A medida que los meses avanzan, parece que la pandemia ha fallado en ser aquella lección que muchos esperaban alineara las prioridades adecuadamente. Guatemala, un país en desarrollo con una desesperada necesidad de crecimiento económico, está tomando la dirección opuesta. En lugar de fortalecer el imperio de la ley para impulsar el desarrollo, se mantiene en parálisis legal y político.
Las autoridades guatemaltecas tienen las herramientas para recuperar el rumbo de la economía, pero más de una vez han decidido no hacerlo. El último ejemplo ocurrió el 3 de septiembre, cuando el Congreso suspendió la votación de un proyecto de ley importante para cambiar la legislación de zonas francas (ZF), una reforma que se ha postergado desde 2017.
El sector privado ha estado exhortando al cuerpo legislativo para apresurar la aprobación de la ley, la cual incrementará la inversión extranjera directa y creará hasta 60,000 nuevos empleos.
A contrarreloj
El proteccionismo saltó a la palestra en 2016, cuando el Congreso revisó la ley original de 1989 y restringió el tipo de industrias que las zonas francas pueden albergar. Como resultado, el país pasó de tener 18 ZF a 10. Algunas compañías se mudaron a los países vecinos de Honduras y Nicaragua.
La reforma pendiente rehabilitará las 11 industrias prohibidas e impulsará el emprendimiento, que se requiere de manera urgente para la economía guatemalteca post-COVID.
María Camila Moreno, directora ejecutiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), denominó a estos regímenes tributarios especiales “motores permanentes” de la economía. Seis meses después de que la pandemia golpeara a la región, Moreno explica que han jugado un rol importante en mantener el comercio a flote.
Actualmente, hay una lista de espera de 41 empresas buscando establecerse en estas zonas guatemaltecas que ostentan ventajas fiscales. Las industrias en las que operan oscilan entre electrónica, alimentos, farmacéutica, plásticos, pintura industrial, vehículos, cuero, cosméticos. hierro, juguetes y cerámica.
Estas y otras compañías potenciales serían una contribución valiosa para el comercio regional. Considerando cómo la pandemia ha perturbado las cadenas globales de valor, hay una demanda insatisfecha por buenos proveedores cercanos. El régimen tributario especial permite que las firmas ubicadas en las zonas francas compitan con productores baratos de países asiáticos.
Cómo las ZF pueden impulsar la economía de Guatemala
En Guatemala, las empresas localizadas en zonas francas están exentas de impuestos corporativos por 10 años y de algunos impuestos de importación.
Las ZF contribuyen al empleo, la inversión y el crecimiento de las exportaciones, atrayendo los tan necesitados dólares a la economía. El aumento del comercio también acarrea efectos positivos ya conocidos como mejoras de calidad e innovación, puesto que obliga a las compañías locales en otras partes del país a competir.
En estas zonas, las firmas pueden almacenar sus bienes en ubicaciones estratégicas cerca de puertos y no pagan tarifas ni impuestos de importación adicionales. También gozan de infraestructura logística y tecnología, necesarias para alcanzar mercados internacionales con facilidad.
Uruguay es un ejemplo claro de lo que las ZF pueden lograr en América Latina. De acuerdo con AZFA, hay 1.047 compañías establecidas en las 11 zonas francas de este pequeño país.
De 2010 a 2019, las exportaciones uruguayas de bienes crecieron de $7,68 mil millones a $9,12 mil millones. El año pasado, las exportaciones de las ZF representaron el 31% de las exportaciones nacionales y la inversión en estas áreas llegó al 3% del total de inversión anual en Uruguay. Además, el sueldo promedio en las ZF uruguayas ha aumentado a más del doble en la última década y es más alto que en el resto de la economía.
Hasta 2015, Guatemala también gozó de beneficios similares por sus 18 ZF. Pero luego, en 2016, el gobierno decidió emitir la Ley de Protección Laboral con aires orwellianos, que ocasionó el cierre de más de 100 compañías y la pérdida de 5.000 empleos. En 2016, las exportaciones guatemaltecas cayeron en 4,2%.
Justicia: el talón de Aquiles de Guatemala
El Índice de Libertad Económica en el Mundo, dirigido por el think tank canadiense Fraser Institute, sugiere que las zonas francas pueden de hecho ayudar a Guatemala, pero no son su punto más débil ante la inversión extranjera.
De 2015 a 2018, Guatemala bajó 10 puestos en el ranking. El último índice, publicado el 10 de septiembre, ubica al sistema legal del país en el lugar 94 entre 162 jurisdicciones. Los puntajes más bajos de Guatemala son en cortes imparciales (3,31 sobre 10), cumplimiento de contratos (3,39), independencia de la Justicia (4,08) e integridad del sistema legal (4,72).
En contraste, Uruguay se ubica en el puesto 60 en sistema legal y derechos de propiedad. Sus cortes son más independientes, imparciales y resilientes a la presión política. Pese a que la economía uruguaya es en general menos libre que la guatemalteca, debido a mayor alcance gubernamental y regulaciones más costosas, las ZF de Uruguay han florecido porque los inversores locales y extranjeros saben que sus negocios están seguros allí.
En Guatemala, sin embargo, sucede lo contrario. El imperio de la ley se ha deteriorado en los últimos años. Por ejemplo, el país enfrenta cuatro demandas internacionales por inversores extranjeros que no encontraron amparo en las cortes locales. El último caso prominente es ilustrativo: una compañía estadounidense está demandando a Guatemala por $350 millones en compensación por no ser capaz de ejecutar sus proyectos mineros, debido a la oposición de la comunidad local forzada por grupos criminales y apoyada por varias ONG. La Policía y las cortes ignoró las peticiones que la firma emitió por años para cumplir los contratos.
Incluso la corte más alta del territorio, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, está operando ilegalmente en un intento de mantener a los socialistas en el banquillo e imponer a sus aliados en cargos claves de las otras funciones del Estado. Esto se ha convertido en una completa crisis constitucional y un asalto directo a la separación de poderes.
Los magistrados de la CC han ignorado la ley, por ejemplo, al negar la transparencia en las ONG y la imparcialidad en sus propios fallos. Esto naturalmente se ha filtrado a las cortes más bajas, creando inseguridad jurídica. La señal enviada a los observadores internacionales es que las cortes guatemaltecas, en lugar de garantizar, son la amenaza más grave al desarrollo.
El establecimiento del imperio de la ley en Guatemala iría de la mano con el estímulo a las ZF y a la empresarialidad en general. Las oportunidades económicas se desperdiciarán sin un sistema legal que asegure sus frutos.
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