El 18 de septiembre, la municipalidad de Asunción Mita —una ciudad guatemalteca fronteriza con El Salvador— realizó un referendo sobre el proyecto local de minería Cerro Blanco. El 90% de los votantes se opuso a la consulta, pero el gobierno central declaró que el referendo era ilegal, puesto que había una orden judicial previa que suspendía el proceso. La participación fue del 27% del padrón electoral.
Cerro Blanco, una mina a cielo abierto de oro y plata que opera la compañía canadiense Bluestone Resources, es solo uno de tres grandes proyectos mineros en problemas. Algunos proyectos sufren demoras de hasta cinco años en Guatemala.
Guatemala necesita simplificar las regulaciones, aumentar la seguridad jurídica y acelerar el proceso de entrega de permisos mineros. Además de atraer inversión y crear empleos, las reglas claras pueden fomentar la minería responsable, facilitar la transparencia y reducir los incentivos para acuerdos ilícitos.
1. Reglas claras y jugar limpio
Aunque la Constitución guatemalteca (en los artículos 121 y 142) le otorga al Estado la propiedad de los recursos naturales, la minería está reglamentada por la Ley de Minería (1997) y su Reglamento (2001). La autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas (MEM), pero las compañías mineras también son sujetos a leyes medioambientales y regulaciones emitidas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De hecho, las compañías mineras deben pedir permiso al gobierno para poder operar en Guatemala. Existen diferentes permisos según las etapas del proceso minero: reconocimiento (seis meses), exploración (tres años) y explotación (25 años). Sin embargo, las compañías interesadas primero deben llevar a cabo un estudio de impacto ambiental y obtener una licencia ambiental del MARN.
Obtener permisos y licencias demora mucho tiempo, tiempo que es valiosísimo en este sector de por sí complejo. Bluestone Resources, por ejemplo, solicitó un permiso ambiental en 2021 y se espera que esté disponible para finales de 2022. Después, la compañía deberá solicitar una licencia de construcción y permisos forestales.
La burocracia no es el único desafío al que se enfrenta esta compañía. Bluestone Resources reportó crecientes protestas comunitarias en junio de 2022. En este aspecto, no existen regulaciones oficiales en cuanto a relaciones comunitarias y resolución de conflictos. Las compañías usualmente llegan a acuerdos extraoficiales que benefician a ambas partes.
En 1997, el Congreso guatemalteco ratificó la Convención de Pueblos Indígenas y Tribales (Convención de la Organización Internacional del Trabajo) que otorga a las comunidades indígenas el derecho a consulta previa en proyectos que podrían afectarles. Por esta razón, el MEM tiene el deber de establecer los mecanismos de consulta con las comunidades indígenas. Sin embargo, recién en enero de 2022 los funcionarios públicos anunciaron que habían logrado desarrollar una metodología probada de consulta.
2. Las consultas previas deben ser una prioridad
Guatemala en una jurisdicción poco amigable para la minería debido a su carencia de seguridad jurídica. Desde 2016, los funcionarios guatemaltecos han suspendido algunos proyectos de minería debido a una supuesta falta de consulta con las comunidades indígenas.
Uno de estos proyectos es la mina de oro Tambor, operada por Kappes, Cassiday & Asociados (KCA). La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió el proyecto minero Tambor en 2016 debido a la falta de consulta previa, aún cuando los funcionarios públicos no brindaron a KCA un entorno seguro para los procesos de consulta y construcción.
KCA adquirió los derechos de minería de la empresa guatemalteca Exmingua en 2012. Esta última obtuvo una licencia de 25 años de explotación en 2011, pero miembros comunitarios –alentados por organizaciones sin fines de lucro– bloquearon el acceso a la mina un mes después de comenzar la construcción en 2012.
Las fuerzas del orden guatemaltecas ignoraron por años las órdenes judiciales en contra de manifestantes. También, se ignoró el acuerdo de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, ratificado por Guatemala, que declara que la nación debe proveer un trato justo y apropiado a los inversores extranjeros. Por ello, en 2018, KCA interpuso una acción legal contra el gobierno guatemalteco ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones por un valor de $350 millones. Todavía no hay una resolución final.
Otros proyectos bloqueados son la mina de plata Escobal, operada por Pan American Silver; y la mina de níquel Fenix, propiedad de Solway Group. La CSJ y la Corte de Constitucionalidad decidieron suspender estos proyectos en 2017, a pesar de que las compañías cumplían con todos los requisitos legales y permisos.
En enero de 2022, el Gobierno finalizó la consulta del proyecto Fenix, cuando los habitantes dieron luz verde al proyecto. Ahora los funcionarios están trabajando en el proceso de consulta para la mina Escobal.
A este respecto, el MEM dijo: “Ahora tenemos una metodología probada que funciona efectivamente y que aplicaremos en todos los procesos que están en curso. El proceso en Fenix nos mostró que es posible organizar a todas las partes involucradas y, en unos pocos meses, llegar a un consenso más allá de los diálogos”.
3. La minería puede beneficiar a los guatemaltecos
Aunque la minería actualmente representa el 0,7% del PIB guatemalteco, esta cifra podría ascender a más de 5%, según estimaciones oficiales. Guatemala es un país rico en minerales no metálicos como mármol, cuarzo y jade, pero también cuenta con reservas de oro, plata, cobre, zinc y otros metales.
Históricamente, Guatemala ha producido materiales para construcción, pero los metales han adquirido mayor importancia desde 2005. A pesar de que Guatemala es una de las jurisdicciones menos amigables para la minería en todo el mundo, los metales ahora representan el 90% de los ingresos mineros del país.
Debido a que la mayoría de la producción de metales es de exportación, los ingresos de Guatemala por exportaciones podrían aumentar si el sector minero fuera más dinámico. Asimismo, empresas extranjeras de minería podrían hacer inversiones significativas en el país y crear, así, más empleos mejor pagados en todo el país, especialmente en las comunidades locales donde tienen sus operaciones.
En Perú, por ejemplo, la minería beneficia directa e indirectamente a más de cuatro millones de personas. Según el Instituto de Ingenieros Mineros de Perú, la industria minera ayudó a reducir la pobreza en un 30% desde 2004 a 2018. En Guatemala, donde la tasa de la pobreza ronda el 60%, la minería podría ciertamente aliviar dicho problema y fomentar el crecimiento económico.
La falta de procesos de consulta apropiados ha sido la principal excusa para suspender proyectos mineros, y es por esa razón que el MEM tiene que dar prioridad a las consultas previas serias.
Sin embargo, para mitigar efectivamente el riesgo de confrontación con las comunidades, la ley guatemalteca y los activistas deben considerar a las comunidades como beneficiarias y partes interesadas en lugar de víctimas. Una forma de hacerlo sería crear zonas económicas especiales para minería basadas en soberanía local con menos procesos burocráticos.
Finalmente, si Guatemala quiere asegurar la inversión y el crecimiento del sector minero, también debe establecer reglas claras y procesos eficientes y avanzados. La legislación deberá contemplar un esquema simple para generar licencias y permisos, y llegar a establecer roles específicos para municipalidades y partes interesadas.
Join us in our mission to foster positive relations between the United States and Latin America through independent journalism.
As we improve our quality and deepen our coverage, we wish to make the Impunity Observer financially sustainable and reader-oriented. In return, we ask that you show your support in the form of subscriptions.
Non-subscribers can read up to six articles per month. Subscribe here.