Los criminales detrás de los bloqueos que paralizaron a Ecuador

Incautaciones récord de drogas coinciden con el surgimiento de sofisticadas guerrillas urbanas

Riots-Ecuador

Líderes comunitarios como Iza promovieron un ambiente polarizado para conseguir victorias políticas. (Wikimedia)

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En junio de 2022, Ecuador vivió 18 días de un paro nacional marcado por caos y violencia. Actores antidemocráticos afines a movimientos ideológicos de extrema izquierda y organizaciones del crimen organizado entrelazaron sus esfuerzos para confrontar a la fuerza pública, con el fin de trastornar el Estado de derecho y socavar las instituciones democráticas del país.

Uno de estos actores es Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien ha hecho público su ambición de llegar al poder incluso tomándolo por la fuerza. Así mismo, existe evidencia de la intervención de guerrillas urbanas en formación en los disturbios del paro.

El Impunity Observer ha indagado sobre las estructuras que confrontaron a las fuerzas del orden y sus estrategias de desestabilización política. Puesto que varias de estas organizaciones operan al margen de la ley y en las sombras, este estudio se basa en la recopilación de investigaciones periodísticas e indagación de vínculos entre los distintos actores.

Un vistazo al paro y sus estragos

Apalancándose en una lista de diez exigencias, el movimiento indígena ecuatoriano comenzó un paro nacional el 13 de junio. Las demandas —que iban desde reducir el precio de los combustibles, hasta la condonación de deudas en entidades bancarias y los controles de precios— resultaban inviables. Algunas no estaban dentro de la autoridad del Presidente y otras, si se implementarían, implicaría efectos socioeconómicos negativos.

Sin embargo, estas fueron utilizadas como la plataforma para que dirigentes sociales con ambiciones políticas, como el mismo Leonidas Iza, crearan un ambiente de polarización con el fin de conseguir réditos políticos.

El paro nacional no solo causó pérdidas económicas por $1.000 millones según estimaciones del ministerio de producción, sino que se saldó con la vida de 6 personas y más de 500 heridos entre manifestantes, policías y militares. Los estragos fueron peores que los de octubre de 2019, cuando una agitación social similar paralizó la economía del país y sitió las ciudades.

En el último paro, los eventos de violencia causaron estupor por el nivel de coordinación. Los ataques incluyeron asaltos a convoy militares en Caspigasí y Shushufindi y la destrucción de dependencias policiales en Calderón y Puyo. Los departamentos de Inteligencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas registraron alrededor de 5.000 disturbios en todo el país. También identificaron que los integrantes de la primera línea de choque contra la fuerza pública estarían integrados por la guardia indígena y los ejércitos amazónicos. Estas son organizaciones vigilantes privadas que han recibido formación militar.

Esta información sobre la brutalidad de las movilizaciones y su envergadura han alimentado la hipótesis de que el crimen organizado y las guerrillas urbanas contribuyeron al desorden social. Además, muchas voces dentro del oficialismo —incluyendo al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso— han acusado al narcotráfico de financiar el paro.

Guerrillas emergentes

Desde el paro nacional de octubre de 2019, el Ecuador pudo evidenciar actos de violencia que distan mucho de cualquier protesta catalogada como pacífica. Estos incluyen el secuestro a periodistas, el asalto a la Contraloría General del Estado, y la primera aparición de bandas armadas con tácticas subversivas.

En el paro nacional de junio de 2022, la existencia de grupos irregulares con una estructura operativa fue más evidente. Uno de ellos es el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL). Un mes antes de las manifestaciones, la Policía realizó un operativo en contra del MGTL por presunta delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento irregular para integrar grupos guerrilleros. Estos habrían tenido el apoyo de grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como la Segunda Marquetalia. En el operativo, ocho personas fueron detenidas y se decomisaron armas de fuego.

Informes de inteligencia policial han catalogado a estos grupos como guerrillas urbanas. Además, de acuerdo con el profesor de ciencia política de FLACSO Ecuador, Santiago Basabe, ellos operan con directrices nacionales e internacionales.

El ex jefe de Inteligencia Militar Mario Pazmiño ha indicado que hay indicios de reactivación de la organización afín a Sendero Luminoso, Puka Inti o Sol Rojo. Este grupo que había sido desarticulado por la inteligencia militar ecuatoriana entre 1992 y 1994 y ahora reaparece con la denominación de “Grupo Mariateguista”.

Con respecto a Puka Inti, Pazmiño menciona: “En la actualidad está tomando un repunte. Era la facción nacional que apoyaba directamente a Sendero Luminoso. Este tipo de estructura está ligada directamente al movimiento indígena, más que todo por el tipo de estrategias que utilizan, especialmente con la formación del ejército indígena y que implica la toma y acciones más violentas contra la fuerza pública y el Estado”.

La cruenta experiencia del Perú en la década de los años 90 con Sendero Luminoso brinda una perspectiva de lo que se podría estar forjando en el Ecuador. Una característica común entre las guerrillas urbanas emergentes es su deseo de infiltrar doctrinas ideológicas que motivan actos de violencia en la esfera pública.

Estrategias de combate

Para conocer más de la presencia de guerrillas urbanas en Ecuador, el Impunity Observer entrevistó a Leonardo Gómez Ponce, periodista de investigación y fundador del medio digital Tierra de Nadie. Durante la cobertura de los dos paros nacionales, Gómez identificó que varios grupos que confrontaban a la fuerza pública contaban con estructura, formación y entrenamiento de carácter militar. Para él, la coordinación de estos distaba mucho de ser espontánea.

“Guardias indígenas armadas han participado en los dos paros y es evidente que hubo algún tipo de entrenamiento militar para estos grupos, posiblemente provenientes de contactos con el movimiento mariateguista”, indicó Gómez. También mencionó que, para Iza y los demás estrategas detrás de los disturbios de 2019 y 2022, los paros han resultado un éxito por haber paralizado un país e impedido la actividad económica capitalista mediante los bloqueos.

En la misma línea, Pazmiño ha identificado al menos cinco diferentes estrategias de carácter militar utilizadas en el paro de junio de 2022:

  • Black Bloc: esta táctica —asociada principalmente a grupos autodenominados anarquistas o guerrillas urbanas— consiste en el enfrentamiento directo con la fuerza pública para motivar una escalada de violencia, destrucción de propiedad pública y privada y actos de vandalismo.
  • Guerra molecular disipada: esta táctica consiste en instalar los disturbios en diferentes perímetros con el fin de obligar a la fuerza pública a separarse y descoordinarse, lo que la hace más vulnerable ante emboscadas violentas por parte de los combatientes.
  • Estrategia Mariateguista: esta táctica conlleva una planificación para aislar a las ciudades mediante cortes viales, amedrentamientos y saqueos. Esto, con el fin de causar pánico entre la sociedad y forzar un quiebre.
  • Zonas de paz y corredores humanitarios: esta es una táctica que conlleva negociación con las autoridades y busca emular al accionar utilizado en conflictos armados, habilitando espacios de protección y vías de evacuación para civiles atrapados entre las fuerzas de choque. De esta forma se instauran trincheras para los combatientes y un control exhaustivo del tránsito vial.
  • Estrategia wiphala: esta estrategia consiste en la manipulación y cooptación del movimiento indígena mediante la promesa de forzar al poder gubernamental a acoplar una agenda concreta. El propósito es quebrar el orden democrático y alcanzar cuotas de poder.

Un gobierno que incomoda al narco

La administración de Lasso ha vinculado la financiación del paro con los actores del narcotráfico que operan en el país. Según declaraciones oficiales, el incremento del control antidrogas en el último año ha complicado seriamente las operaciones de las bandas criminales, causándoles graves pérdidas económicas.

De acuerdo con Lasso, en su primer año de Gobierno se incautaron 300 toneladas de droga. En contraste, el promedio en la última década ha sido entre 50 y 60 toneladas por año.

Así mismo, Lasso aseguró, en una entrevista con la cadena Infobae, que la protesta violenta se organizó con la finalidad de derrocar a su gobierno. Para este propósito, se habría formado una alianza entre líderes políticos emergentes y el correísmo, donde el narcotráfico se sumó como un tercer actor para financiar con cerca de $15 millones. En una posterior entrevista para Univision, el Presidente ecuatoriano aumentó la cifra a $20 millones y dijo tener pruebas que lo avalan. Sin embargo, estas aún no se han demostrado.

Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), aseguró que el narcotráfico y el crimen organizado tuvieron participación en el paro nacional. “El narcotráfico y el crimen organizado están involucrados aquí. Hay que unir todo, no existe nada aislado. Esta es una confabulación donde hay dinero del narcotráfico y del crimen organizado en contra de la República”, dijo Cobo.

Mediante un comunicado, la Conaie rechazó las declaraciones emitidas por Lasso, tildándolas de absurdas y acusándolo de querer estigmatizar la lucha social. También lo criticó por contar con una limitada visión para entender las formas organizativas de los pueblos indígenas.

Para Gómez, las declaraciones del presidente resultan aventureras, ya que este no ha presentado hasta el momento pruebas fehacientes del supuesto financiamiento. Dejarlo simplemente en acusaciones es un asunto sumamente grave e irresponsable que abre el camino a especulaciones de todo tipo.

Lo que sí es claro para Gómez es que las estructuras del crimen organizado, incluido el narcotráfico, aprovechan la conmoción social para incrementar sus operaciones. De hecho, en los 18 días que duró el paro, los agentes policiales incautaron alrededor de nueve toneladas de droga, de acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas.

Ecuador se ha consolidado en los últimos años como uno de los países clave en las rutas de la droga a nivel mundial. El país pasó de ser un destino de tránsito a convertirse en un centro de distribución, exportación y en menor medida de producción. Esto coincide con los crecientes índices de violencia en el país andino, donde la tasa de homicidios alcanzó las 14 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2021, el doble que en el año 2018.

Las múltiples bandas criminales vinculadas a los cárteles internacionales del narcotráfico han sembrado el terror a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano. Las matanzas carcelarias —que llevan más de 400 víctimas entre 2020 y 2022— son una de las manifestaciones más evidentes de esta problemática.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga (Unodc), Ecuador es el tercer país del mundo —solo detrás de Colombia y Estados Unidos— donde más cocaína ha sido incautada. El informe revela que en 2020, el 6,5% de la incautación total fue decomisada en territorio ecuatoriano. Guayaquil —la ciudad más grande del país— es uno de los puertos de toda la región desde donde más droga se exporta al exterior.

Llegando a un punto de no retorno

Lo que se vivió en las calles los 18 días de paro nacional no fue más que la puesta en escena de lo que ya se advirtió previamente por parte de sus gestores. En el libro Estallido —escrito por Iza y otros dos activistas del comunismo indoamericano—, Iza manifiesta: “…Marx advertía que ‘no se puede pinchar con alfileres lo que se debe demoler a mazazos’…La luz al final del túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable: comunismo indoamericano o barbarie”.

Estos actores no creen en la institucionalidad de la democracia liberal y la alternancia pacífica del poder, sino en la abolición de la misma mediante una ofensiva revolucionaria, donde la violencia está justificada para consagrar esos fines.

Así mismo, Iza expone: “En la perspectiva marxista, la violencia es parte de la naturaleza humana… En otras palabras, no es una opción, sino el resultado de una situación insoportable acumulada, y adquiere carácter político, porque es una increpación al orden socialmente imperante”.

El gobierno ecuatoriano parece estar al borde de un precipicio al confrontar a una serie de guerrillas urbanas en formación, narcotraficantes y otras estructuras criminales. Los líderes de extrema izquierda han demostrado, con sus declaraciones y acciones, que está en marcha su agenda política desestabilizadora y antidemocrática en el Ecuador.

Andrés Sebastián Díaz Ponce

Andrés Sebastián holds a bachelor’s degree in political science and international relations from the University of the Americas, Ecuador. He founded Libertario, a Spanish-speaking community that promotes the ideas of liberty in Latin America, and he collaborates with the Ecuadorian liberal think tank Libre Razón. Follow @asdp250.

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