que la comunidad internacional carece de coraje para limitar a un dictador que moverá las piezas en su tablero de ajedrez para oprimir a su gente.

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