No contentos con manejar todos los poderes del Estado en Nicaragua, los dictadores sandinistas —la pareja presidencial Ortega-Murillo— planean también dominar las instituciones informales del país: asociaciones privadas, fundaciones benéficas, partidos políticos, universidades, prensa e iglesias. El plan fue brevemente interrumpido por una masiva pero pacífica protesta popular en 2018. Los sandinistas aplastaron las protestas con fuerza brutal, matando más de 300 ciudadanos y acelerando su plan para la dominación total de la sociedad nicaragüense.
Desde 2018, la pareja gobernante ha neutralizado agresiva y sistemáticamente a líderes reales y notables, quienes serían candidatos políticos, líderes estudiantiles y campesinos, académicos disidentes, emprendedores y periodistas. La pareja ha puesto un bozal a las asociaciones privadas, ha acorralado con una legislación controladora a todas las actividades benéficas, ha inhabilitado a partidos políticos de oposición y ha atacado o perseguido fuera del país a los últimos periodistas independientes. Cientos de estos ciudadanos fueron secuestrados, torturados y encarcelados a causa de cargos inventados de traición o de corrupción. En la Nicaragua sandinista del clan Ortega-Murillo, perseguir a periodistas está amparado bajo la ley. El régimen ha eliminado casi todos los espacios independientes para la expresión política.
Antes de las elecciones nacionales de noviembre de 2021, las cuales ellos robaron, la pareja gobernante secuestró a 46 ciudadanos prominentes, acusándolos bajo nuevas leyes que criminalizan las críticas al régimen. En diciembre de 2021, expulsaron a la misión taiwanesa y declararon su lealtad a Beijing. Luego, en febrero de 2022, los juicios espectáculo armaron la persecución de quienes serían oponentes y los ya confirmados. Así, el régimen cimentó la culpabilidad predeterminada de aquellos acusados falsamente justo antes de las elecciones. Al menos uno de ellos murió en la prisión sandinista: El Chipote en Managua.
Habiendo aplastado y silenciado a todos los civiles disidentes, la Iglesia católica romana es ahora el principal objetivo del ataque. Durante la brutal ola represiva en reacción a las protestas de 2018, los lobos sandinistas se enfrentaron a la valiente resistencia de los clérigos defendiendo a su rebaño de forma pacífica. Los sandinistas han identificado acertadamente a la Iglesia católica y su irritable estructura social independiente como su principal obstáculo.
El régimen cerró una docena de universidades privadas, declarándolas ilegales, y forzó a algunas a fusionarse en tres universidades controladas por el Estado entre diciembre de 2021 y abril del año siguiente. Algunas de estas eran instituciones católicas. En marzo de 2022, el régimen expulsó al diplomático mayor del Vaticano, Nuncio Waldermar Sommertag. En mayo, el gobierno clausuró el canal televisivo TV Católica, dirigido por el monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa (Matagalpa, coincidentemente, es la cuna de las guerrillas sandinistas). En julio, la pareja Ortega-Murillo expulsó a la orden de monjas fundada por Madre Teresa de Calcuta, Misioneras de Caridad. Las autoridades abandonaron a 18 monjas en la frontera con Costa Rica, forzándolas a salir de Nicaragua a pie. El régimen ha revocado el estatus legal a más de 200 fundaciones benéficas en los últimos 12 meses y ha promovido más de 190 profanaciones y ataques a templos desde 2018. Más recientemente, en agosto de 2022, la pareja, Ortega-Murillo, ordenó la clausura de siete estaciones de radio, la detención de varios sacerdotes y prohibió algunas procesiones y festividades religiosas.
A inicios de agosto, el obispo Álvarez fue puesto en arresto domiciliario en la residencia diocesana de Matagalpa. La policía antimotines armada rodeó la residencia, monitoreada por drones aéreos. Álvarez es falsamente acusado de “usar redes sociales” para supuestamente “organizar grupos violentos, incitándolos a cometer actos de odio contra la población, creando una atmósfera de ansiedad y desorden y alterar la paz y armonía de la comunidad”, todo con el propósito de “desestabilizar el Estado … y atacar a las autoridades constitucionales”. Al momento de escribir el artículo, las fuerzas del Gobierno habían secuestrado a Álvarez después de allanar su residencia al amanecer. Su paradero es desconocido.
Aunque la pareja, Ortega-Murillo, llame ahora a los clérigos católicos “diablos con sotana” y los acuse de “terroristas”, un número importante de clérigos se convirtió en miembros militantes de la violenta banda guerrillera a finales de los años 70 y 80, desafiando la autoridad del Papa Juan Pablo II. Miguel D’Escoto fue ministro de asuntos exteriores y embajador ante las Naciones Unidas; Ernesto Cardenal fue ministro de cultura; y Fernando Cardenal fue ministro de educación. Su teología de la liberación se convirtió en una herramienta útil para los revolucionarios. Con el tiempo se distanciaron del régimen —demasiado tarde, en mi opinión— y luego fueron objeto de persecución.
Edgard Parrales, antiguo sacerdote, llegó a ser ministro de bienestar nacional y embajador sandinista en Taipei y ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Recientemente fue condenado por traición con cargos falsos tras criticar la ambición de poder de la pareja gobernante. (Revelación completa: Edgard es primo hermano de mi padre).
Los constantes ataques del sandinismo a los sacerdotes y a la infraestructura social católica forman parte de una estrategia más amplia para instalar una ramificación totalitaria que imite el nuevo modelo de Beijing. La Iglesia católica es la única y última institución que queda en el país fuera de las garras de su control. En consecuencia, los ataques contra esta se han intensificado. La Iglesia católica nicaragüense está en apuros, pero desde el Vaticano se guarda silencio. Los clérigos nicaragüenses son ahora el último obstáculo para el plan de la pareja Ortega-Murillo de controlar totalmente a la sociedad nicaragüense.
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